El 12 de abril del 2024, el gobierno del presidente Gustavo Petro ordenó levantar las órdenes de captura de los principales cabecillas de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc liderada por Iván Márquez. Una vez más, el Gobierno le tendía su mano generosa a un grupo delincuencial, en el marco de la llamada “paz total”. Fue así como, en la búsqueda de avanzar en unos diálogos, la Fiscalía levantó las órdenes de captura de Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, y de Aldinever Morante, alias el Zarco Aldinever, entre otros delincuentes, al elevarlos al rango de gestores de paz.
Pero bien lejos de que este levantamiento de órdenes de captura jugara a favor de la paz, sucedió lo que se preveía: los líderes guerrilleros utilizaron este beneficio para moverse a sus anchas por el territorio nacional y avanzar en su actividad criminal.
Con la libertad de no ser perseguido por la Justicia, el Zarco Aldinever planeó y ejecutó el crimen de Miguel Uribe Turbay, o al menos eso es lo que han establecido los testimonios de los capturados por este magnicidio.
A Miguel Uribe le dispararon el 7 de junio de 2025 y, tras varias semanas de luchar por su vida, falleció el 11 de agosto de 2025. Para el día de su muerte, ya se sabía de la participación de Aldinever en este atentado. Pero el Gobierno solo reactivó la orden de captura en su contra 40 días después, el 17 de julio de 2025. El mismo día de la muerte de Miguel Uribe, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que este delincuente había sido dado de baja. Sin embargo, esta semana, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, desmintió al ministro y aseguró que no hay pruebas de que Aldinever esté muerto.
Pero las disidencias de Calarcá no solo mataron a Miguel Uribe mientras estaban sentadas en la mesa de negociación. Según denuncias de Caracol Radio, aprovecharon el proceso de paz para expandirse desde el Catatumbo hasta Antioquia y mover armamento desde Venezuela. Según estas denuncias, las disidencias transportan armamento en caravanas desde Venezuela, sacan oro ilegal en Antioquia y luego lo llevan al vecino país. Precisamente en abril de 2024 fue detenida una caravana de la UNP en la que se transportaba alias Calarcá por un retén militar. En estos vehículos se encontraron armas, grandes sumas de dinero e incluso un menor de edad. Calarcá fue capturado, pero horas después el Gobierno dio la orden de dejarlo en libertad, bajo el argumento de que era un negociador de paz. Así este asesino pudo seguir su camino libremente.
En ese mismo operativo, fueron hallados dispositivos que, según reveló Noticias Caracol, salpicaban al director del Comando de Personal del Ejército Nacional, general Juan Miguel Huertas, y al director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, por supuestas negociaciones con las disidencias de las Farc. Según las conversaciones encontradas, habría una especie de “pacto de no agresión” para que los cabecillas de estas disidencias pudieran movilizarse sin presión militar.
En febrero de este año, Óscar Ojeda Durán, alias Leopoldo Durán, fue capturado con circular roja de Interpol. Es señalado de lavado de activos y de formar parte de una red financiera que manejaba recursos ilícitos para Calarcá, pero fue dejado en libertad.
Mientras esto ocurre, las disidencias de Calarcá crecieron 22 por ciento entre 2024 y 2025, tiempo en el que se han desarrollado las conversaciones de paz y han expandido su presencia en Bolívar, Norte de Santander (Catatumbo), Antioquia, Cundinamarca, Huila, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare. En estos territorios dominan rutas del narcotráfico, extorsionan y reclutan menores, entre otros crímenes.
A pesar del evidente fracaso de esta paz total, este martes, el Gobierno nacional ordenó levantar las órdenes de captura de 23 capos de bandas criminales de Medellín. Se trata de los líderes que aparecieron en el polémico “tarimazo”, en el que estos criminales aparecieron junto al presidente Gustavo Petro en un evento en La Alpujarra. Gracias a la gestión de la congresista Isabel Zuleta, los más peligrosos líderes de Medellín alzaron los brazos junto a los líderes del Gobierno.
De estos 23 delincuentes, siete están en libertad. Los demás están presos en la cárcel de Itagüí. Todos forman parte de la mesa de paz urbana y dialogan con el Gobierno, en cabeza del alto comisionado para la paz, Otty Patiño. Son responsables de las oficinas de sicariato, extorsión y tráfico de drogas que dominan el Valle de Aburrá.
¿Por qué este Gobierno insiste en entregarles tantos beneficios a delincuentes, si se ha demostrado de todas las formas que esta paz total solo ha servido para empoderar a los grupos criminales en el país? ¿Está el Gobierno pagando apoyos políticos a su campaña?
Esta es la explicación que se da en los mentideros políticos a esa insistencia del Gobierno de buscar beneficios para estos delincuentes y de insistir en una paz total que es todo un fracaso. Todo se remontaría al famoso Pacto de La Picota, del que se acusa de formar parte al hermano del presidente, Juan Fernando Petro, en el que se habrían movido los hilos para obtener apoyo de bandas criminales en las elecciones, a cambio de gestionar beneficios jurídicos. Esto tendría que ver con las recientes declaraciones de Pipe Tuluá, extraditado a los Estados Unidos, quien aseguró que entregará pruebas de la financiación de su grupo criminal La Inmaculada a la campaña presidencial. “Nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña. Tenemos videos, audios, consignaciones en los que se le pasó mucha plata... Esas pruebas las tengo y las vamos a pasar a los Estados Unidos”.
Lo único cierto es que hasta hoy no hay prueba alguna de que esto sea cierto. Pero es difícil entender la lógica del Gobierno con estos criminales; solo se entendería si de verdad se tratara de un pago de favores.