
Opinión
Víctimas, una y otra vez
Hoy hay 10 millones de víctimas registradas en Colombia. Como es imposible indemnizarlas, se priorizó el pago bajo estos criterios: tener 68 años o más, padecer una enfermedad huérfana o catastrófica, tener una discapacidad o estar en situación de urgencia manifiesta. Muy pocos cumplen estos requisitos.
Todos repiten lo mismo: la esencia del acuerdo de paz son las víctimas. Pero no es cierto. Las víctimas del conflicto armado están en completo abandono, especialmente, las víctimas de las Farc. El acuerdo de paz con esta guerrilla se estructuró de tal manera que se entregaron todas las garantías a los excombatientes, pero ninguna garantía se dio a sus miles de víctimas.
No es que no fuera válido un acuerdo de paz. Tan válido es, que el país pudo dejar de lado la barbarie en la que nos tenían sumidos las Farc. Pero lo que ha dejado ver el tiempo es que fue un acuerdo hecho a la medida de las exigencias de los combatientes, pero que ninguna garantía se dio a sus víctimas, que quedaron en total desamparo.
Pareciera que se hubiera olvidado la miseria a la que sometieron las Farc al país. Secuestraron, encadenaron a sus secuestrados, los dejaron morir en la selva mientras pedían dinero por su libertad. Reclutaron niños, los violaron, los golpearon, los fusilaron; mutilaron a miles con sus minas, extorsionaron, obligaron a las mujeres a abortar, masacraron a inocentes. Su demencia superó todo límite.
El 9 de abril se conmemoró el Día de las Víctimas. Por disposición legal, ese día el Congreso en pleno debe reunirse para escuchar a las víctimas. Muchas de ellas vinieron de muy lejos: Urabá, Chocó, Antioquia, Valle. Todas con la esperanza de contar su dolor. Había militares amputados por minas, familiares de desaparecidos, secuestrados, mujeres violadas, niños reclutados, menores obligadas a abortar, desplazados, huérfanos. Cada persona allí sentada llevaba un dolor imborrable. Pero ese espacio no fue más que el lugar donde todos les reconfirmaron que hoy sus historias no le importan a nadie.
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En un auditorio con muy pocos congresistas, se dio inicio a una sesión en la que era evidente que los congresistas estaban allí porque la ley los obliga, pero no porque haya interés en hacer algo por quienes allí estaban. Allí estaban también Julián Gallo, Sandra Ramírez, Jairo Cala y Ómar Restrepo, exlíderes de las Farc, hoy congresistas en virtud del acuerdo.
Sin la presencia de la directora (e) de la Unidad de Víctimas, Gloria Cuartas, que llegó dos horas tarde, ni el ministro del Interior, Armando Benedetti, que jamás llegó, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, dio inicio a una sesión en la que la atención se la llevaron los congresistas. María José Pizarro, hija del líder del M-19 asesinado Carlos Pizarro, y Aída Avella, sobreviviente del exterminio de la UP, pidieron que no presidiera la mesa Jorge Tovar, hijo de Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, quien ocupa una de las 16 curules que les fueron otorgadas a quienes se supone fueron víctimas.
Pizarro insistía en que el hijo de un paramilitar no podía presidir la mesa directiva. Tovar alegó que él mismo era una víctima del conflicto, que puso su historia al servicio del país. Katherine Miranda dijo que, si de víctimas se trataba, allí estaban las del M-19, por eso el reclamo de Pizarro no tenía lugar. Durante casi dos horas, los congresistas discutieron quién tenía mayor derecho de hablar, dieron discursos sobre la importancia de ese día, mientras las verdaderas víctimas, las que no tienen curul, las que viven en la pobreza, las que luchan por sobrevivir y superar sus traumas, seguían sin ser escuchadas.
Tres horas y 37 minutos después de iniciado el acto, la primera de estas víctimas pudo hablar: el sargento primero del Ejército Francisco Pedraza, mutilado por un campo minado y hoy en silla de ruedas. Pero nadie lo escuchó. Todos hablaban, pasaban por el frente, reían a carcajadas. A los tres minutos, el micrófono se apagó. Es el tiempo que tenía cada una de las víctimas intervinientes. Lo mismo pasó con los desplazados de Urabá, los del Chocó, los secuestrados, las mujeres abusadas, los niños reclutados. Mientras intentaban subir la voz para contar que sus familias han sido asesinadas, que no han sido indemnizados, que no han podido regresar a sus pueblos, los meseros servían el almuerzo enfrente de ellos y preguntaban: ¿carne o pollo? Algunas de las víctimas pidieron también almuerzo, pues algunas estaban allí sin comer nada, entonces los meseros les aclaraban que los platos eran solo para los congresistas.
Cuando Cecilia López, víctima de secuestro por la Farc, violada en tres ocasiones de forma masiva y a quienes las Farc le mataron a su hijo, habló, le dijo a la senadora de Comunes Sandra Ramírez: “Usted es una proxeneta y asesina de vientres, no sé cuáles pruebas nos pide, porque a ninguna de las mujeres violadas nos daban una cámara para grabar cuando nos sometían a semejantes vejámenes”. Pero contrario a escuchar su dolor, los miembros de la bancada del Pacto Histórico la callaron desde la tribuna y le pidieron respeto por la hoy senadora. Al terminar sus tres minutos, Cecilia bajó indignada. “¿Cómo es posible que me pidan respeto a mí por las Farc y no a ellos?”.
“Esto es indignante”, dijo Deysi, la primera de las mujeres entrevistada por Caracol Radio, que contó cómo fue víctima de reclutamiento forzado y abuso, y quien, por contar este relato, fue echada de la casa donde vive con sus cinco hijos. A pesar de que al ver de frente a sus reclutadores y abusadores sintió desvanecerse, tuvo el valor de pararse y pedir justicia para ella y tantos niños reclutados. Pero a ella tampoco la escucharon. “Me sentí revictimizada”, dijo al irse.
Hoy hay 10 millones de víctimas registradas en Colombia. Como es imposible indemnizarlas, se priorizó el pago bajo estos criterios: tener 68 años o más, padecer una enfermedad huérfana o catastrófica, tener una discapacidad o estar en situación de urgencia manifiesta. Muy pocos cumplen estos requisitos.
Todas estas víctimas piden a gritos ser escuchadas.