Una pésima elección

Con tristeza digo que todo salió mal. Ignoro las capacidades intelectuales del elegido, pero sus credenciales morales son inadecuadas. Su exitosa carrera profesional está signada por el clientelismo: el ostensible intercambio de beneficios por votos. Que a esas mañas acuda un político en trance de magistratura es terrible: peor aún, que haya sido incluido en la terna de candidatos con el voto de integrantes de la Corte Suprema que han sido beneficiarios de sus dádivas, y recibido el voto de senadores que le profesan gratitud, un lindo sentimiento en el plano personal, pero no en el público.

Como consecuencia tal vez inevitable de la honda confrontación ideológica en la que estamos, gobierno y oposición eligieron sus candidatos sin informarnos a los ciudadanos, como debieron hacerlo, las razones de su respaldo. Jugó aquí el conocido principio: “con los tuyos con razón o sin ella”. Los méritos de los ternados no importaron para nada. Para colmo triunfó la opacidad contra la transparencia: la votación fue secreta con fundamento en una norma legal absurda que debería derogarse. El sigilo garantiza la impunidad. No hay a quien pedir cuentas.

Para el magistrado Camargo vienen días amargos. Su nombramiento será demandado ante el Consejo de Estado por implicar su designación el desconocimiento de una regla constitucional clara: “Los servidores públicos no pueden… nombrar ni contratar a quienes hayan intervenido en su propia postulación o designación, ni a personas que tengan los mismos vínculos con estos últimos”. Entiendo que el Procurador Ordóñez se cayó exactamente por la misma razón.

Además, en su actuación como magistrado quedó atrapado en un dilema muy incómodo: el gobierno actual asumirá que si vota en contra de sus intereses, lo hará porque es un vendido; y si lo hace en pro de posturas gubernamentales, será tenido por la oposición como un traidor. A este dañino maniqueísmo contribuyen los medios, que con regularidad nos cuentan que hay unos magistrados que son de un bando y otros del contrario. No puedo imaginar peor afrenta para quienes ejercen unos cargos que demandan total independencia frente a nominadores y electores.

Es evidente que una Corte Constitucional politizada destruye el Estado de derecho. Por este motivo es preciso establecer qué ajustes deben realizarse para mejorar su autonomía. En procura de este objetivo, conviene recordar que las cortes constitucionales tienen un solo cometido esencial: tutelar una constitución que, como todas las que existen, es de naturaleza política. Este atributo se hace evidente cuando se trata de definir el alcance de valores y principios que están mencionados en el Preámbulo y desarrollados en el Título Primero, aunque tambien aparecen aquí y allá diseminados en el texto de la nuestra del año 91.

Doy un solo de ejemplo. Dice el artículo 7 que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. ¿Será compatible con esta regla convertir a ciertas organizaciones indígenas en autoridades ambientales? Algunos dirán que sí, acentuando el valor de la diversidad étnica; otros que no, aduciendo que como la Nación es una sola, el conjunto de sus instituciones tiene que ser parte de un único sistema. Desde el punto de vista lógico no hay respuesta posible. Ella dependerá, en cada evento litigioso, de cómo interpreta la Corte los valores involucrados. Justamente esta vaguedad de los textos explica que, de ordinario, las sentencias no sean unánimes.

Este sustrato político de la Constitución, explica que sea el Senado, un órgano político, al que compete la elección de los magistrados. Así ocurre en Alemania, Francia, España e Italia que cuentan con tribunales constitucionales prestigiosos. Para modular el peso de los factores políticos se concede poder nominador a organismos judiciales, en nuestro caso a la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Un tercer nominador es el Presidente. No creo que sea una buena idea así los magistrados de ese origen hayan ejercido con dignidad sus cargos. Con alguna excepción y hasta ahora.

Para fortalecer la independencia de la Corte propongo: 1) períodos más largos, de nueve u once años, sin posibilidad de reelección, para desligar por completo a los magistrados de los ciclos electorales; 2) elección escalonada a fin de conjurar el riesgo de que un solo gobierno pueda incidir en la conformación de las mayorías; 3) estricta prohibición a los exmagistrados para litigar o aceptar cargos públicos, dentro o fuera del país (¡ah el poder corruptor de las embajadas o la postulación para cargos internacionales!); 4) sustituir al gobierno como nominador. Una fórmula interesante sería que esa nominación correspondiera a los magistrados ya retirados; 5) garantía absoluta de que los actuales magistrados permanecerán en sus cargos hasta el fin de sus períodos.

La realización de estos ajustes, que son fundamentales pero muy acotados, no requiere una constituyente como propone Petro. Su objetivo es otro: desmantelar los pilares políticos y económicos de la Constitución actual, politizar la justicia, como ocurrió hace poco en México, e instaurar el modelo socialista con el que sueña.

Estemos preparados para confrontar la estrategia populista en marcha: la actual constitución es la causa de que Petro no haya podido redimir a los pobres ni devolver la paz a Colombia. Ese fracaso se explica porque los órganos de representación popular han “desobedecido” el mandato que el pueblo les dio en las elecciones presidenciales del 2022. Las oligarquías que controlan el Congreso deben ser barridas en los comicios a fin de que el nuevo Presidente (siempre que sea “progresista”) tenga amplio margen de acción. Ese es el objetivo; el arma la constituyente. “¡A la carga!”, como diría el otro populista (fascistoide él) que hemos tenido: Gaitán.

Briznas poéticas. En 1614, a dos años de su muerte, un desilusionado Miguel de Cervantes, escribe. “Nunca me contente ni satisfice / de hipócritas melindres. / Solamente / pedí alabanza de lo que bien hice”. ¡No le alcanzó la vida para disfrutar su merecida gloria!