Uribe, condenado por una jueza de izquierda

La condena al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal no es un acto de justicia, es la confirmación de que en Colombia los estrados pueden convertirse en plataformas políticas cuando el acusado incomoda y es una amenaza latente para el poder. Esto no fue un fallo, fue un mensaje. Y el mensaje es brutalmente claro: al que desafía la narrativa impuesta no se le responde con justicia, se le fabrica un proceso. Se le acomoda el expediente hasta hacerlo culpable, aunque los hechos digan lo contrario.

La jueza Sandra Heredia no impartió justicia, ejecutó una consigna. Su tono doctrinario y su discurso ideologizado fueron la antesala de una sentencia que ya estaba escrita. Lo que presenciamos no fue una valoración serena de las pruebas, sino la lectura de un libreto cuidadosamente armado para condenar al símbolo político más incómodo de las últimas décadas.

Cuando un juez justifica interceptaciones ilegales y valida pruebas obtenidas con un reloj espía, el debido proceso no solo se vulnera, se entierra. Las copias espejo del celular y del computador de Juan Guillermo Monsalve —el testigo estrella fabricado por Iván Cepeda— presentan irregularidades técnicas graves, documentadas por peritajes. Pero eso no importó. La verdad fue sustituida por la conveniencia.

El problema no es solo que se admitieran pruebas contaminadas. Es que lo que era ilegal ahora se celebra si sirve al objetivo. Se legaliza la trampa, se glorifica la manipulación, se premia al falso testimonio si este permite perseguir al adversario político. ¿Y quién es Monsalve? Un delincuente condenado por secuestro, convertido en héroe judicial por quienes necesitaban sustento para una condena preestablecida. No es un arcángel, señora jueza. Es un criminal útil.

Mientras leía su sentencia, la jueza Heredia no pudo evitar introducir elementos de feminismo político como si estuviera rindiendo cuentas a una asamblea ideológica, no a la Constitución. ¿Qué tiene que ver el enfoque de género con la manipulación de testigos? Nada. Pero en esta nueva justicia militante, todo cabe si apunta a la narrativa correcta.

Y mientras esto ocurre, los verdaderos criminales de lesa humanidad —los narcoterroristas que bañaron de sangre al país durante décadas— hoy están impunes, libres y en cargos públicos. Los mismos que masacraron, secuestraron y dinamitaron la institucionalidad, hoy gozan de total protección jurídica. En cambio, quien los combatió con firmeza y defendió la democracia hoy es condenado. Esa es la justicia invertida que estamos presenciando.

Este proceso no fue jurídico, fue político. No fue técnico, fue calculado. Lo que se buscaba no era justicia ni verdad procesal, era una victoria simbólica, una pieza de propaganda judicial. La toga se convirtió en pancarta y el estrado, en tribuna. Esta sentencia no es el fruto de un juicio limpio, sino el desenlace premeditado de una operación política disfrazada de legalidad. No fue para juzgar a Uribe, fue para escarmentarlo. Para advertir a todo el que se atreva a enfrentar la nueva doctrina, que cuando se arrodilla ante el poder, ya no protege, castiga.

La justicia no está para saldar cuentas históricas ni para equilibrar odios. Está para aplicar la ley con independencia, con rigor y con neutralidad. Pero lo que vimos fue lo contrario: una estructura judicial actuando al servicio de una causa, no del derecho. Y si esto fue posible contra un expresidente, ¿qué esperanza queda para el ciudadano de a pie, sin micrófono, sin partido?

Esto no es justicia, es venganza política con apariencia de legalidad. Lo que se dictó no fue una sentencia basada en pruebas sólidas, sino un veredicto elaborado a partir de inconsistencias, testimonios amañados y una agenda ideológica que nunca debió entrar a un estrado. Cuando la ley se adapta al relato, el derecho muere. Y con él, muere la justicia.

Como periodista y columnista de opinión, he defendido siempre la democracia, el Estado de derecho y el respeto por la ley. Pero frente a esta infamia, el silencio sería complicidad. Cuando la justicia se convierte en instrumento de venganza, levantar la voz no solo es un derecho, sino un deber.

Ñapa. ¿Imparcialidad? El sábado pasado, revista SEMANA publicó el perfil de la jueza Sandra Heredia: familia conservadora, pero —según quienes la conocen— identificada con la izquierda. En un juicio tan cargado políticamente, ese detalle no es menor. La jueza no solo emitió un fallo, también proyectó una postura. La pregunta no es si tiene derecho a tener ideas, sino si fue capaz de dejarlas fuera del estrado. A la luz de la sentencia, parece que no.