Tribulaciones del centro político

El centro político, una franja amplia y en proceso de consolidación, no la tiene fácil. Como es consciente de los enormes logros que Colombia registraba en diversos campos antes del golpe demoledor de la pandemia, entre ellos la reducción de la pobreza y otros indicadores de desarrollo humano, y tiene claro, además, que las instituciones políticas, sin ser perfectas, son perfectibles, no puede colocarse en la posición radical de borrón y cuenta nueva. Del lado opuesto, fiel a su ideario reformista, tiene que criticar ciertas actuaciones recientes que merecen reproche. Guardar silencio tiene el efecto de mejorar las posibilidades a las candidaturas antisistema.

A fines de año fue divulgado el decreto mediante el cual se crean 1.208 cargos nuevos en la Procuraduría. Aunque se había desmentido esa posibilidad meses atrás, bastó que las fiestas navideñas redujeran la atención ciudadana para que el decreto saliera. De entrada, la opacidad del momento elegido, y la inminencia de las elecciones de Congreso y presidente, da lugar a sospechas de clientelismo que se acrecientan por la cercanía de la actual procuradora con el Gobierno: viene de ser ministra de Justicia y fue elegida gracias al respaldo de la coalición gobernante.

La Procuraduría ha expuesto varios argumentos para justificar la ampliación de la nómina. El primero, “que hay por lo menos unos 70.000 procesos activos, de los cuales estarían en peligro de prescripción más de 12.000″. Sin embargo, cabe preguntar por el motivo de esa acumulación; si fuese porque la productividad de los funcionarios responsables es baja, en vez de resolver un problema, se ha creado otro nuevo. ¿Por qué mejor no desvinculan a quienes no son eficientes?

El segundo factor que se aduce para la creación de esas plazas consiste en el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Justicia, mediante la cual se ha ordenado que la destitución de funcionarios de elección popular requiera un proceso judicial de doble instancia. Sin embargo, ese organismo ha señalado que la gigantesca adición burocrática en la Procuraduría no es el camino adecuado. En aras de la discusión, supongamos, que lo es. En tal caso, bien podría haberse considerado la posibilidad de reducir o eliminar cargos en algunas de las muchas áreas inútiles de ese organismo. Doy dos ejemplos: (i) dice la Constitución que corresponde al procurador “defender los intereses de la sociedad”. Esto es sencillamente un disparate; ninguna de las constituciones que conozco dice nada que se le parezca por una razón poderosa: todos los servidores estatales están afectos al cumplimiento de ese deber primordial. ¿Cuántos funcionarios se requieren para atender esa tarea? (ii) Para la promoción de los derechos humanos existe la Defensoría del Pueblo; la Procuraduría es, en ese campo, redundante.

Un tercer argumento de la procuradora para defender la avalancha de nuevos cargos produce estupor: se requieren nuevas plazas para atender la política de “primer empleo”. En el fondo se reconoce que estamos ampliando la burocracia estatal sin necesidad. Sin embargo, existen opciones más eficientes para esa extraña política: pagarles a unos trabajadores para que caven fosos que otros, de inmediato, taparán. Además, si el argumento fuese válido, los cargos destinados a ese objetivo serían transitorios mientras nos recuperamos de la pandemia. Lamentablemente, fueron definitivos.

Al finalizar el año, varios comentaristas pusimos de presente que el salario mínimo decretado para este 2022, cuyo valor excede los parámetros de la inflación transcurrida y las ganancias en productividad, será un coadyuvante de la inflación, que ya es elevada. La réplica a estas observaciones de un conspicuo dirigente gremial es atractiva: se trató de un acto maravilloso de solidaridad con los pobres. Lo sería, en efecto, si los productores e importadores de bienes de consumo masivo que los sectores populares demandan no transfirieran los nuevos costos a los precios, que es lo que naturalmente harán. No hay tigres vegetarianos.

Para corregir una crisis fiscal gravísima, en 1962 —administración Valencia— se presentó al Congreso una política fiscal estricta que incluía una devaluación monetaria, límites al endeudamiento externo y una plétora de nuevos impuestos. Belisario Betancur, entonces ministro del Trabajo, presentó, al mismo tiempo, una propuesta de incremento del salario mínimo del 40 %, el cual creía necesario para lograr que las reformas fueran aprobadas. Así sucedió y la inflación pasó en breve tiempo del 6,9 % al 32,41 %. Los pobres pagaron -¡mala suerte la suya!- los platos rotos.

Lo que hasta ahora observo es que Petro ha criticado el incremento por mezquino, y que los líderes del centro han asumido una posición tibia: saben cuáles son los daños previsibles, pero no quieren oponerse a una medida muy popular. Cabe preguntar si, a la vuelta de un par de semanas, criticarán, como lo hará el actual líder de las encuestas, las acciones de contención de la inflación dispuestas por el emisor. ¿Qué dirán cuando los sindicatos y ciertos líderes ubicados en ambos extremos del espectro político pidan controles de precios? Convendría que repensaran la estrategia política en esta materia. Ciertos silencios y ambigüedades de hoy pueden ser muy costosos mañana.

Por último, le quedaba fácil al centro asumir una postura de rechazo al hundimiento de la iniciativa de recortar las vacaciones de los congresistas, una medida eficaz para mejorar el decaído prestigio del parlamento. Como fortalecer la democracia representativa es un componente esencial del ideario liberal que el centro defiende, cabía esperar un enérgico rechazo a la lamentable jugadita adoptada por los congresistas: disolver el quórum. Todavía es tiempo.

Briznas poéticas. De Jorge Luis Borges: “Somos los que se van. La numerosa nube que se deshace en el poniente es nuestra imagen. Incesantemente la rosa se convierte en otra rosa. Eres nube, eres mar, eres olvido. Eres también aquello que has perdido”.