Es demasiado descaro. Nunca Colombia había tenido un Gobierno tan corrupto en las más altas esferas y con procesos judiciales abiertos. El último episodio en el que una jueza desestima la recomendación de la Fiscalía y decide enviar a dos ministros a la cárcel es el caso más visible, por ahora, de esta orgía de corrupción que se da en el Gobierno del cambio de Gustavo Petro.
Lo primero que hay que celebrar, así muchos abogados de gran prestancia se opongan, es la medida de cárcel que toma la jueza del caso. Este precedente tiene un elemento muy importante, que es acabar o, mejor, reducir la capacidad de un fiscal, o peor aún, de una Fiscalía cooptada por el Gobierno, como es el de este caso, de hacerle el juego al Gobierno, como ha sucedido con Luz Adriana Camargo y los casos de corrupción de Petro y sus secuaces. La jueza decidió dar ejemplo ante este caso de corrupción en el que están involucrados el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y el hoy fugado ex secretario general de Presidencia, Carlos Ramón González.
No olvidemos que por este mismo caso de corrupción rampante, apenas uno de muchos, también están en la cárcel los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle.
Si este fuera el único caso, uno diría: “Unos del círculo cercano del presidente Petro se corrompieron, esas cosas pasan”. La verdad es que el círculo político cercano a Petro, incluyendo su esposa y su hijo, es un epicentro de corrupción y de desfalco sin precedentes en la historia del país, repito. Este Gobierno es un concierto para delinquir. Y lo ha sido desde el principio, no es de ahora.
En el sector de la salud, bajo el auspicio del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, se han robado billones de pesos interviniendo las EPS y cobrando coimas por los pagos. El déficit del sector pasó de 7 billones a más de 50 billones y la pregunta es: ¿qué se hizo esa plata? ¿Hospitales nuevos? Ni uno. ¿Más medicamentos para los pacientes? Al contrario, hoy se mueren miles de pacientes por la falta de entrega de medicamentos. ¿A dónde se fue esa plata? Se la robaron y la despilfarraron.
¿Se acuerdan del hijo de Petro, Nicolás? Ese caso ya debería estar juzgado, pero no, por ahora acusado hasta de lavado de activos. ¿Laura Sarabia, las chuzadas, el maletín lleno de dinero que se desapareció y la suicidada del coronel? Nada que se investiga y nadie responde. ¿Armando Benedetti y su llamada a Laura Sarabia sobre corrupción? Nada tampoco. ¿Y las otras siete investigaciones que tiene Benedetti en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por los mismos delitos que llevaron a los dos ministros a la cárcel? Tampoco; nada que avanzan, a pesar de las amenazas del ministro en contra de los magistrados.
¿Se acuerdan del escándalo de la exministra del Deporte María Isabel Urrutia, en el que acabó 104 contratos de un día a otro para nombrar 100 amigos y además de la adjudicación de un contrato por 5.000 millones sin requisitos? Acusada en la CSJ. El presidente liberal Ernesto Samper, gran aliado de Petro, fue juzgado y compró los votos en el Congreso para ser absuelto, por dineros del narcotráfico en la campaña. Lo de Petro es muchísimo peor y lo grave es que no pasa nada. ¿Y el más grande contrabandista de Colombia, alias Papá Pitufo, que apoyó la campaña, recibe toda clase de puestos en la administración de aduanas para facilitar su negocio? Nada ha pasado hasta ahora.
Se puede escribir un libro, o mejor una enciclopedia, sobre la corrupción de este Gobierno. No es que los anteriores estuvieran exentos, pero el descaro de Petro y sus amigos no tiene nombre. Lo que no se entiende es que la oposición no tenga ya por redes una narrativa masiva sobre todos los casos de corrupción para que al fin los ciudadanos despierten y se den cuenta de la corrupción sistémica que hay con este Gobierno. Petro y los corruptos, por ahora, se están saliendo con la suya, con excepción de unos cuantos. En cualquier otro país, el Gobierno se habría caído y el presidente estaría en la cárcel.
Es hora de cambiar absolutamente todo en la lucha contra la corrupción. Lo primero es acabar con los fueros y, por ende, con la Comisión de Acusaciones. Lo segundo es crear un mecanismo rápido, sin excepciones y totalmente independiente para juzgar presidentes, ministros, congresistas, gobernadores, alcaldes y altos funcionarios del Gobierno. El modelo que hoy hay no funciona y está politizado. Crear un escenario nuevo, incluso con procedimientos especiales y con visibilidad absoluta, debe surgir de esta crisis de corrupción que hoy vive el país. ¿Quiere ser presidente, ministro, congresista, alcalde o gobernador? Se somete a una justicia severa, ágil, con procedimientos distintos a los del ciudadano normal. Deben dar ejemplo y la Justicia debe tener sobre ellos una lupa especial.
Esto requiere una reforma constitucional. El Congreso forma parte de esta corrupción sistémica, por eso la elección de marzo es tan importante. Por ahí se debe empezar. ¿Qué partidos y qué congresistas proponen y apoyan esto? Buen tema de campaña. El país está mamado. Se oyen propuestas.
