Más allá de una contienda presidencial, Colombia enfrenta una elección mucho más dolorosa y preocupante: la de su escala de valores. La semana que termina dejó en evidencia algo que solemos ignorar, pero que es fundamental: vivimos en una sociedad en la que el orden moral aparece invertido, y algunos de nuestros protagonistas políticos parecieran jactarse de ello.
Dos hechos recientes ilustran esta distorsión. El primero involucra a Iván Cepeda, quien se negó a condenar la fiesta celebrada en la cárcel de Itagüí. Hay evidencia de que presos –entre ellos sindicados como delincuentes de alta peligrosidad– ingresaron licor, comida, mujeres y músicos para montar un banquete dentro del penal. Frente a eso, Cepeda afirmó que no quería “hablar mal de la paz”. Sus declaraciones no solo relativizan lo sucedido, sino que, de facto, entregan una patente de corso: permitir actos ilícitos en nombre de una supuesta contribución a la paz, aún no verificada ni comprobada.
El segundo episodio fue la declaración pública del ministro Germán Ávila –en referencia a sus años en el M-19–: “Orgullosamente, fui guerrillero”. Fue su respuesta a una queja por expresiones verbales de una colega. Más allá de la carga personal de la frase, el mensaje que cala en la opinión pública es preocupante: celebrar la pertenencia a un grupo armado al margen de la ley como si fuera una credencial legítima para disputar el poder o validar actos ilegales.
Ambos casos comparten una lógica peligrosa: relativizar la maldad, justificar la transgresión de las normas apelando a una causa superior y, en última instancia, invertir la escala de valores. Para algunos, los mafiosos que organizan fiestas en prisión merecen indulgencia si alegan colaborar con procesos de paz; para otros, pertenecer a una guerrilla merece reconocimiento público como forma de rebeldía legítima contra un presunto “establecimiento opresor”. Es una narrativa que confunde medios y fines y que erosiona las bases de convivencia democrática.
La construcción de sociedades exige respeto por reglas claras y mecanismos institucionales. Si no entendemos que existen límites que se deben respetar para la convivencia, promovemos el caos. Dejar que cualquiera justifique infringir la ley en nombre de un ideal facilita que la anarquía se vuelva cotidiana: no se respetan filas, se impone la fuerza, se legitima el abuso. Esa dinámica no conduce a justicia social; alimenta violencia, inequidad e impunidad.
Que quede claro: ser guerrillero no está bien; ser mafioso no está bien; ser paramilitar no está bien. Violar la ley no está bien, sea cual sea la causa invocada. Presentar la transgresión como única vía hacia la justicia social es un error grave y peligroso. La democracia, con todas sus imperfecciones, permite canalizar demandas de cambio mediante instituciones, voto y diálogo; desbordarla en nombre de un supuesto fin superior es abrir la puerta al agravamiento de los problemas que se pretende resolver.
La llegada de Gustavo Petro al poder por vías democráticas –con todas sus implicaciones y críticas– demuestra también que el sistema político puede permitir transformaciones. Eso no legitima, sin embargo, que ahora se trate de consolidar una hegemonía moral que dé carta blanca a comportamientos ilícitos o que reescriba la noción de lo permisible según afinidades políticas. Mantener el Estado de derecho exige coherencia: condenar la ilegalidad independientemente de quién la cometa y exigir que las causas se resuelvan dentro del marco jurídico.
Estas elecciones no son solo sobre Iván Cepeda o sobre nombres y apellidos. Son, en el fondo, sobre el modelo de país que queremos legar a nuestros hijos y nietos: ¿una nación que prioriza el orden, la cooperación y la legalidad, o una que venera la transgresión, el caos y las redes que se nutren de violencia y narcotráfico? No podemos permitir que el relato público normalice lo que descompone la convivencia.
Me pongo de pie y lo digo con claridad: esta nación no es un país de narcos ni de exaltación de la ilegalidad. Es un país de gente trabajadora, honesta y decente que se levanta temprano, que respeta, paga sus obligaciones y busca vivir en paz. Esa es la Colombia real; la otra, la de las novelas y las series que glamorizan el delito, es ficción que no debe imponerse como referente moral. En eso los grandes canales de televisión tienen un alto grado de responsabilidad. No se pueden indignar con la realidad nacional y promover todo lo malo por ratings.
Recuperar la escala de valores exige a los líderes políticos coherencia ética y responsabilidad pública. Exige también a la ciudadanía rechazar las normalizaciones peligrosas y defender instituciones. No es un llamado a la intolerancia con las demandas sociales, sino a que la búsqueda de justicia se haga con medios legítimos, porque solo así podremos construir una sociedad más justa y en paz. Cambiar está en manos de todos.