Un nuevo y sospechoso terrateniente llamado Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Felipe Harman, director de la ANT, se ha dedicado al autobombo, pregonando, en cuanto medio o portal hay, que “la ANT le pone el acelerador a la reforma agraria”.

Los estados financieros de la Agencia no dicen lo mismo, por lo menos hasta septiembre de 2024. En un periodo de dos años, el incremento del patrimonio, de los “otros activos” y de los inventarios, que son los rubros que acumulan el valor de los predios adquiridos por esa agencia, permite inferir que, por las cifras mostradas, no se han entregado a los posibles beneficiarios.

El patrimonio, que era de 435.344 millones de pesos en diciembre de 2022, ascendió a 1,7 billones en septiembre de 2024, casi cuatro veces más. Este incremento se funda en el aumento de los inventarios y del ítem “otros activos”. Los primeros contienen los predios adquiridos durante 21 meses desde finales de 2022, y que casi se duplicaron, pues pasaron de 438.478 millones de pesos a 750.703, y los segundos se refieren a los predios adquiridos por otras varias fuentes o en trámite de formalizar, que crecieron de 9.220 millones a 1,063 billones de pesos, ¡118 veces! (ver ANT, estados financieros).

De febrero a septiembre de 2024, según las notas contables, se habían adquirido 69 predios registrados en los inventarios, más 39 agregados en los “otros activos”, que, junto con 119 en trámite, sumarían más de 225. En cerca de ocho meses llegan casi tanto como en toda la vigencia de 2023, que fueron 272 (ANT, Excel, febrero de 2024).

El capítulo de acceso a tierras, el de la distribución, no es tan pródigo. La meta para 2024, que era ingresar al Fondo de Tierras 321.000 hectáreas, de los 1,5 millones que se prometió para el cuatrienio de Petro, en septiembre iba en el 9,33 por ciento, y la remisión para su distribución, en el 29,5 por ciento. Y las Zonas de Reserva Campesina, cuyo objetivo era cubrir 774.847 hectáreas, solo se habían concretado en un insignificante 4,2 por ciento, no son una realidad (ANT, rendición de cuentas, septiembre de 2024). Las compras de tierras van en ascensor y la reforma agraria, a gatas por la escalera.

Estos “logros” se atribuyen a Lina Salcedo, quien fue asesora jurídica de Felipe Harman en la Alcaldía de Villavicencio, una de las muchas de su cauda política, contratadas por nómina o por OPS, dentro de los más de 6.000 en total, quienes apenas recibirán a finales de febrero y en marzo sus pagos de diciembre de 2024. El despelote administrativo.

Muestra de la parsimonia en la reforma, contraria a la celeridad para comprar, es el caso de 49 familias que permanecen acampadas en la sede de la ANT en Bogotá desde el 21 de octubre de 2024. Son parte de las 280 desplazadas de la hacienda Bellacruz en 1996 por paramilitares de Manuel Alfredo Rincón, alias Manaure, en La Gloria (Cesar). Esto, a pesar del compromiso suscrito el 18 de marzo con Harman para cerrar el capítulo de ese desplazamiento.

Son 1.500 hectáreas de baldíos, que luego de abandonarlas los paras en 2008 quedaron en manos del empresario brasilero Germán Efromovich, exdueño de Avianca, para sembrar palma de aceite. Las empresas palmeras, desde 2016, cuando la Corte Constitucional ordenó la restitución, se dedicaron a dilatarla con maniobras jurídicas. La ANT no puede asignarlas por las medidas cautelares decretadas e intenta reubicarlas en otros sitios, rechazados por la inseguridad que crea la presencia de grupos armados.

A contramano, Harman sí es diligente con sus paisanos: de 865 procesos de adjudicación de baldíos, 463 están en el Meta, a donde dirige su atención electoral, como es bien sabido por decenas de contratistas que reparten sus actividades entre la capital del país y ese departamento.

Infunde desconfianza tanta compra de tierras cuando se presenta como asesor para el Eje Cafetero al exalcalde de Santa Rosa de Cabal Rodrigo Toro Montes (ver X e IG). Tomó en 2023 –en su administración– por 1.500 millones de pesos 6.400 metros cuadrados, una cuadra, para reubicar hogares en riesgo. Los vendedores, dos años antes, habían adquirido por 400 millones cerca de 5 hectáreas en las que estaba incluido este lote (el c5); es decir, por menos del 15 por ciento del área, pagó cuatro veces el valor de todo el terreno. ¡Vaya asesor! (escrituras en Notaría 2.ª de Pereira y en Santa Rosa de Cabal).

¿Se reducirá la “gestión” de Harman a convertir a la ANT en gran terrateniente, contrario a su indispensable propósito, mientras vende humo pautado con presupuesto público? Ese rumbo desordenado de la reforma agraria, así maquillada, se suma a las compras irregulares de predios por 134.000 millones de pesos que hizo el anterior director, Gerardo Vega, y que, denunciadas ante la Fiscalía y en el Congreso por el senador Fuelantala, siguen impunes. Trato preferente propio de grandes terratenientes.