¿Traición a la patria?

Soy orgullosamente colombiano y hace casi seis décadas juré ante la bandera defender a mi patria, al igual que lo hacen todos los miembros de la fuerza pública. Hoy siento que se me arruga el corazón frente a las agresiones de que es objeto Colombia, especialmente en el vecindario que lamentablemente nos correspondió, pues países como Nicaragua llevan más de 30 años atacando nuestra soberanía territorial y posiblemente con complicidad en cortes internacionales ha tenido logros aparentes que atentan contra nuestra soberanía. Colombia no puede ceder ni un centímetro cuadrado de su territorio; este es sagrado.

El autócrata Daniel Ortega actualmente está por quinta oportunidad a la cabeza del Gobierno de Nicaragua, en una elección que ha sido muy cuestionada por la comunidad internacional y frecuentemente criticado por la violación a los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Siendo integrante de la guerrilla Sandinista que derrocó al gobierno de Somoza en 1979, Ortega fue seleccionado por el FSLN para ser la cabeza de la Junta de Reconstrucción Nacional como un gobierno transitorio y ya completa tres décadas en el poder.

Ortega decidió desconocer unilateralmente el Tratado Esguerra Bárcenas de 1928, publicando el famoso Libro Blanco donde declaraba que las islas del archipiélago de San Andrés y Providencia eran nicaragüenses, no solo como sofisma de distracción ante los graves problemas internos de Nicaragua, tratando de lograr una reacción nacionalista generalizada, sino como una acción digna del sistema dictatorial que representa queriendo apoderarse de territorios vecinos al mejor estilo Hitleriano, contando con la suerte de que el Gobierno de Colombia no enfrentara con firmeza en ese momento el ataque a nuestra soberanía.

Nicaragua se ha caracterizado por elevar numerosas demandas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra los países vecinos tratando de lograr ampliar su espacio territorial y, por causas aún desconocidas, esta Corte que ha sido establecida, entre, otras para proponer solución a controversias jurídicas entre estados, donde debe reinar la justicia y, por consiguiente, la imparcialidad. Parece que se ha levantado una punta de su venda para proponer fallos en contra de Colombia sin haber considerado la totalidad de la información disponible que permita tomar decisiones en derecho y no por posibles influencias políticas, como el fallo de 2012 donde aparece generando nueva doctrina geográfica-oceanográfica manoseando la geopolítica, para favorecer los intereses de Nicaragua y afectar la soberanía de otros estados aledaños.

El ciudadano colombiano Juan Roberto Serrano Ochoa ha analizado con profundidad el tema de la última demanda de Nicaragua contra nuestro país, donde intentan apoderarse, con visos de legalidad, el espacio marítimo localizado entre la costa caribe colombiana y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el caso que la CIJ señala como “cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas marinas, desde la costa de Nicaragua”. Este estudioso historiador presentó a la Cancillería colombiana un análisis donde aporta nuevas evidencias de incalculable valor histórico que debieron ser presentadas ante la CIJ para revisión antes de que finalizara el plazo legal para ello.

De la misma forma, el abogado Jorge Luis Horta Orozco envió un Derecho de Petición al presidente de la República solicitando se tuvieran en cuenta las recomendaciones del historiador Serrano Ochoa para salvaguardar los intereses soberanos de Colombia, basados en los derechos inalienables que posee Colombia en esa región. Parece que el citado abogado aún no recibe ninguna respuesta al debido tramite de su solicitud.

En adición a la información y valor de nuestros derechos que aportan los nuevos documentos presentados por el historiador Serrano Ochoa, vale la pena traer a colación la teoría de mar presencial que ha expuesto el almirante chileno Jorge Martínez Busch, donde por la protección y custodia permanente de las aguas, que desea apropiarse Nicaragua, le otorga unos derechos exclusivos e intransferibles al estado colombiano, ya que la Armada Nacional de Colombia ha ejercido a través del tiempo ininterrumpidamente la autoridad total en estos espacios marítimos en representación legal de nuestro Gobierno.

Hasta el momento, no se conoce si la Cancillería colombiana ha efectuado el requerimiento de ‘revisión’ que considera la CIJ para proteger los intereses nacionales. Es probable que esta institución de las Naciones Unidas se pronuncie en muy pocos días sobre esta demanda de Nicaragua y en caso de que haya un detrimento en nuestra soberanía territorial, la responsabilidad recae sobre quienes no tomaron en su debido momento las decisiones para proteger la herencia para nuestras futuras generaciones y, por tanto, serán objeto de un juicio dentro de los parámetros que establece el Código Penal colombiano, pues deben ser juzgados por traición a la patria...

El artículo 455 del Código Penal colombiano es perfectamente claro al establecer la pena a que se hace acreedor quien realice actos que atenten contra la integridad del territorio nacional, lo cual sin lugar a duda puede ser por acción u omisión y dice: “El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano, o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuarenta (540) meses)”

Colombia, como un solo hombre, debe permanecer unida para defender nuestra soberanía y nuestro territorio. No podemos permitir que intereses ruines y decisiones jurídicas fuera del derecho afecten a nuestro país.