Y el Estado, ¿para qué?

En noviembre de 2021, el entonces candidato para el periodo 2022-2026 Rodrigo Lara Restrepo señaló que en Colombia el Estado pesaba casi 20 por ciento del producto interno bruto, el doble que treinta años antes, y era no solo más lento, burocrático e ineficiente, sino que se calificaba como inoperante y corrupto, de manera que no era el Estado por la gente, de la gente y para la gente.

Luis Carlos Galán Sarmiento, fungiendo como candidato para el periodo 1982-1986, había señalado: “La administración es cada día más ineficiente y menos idónea para resolver los problemas del país, para manejar los intereses del pueblo colombiano. En lo nacional, en lo departamental y en lo municipal, la administración se convirtió en el objetivo de unas roscas, de unas camarillas políticas que no hacen otra cosa que monopolizar los instrumentos de la administración pública, luchar por este o aquel empleo”.

El presidente Juan Manuel Santos decidió en 2010 que Colombia se postulara para ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde). Dicha organización internacional inició un proceso de evaluación y valoración del país, en el que uno de los aspectos más relevantes era determinar hasta dónde las interacciones políticas y sociales del país que promovía el Estado colombiano contribuían a que en la sociedad hubiera justicia, seguridad y que los recursos se asignaban para elevar y mejorar el bienestar común y general de forma que los colombianos accedieran a un desarrollo pleno y autónomo tanto a nivel individual como colectivo.

El resultado fue un baldado de agua fría para el establecimiento, los tecnócratas y los intelectuales del país. El Estado colombiano tras ejercer su política tributaria, recaudar impuestos y asignar las trasferencias a los hogares y las familias aumentaba las desigualdades, mientras que, en otros países, donde se usaban para contrastar las realidades de Colombia, el Estado las reducía sustancialmente.

Esa primera evaluación usó técnicas, herramientas y personal muy calificado, de alta complejidad y capacidad para que la mirada fuera integral y objetiva, y abordara desde lo general con su granularidad.

Ya entonces se podía intuir tan mal resultado en la seguridad social, en las pensiones. Las cotizaciones son generalmente entendidas en el mundo como impuestos y en Colombia por eso se califican como recursos parafiscales. El sistema privado que se asentó en el país hizo que las pensiones más costosas, las de mayor cuantía y monto, dependieran de recursos del presupuesto nacional y con cargo al erario.

Con tamaño problema como sociedad se hacía urgente una reforma pensional en Colombia. Cuando finalmente hubo la valentía política de acometerla, el país quedó atrapado asumiendo por varias décadas más el enorme costo de oportunidad que hay en que el peso de las pensiones altas de un pequeño grupo de colombianos en tercera edad sea a cargo del Estado, frente, por ejemplo, a las necesidades de una educación de alta calidad de un grupo significativo de muchachos o jóvenes colombianos.

La ineficacia del Estado colombiano, como retraté en mi columna titulada “69 años”, se evidencia en la operación y ejecución de nuestro sistema pensional. Un sistema con errores de diseño que en la reforma fueron defendidos por quienes quieren posar de técnicos cuando son operadores de rentas e intereses privados, a quienes no les duele la desigualdad y más bien se han vuelto parte de aquellas roscas y camarillas que decía Galán en 1982.

El artículo 48 de nuestra Constitución Política establece que la Seguridad Social es un servicio público obligatorio, donde el Estado tiene la función de dirigir, coordinar y controlar dicha Seguridad Social, asegurando que se cumplan los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, siendo el Estado el garante de los derechos pensionales y la sostenibilidad financiera del sistema.

Sin embargo, hoy, y en este gobierno, hay empresas con deudas pensionales con sus extrabajadores de hace más de 30 años que no están satisfechas o no las han pagado. Quienes vigilan y supervisan corporativamente a esas empresas, como la Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Transporte, frente a estas obligaciones contenidas en las leyes, tratándose del fondeo de derechos fundamentales y protegidos por la Constitución, así como frente a las obligaciones de hacer y pagar regladas con fórmulas y fechas expresamente definidas, no les ha importado que esas deudas estén incumplidas ni lo que dice el marco jurídico vigente. Su estrategia ha sido no actuar y que se reclamen esas obligaciones como si se tratara de obligaciones comerciales entre privados para que sean los jueces quienes ejerzan, sin tener la formación, de actuarios, tasen las obligaciones y las declararen. En el mejor de los casos pasan los años, los lustros o décadas, se congestiona el sistema de justicia, y casi siempre las decisiones en contra de las empresas son ineficaces porque para el momento de fallar las empresas ya no existen.