Un fallo histórico, pero de impunidad

Apoyé el proceso de paz con las Farc. En una guerra tan infame como la que vivimos los colombianos por décadas, un acuerdo de paz era la única opción viable de acabar con la barbarie. Cuando los muertos se contaban por miles, lucía como la opción más sensata para dejar atrás una Colombia en la que la violencia había llegado al límite de la perversión.

El día en que se logró este acuerdo, el 24 de agosto de 2016, el presidente Santos juró ante los colombianos que giraría en torno a las víctimas y que los miembros de las Farc no quedarían impunes. “…

Las Farc dejan de existir y se convertirán en un movimiento político sin armas… nuestro deber principal para construir la paz es proteger los derechos de las víctimas… ¡No habrá impunidad para los responsables de los delitos más graves! Ellos serán investigados, juzgados y sancionados con varios años de restricción efectiva de su libertad. Además, tendrán que decir la verdad, ¡toda la verdad!, y contribuir a reparar a las víctimas…”, dijo Santos.

¡Qué mentira infame! Nueve años después, esta Justicia Especial para la Paz acaba de proferir la primera sentencia contra los miembros del antiguo Secretariado de las Farc y nada de esto es verdad.

En esta primera sentencia se determinó que Rodrigo Londoño (Timochenko), Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Rodrigo Granda, Jaime Alberto Parra (El Médico), Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y Pablo Catatumbo son responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por el secuestro de 21.396 personas entre 1990 y 2016.

Las Farc convirtieron el secuestro en su medio de financiación y en moneda de cambio entre militares y presos políticos. Fue una de las formas más degradantes de la guerra. En la memoria de los colombianos está, por ejemplo, el caso de Pablo Emilio Moncayo, secuestrado el 21 de diciembre de 1997 en Patascoy (Nariño). Tenía 19 años. Las Farc lo mantuvieron secuestrado por 12 años y 3 meses, en los que fue amarrado por largos periodos a un árbol con una cadena al cuello. Dormía en el piso encadenado. Fue obligado a caminar durante días sin descanso. Su papá, Gustavo Moncayo, se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad, cuando en 2007, 10 años después del secuestro, inició la “Caminata por la Paz”, en la que recorrió a pie más de 1.000 kilómetros entre Sandoná (Nariño) y Bogotá. Finalmente, Pablo Emilio Moncayo fue liberado en 2009. Tenía 31 años.

Pero está también la historia de Libio Martínez, soldado secuestrado por 12 años, que murió en cautiverio, a pesar del clamor de su hijo, que tenía 2 años cuando fue plagiado, por ver a su papá. O al coronel Luis Mendieta, plagiado en 1998 y liberado 11 años y 7 meses después. Su hijo gravemente enfermó rogó cada uno de estos días no morir sin ver a su papá. O Consuelo González, excongresista secuestrada 6 años, o Ingrid Betancourt, plagiada por 6 años y medio, u Óscar Tulio Lizcano, excongresista secuestrado por 8 años.

Pero la gran mayoría de estos 20.000 secuestrados eran gente del común. Tengo grabado en el alma el relato de Cecilia, secuestrada días después de dar a luz. Sin importar las heridas del parto, fue violada en masa por los guerrilleros: “Conté 7, uno detrás del otro, hasta que perdí la conciencia… cuando desperté estaba llena de sangre tirada en el piso”. Días después la violaron 11 guerrilleros más.

Por estos 21.396 secuestros, los exmiembros del Secretariado de las Farc fueron condenados a 8 años de proyectos restaurativos: programas de desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas y construcción comunitaria. Además, el Gobierno debe garantizarles una vivienda en condiciones dignas, alimentación, productos de aseo y vestuario “teniendo en cuenta el clima de las regiones donde estén ubicados”.

Para las víctimas habrá monumentos, pero no indemnizaciones. Esas se piden en la Unidad de Víctimas, pero allá les responden que no hay presupuesto.

¿Dónde está la justicia en todo esto?

No digo que en un proceso de paz no debía cederse. De eso se tratan los acuerdos. Pero en este proceso se cedió todo a favor de los victimarios y se dejó de lado completamente a sus víctimas. Aunque los miembros del antiguo Secretariado han pedido perdón, su actitud dista mucho del real arrepentimiento. En estos ocho años, su actitud ha sido la arrogancia, el reclamo constante de privilegios y lo que es peor, la persecución a quienes hablan de lo que hicieron alegando que los estigmatizan.

Hoy estos responsables de tantas muertes miserables viajan por el mundo, tienen esquemas de seguridad, reciben sueldos millonarios como congresistas y llaman sin sonrojo a sus opositores políticos asesinos y tramposos, como si los asesinos y tramposos no hubieran sido ellos. En contraste, muchas de sus víctimas viven tratando de borrar los fantasmas de la violencia que vivieron y de sobrevivir.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Right Watch, explicó que Colombia tiene la obligación de imponer sanciones por las graves violaciones a los derechos humanos que sean proporcionales a la gravedad de los delitos. “En un contexto de transición del conflicto armado a la paz, el Derecho Internacional Humanitario autoriza otorgar las amnistías más amplias posibles, siempre que no cobijen crímenes internacionales. Si bien el Estatuto de Roma no prescribe un tipo o duración de las sanciones, la fiscalía de la CPI ha señalado que su compatibilidad depende de la implementación efectiva de las restricciones de libertades y derechos…”.

Esta sentencia no dice nada de restricciones de libertades y derechos. Por eso, varias víctimas de las Farc han dicho que pedirán justicia ante instancias internacionales.

El afán de firmar una paz hizo que se les olvidara a todos que esto se trataba de hacerles justicia a las víctimas y no de lavar los pecados de sus victimarios. Esto no es justicia. Esto es burla e impunidad.