Ley de pronto pago debe llegar rápido

Las pymes son las unidades productivas que están enfrentando los mayores efectos adversos de la situación económica que se ha derivado de la propagación del coronavirus, que ha paralizado la actividad económica de todos los sectores. El choque del coronavirus frenó ambos lados de la economía, tanto la demanda llevando a un confinamiento casi global de los consumidores en sus casas, como también impactó la oferta, frenando la actividad manufacturera y de provisión de servicios, aunque estos últimos en menor medida. 

En medio de las tensiones económicas son las pymes las que sufren de manera más rigurosa los desbalances económicos, cuando el canal del crédito se cierra son las primeras en perder el acceso a liquidez, así mismo son consideradas más riesgosas, y el capital que poseen impiden que puedan sobrevivir periodos de tiempo prolongados sin ventas o sin obtener recursos de financiamiento. Pese a las mayores debilidades en comparación con empresas de mayor tamaño, son las pymes las que proveen más del 80% del empleo formal del país. Sencillamente de cada 10 empleos formales, 8 son provistos por las pymes, algo que evidencia su importancia para que el empleo se mantenga o se generen nuevos puestos.

Con el canal de crédito cerrado, o al menos restringido, puesto que los bancos van a ser más exigentes a la hora de evaluar y otorgar nuevos créditos, la principal fuente de liquidez que tendrán las pymes para operar son las cuentas por cobrar que tienen represadas. En la actualidad los plazos de pago llegan a superar los 120 días, lo que en términos concretos significa que mientras una pyme recibe menos de tres pagos en el año desde sus clientes, hace muchos más a sus proveedores, y debe hacer los doce pagos reglamentarios de nómina y prestaciones sociales de sus empleados. Ese descalce entre el financiamiento que hacen a sus clientes, y las obligaciones que deben cubrir para poder operar, es un pesado lastre que impide que las pymes crezcan, las pone en riesgo permanente, y constriñe el potencial de demanda por nuevos empleos de calidad.  

Por eso es necesario que entre los mecanismos de reactivación económica el Congreso y el Ejecutivo sancionen la ley de pronto pago para las pymes, con el fin de que los negocios que hagan entre ellas, frente al Estado, y frente a empresas de mayor tamaño tengan plazos de pago justos. Lo anterior cumple importantes objetivos: mejora la liquidez de estas empresas, disminuye su riesgo de crédito al mejorar el indicador de las cuentas por cobrar, y fortalece sus flujos de caja, con lo cual quedan mejor preparadas para enfrentar la debilidad en la demanda que existirá luego de que se logren controlar los riesgos en la salud humana del coronavirus.  

El principal recurso que necesitarán las pymes para operar es liquidez, pero no solo en forma de créditos, porque al final del día sus deudas las tendrán que devolver con intereses y ese mayor costo financiero va a golpear su capacidad para invertir o apalancarse para ampliar sus operaciones, además, obtener liquidez exclusivamente a través de crédito eleva su vulnerabilidad, por eso el mejor instrumento que pueden tener es que sus cuentas por cobrar se conviertan en efectivo rápidamente, y se evite que el costo financiero que asumen al tomar crédito para financiar a sus clientes, sea un costo que es ahorrado por empresas más grandes que tienen acceso a mejores condiciones de financiamiento en el mercado bancario o el mercado de valores.

Definitivamente uno de los mejores instrumentos de política pública para apoyar a las pymes es la mencionada ley de pronto pago, una porción sustancial de pequeñas y medianas empresas lograran reactivarse y reincorporar a sus empleados si el dinero que les adeudan llega pronto a sus balances, en ese aspecto mejor que crédito, las pymes preferirán que se les pague porque esos pagos mejoran todos sus indicadores y las fortalece para hacer frente a tiempos adversos.