Una Latinoamérica vieja y enferma

De acuerdo con el reciente informe de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), en 2023 se produjo un retroceso de 27 % en los indicadores de logro hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyas metas para 2030 ya se encuentran a la vuelta de la esquina. Entre los más comprometidos se encuentra el ODS3 que hace referencia a garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en cualquier edad.

La población latinoamericana se encuentra envuelta en una triada crítica: 1. Envejecimiento progresivo de la población; 2. Incremento de la prevalencia de enfermedades crónicas, cáncer y déficit de salud mental y 3. Crisis fiscal con limitación en la disponibilidad de recursos para la salud. Nos estamos volviendo más viejos -de manera acelerada- pero además envejecemos con mala salud, aumentando los costos a los sistemas de salud, reduciendo drásticamente la productividad laboral y la capacidad de generar valor a nuestras sociedades.

El horizonte es aterrador. Cerca de 150 millones de latinoamericanos no tienen acceso a los sistemas de salud y 295 millones mantienen necesidades médicas insatisfechas. El gasto promedio de bolsillo en la región supera el 37 % del gasto en salud, gravando en especial a las familias más pobres. Esto redunda en altas tasas de mortalidad evitable y mayor discapacidad. El gasto promedio de bolsillo en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) apenas llega al 20 %.

Entretanto, el gasto público promedio de los países de Latinoamérica apenas roza el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB), muy lejos de la recomendación del 6 % realizada por los diferentes organismos multilaterales. El gasto per cápita promedio anual en salud de la región apenas llega a los 1.200 dólares, mientras que en los países desarrollados supera los 4.000 dólares al año. En un entorno cada vez más globalizado, donde los costos de la tecnología médica son absolutamente crecientes, es posible incluso evidenciar y prever retrocesos en la salud de la población latina.

Pero lo más aterrador es el escenario de futuro. Está previsto que la población mayor de 60 años se duplique para 2050, pero con la reducción observada en la natalidad -con posterioridad a la pandemia- es previsible que el índice de envejecimiento de la población se intensifique. La aparición de riesgos que han venido afectando a población joven complica aún más el panorama con enfermedades crónicas que incluyen cáncer de pulmón y cáncer de colon.

Es urgente que los países incrementen el financiamiento de los sistemas de salud y que también se avance en la mayor eficiencia en el uso de los recursos del sector. Es necesario incluir elementos de valoración económica del gasto en salud. Los recursos que se desperdician -al no incluir evaluaciones de costo efectividad en cada peso invertido en salud- terminan afectando a través del racionamiento de los servicios y tecnologías médicas que nunca llegan a quienes los necesitan, aquellos en que el acceso a los servicios puede generar una diferencia entre la vida y la muerte.

La pasividad de la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos frente a la amenaza de la enfermedad crónica tiene que cambiar. Pero la indolencia realmente es exasperante: Han transcurrido más de 40 años desde la última ola de reformas de la salud y no bastó tampoco una pandemia -con millones de muertes- para que se entendiera la relevancia de invertir en salud. Muchos países incluso han disminuido los presupuestos asignados para la salud.

El único factor capaz de empujar hacia una transformación parece que debería venir de las poblaciones afectadas. La judicialización -que otrora podría parecer desestabilizante para los estados- pareciera ser la única fuerza con capacidad para empujar a los gobernantes a entender que una población sana es una población más productiva. Que esa productividad genera riqueza y que esa riqueza es la que permite la generación de mayor producto interno en los demás sectores de la economía.