Competitividad versión 2020-2021

Y si bien se forman nuevos retos, también se han mantenido desafíos que aún nos cuesta enfrentar como país.

La pandemia de la covid-19 nos ha dejado una desaceleración mundial de corto, mediano y largo plazo. Nos ha dejado un aumento de la pobreza, más población desempleada, la quiebra de miles de empresas, la reducción en la productividad en varios sectores productivos, entre otros desafortunados sucesos. Todo se ha extendido a un nivel de incertidumbre generalizado que deja mucho que pensar y bastantes cosas por retarnos para solucionar.

Por supuesto, a pesar de que el colapso se vio en todos los países, las economías avanzadas tienen un mayor potencial para superar la coyuntura actual. En sí, son mucho más competitivas, productivas y resilientes en épocas de crisis.

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A finales del mes de noviembre, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) publicó su más reciente edición del interesante Informe Anual de Competitividad, que ha evaluado desde hace más de 12 años el estado de las áreas críticas en materia de competencia, desarrollo e idoneidad productiva para el país.

Bajo este acertado documento se canalizan las preocupaciones, ideas y propuestas de estrategia para desplegar crecimiento sostenible entre el sector privado, el Gobierno y la academia.

El estudio reafirma que la productividad es el determinante más importante en el crecimiento económico; de hecho, las diferencias en el crecimiento de la productividad total de los factores explican la mitad de las disimilitudes en el PIB per cápita entre los países. No obstante, ha sido tan complicado recopilar información al respecto, que el Foro Económico Mundial aplazó su publicación del Índice Global de Competitividad (IGC) y se concentrará en las implicaciones de política pública para la reactivación orbital, en lugar de establecer su tradicional ranking.

Para recordar un poco, el año pasado, Colombia ocupó el puesto 57 en este indicador, mejorando su puntaje en 10 de 12 pilares. Sin embargo, aún los desafíos se concentran en áreas clave como instituciones, adopción de TIC, mercado laboral y capacidad de innovación.

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Entre otros, el exceso de normatividad en el país es considerable. Solo la producción normativa relacionada con la emergencia de la covid-19 a noviembre de este año superaba 170 decretos, 83 circulares y 54 resoluciones. Al respecto, análisis del Departamento Nacional de Planeación (DNP) muestran que esta cultura excesiva de normatividad promueve la corrupción y genera bajo crecimiento económico.

Asimismo, si bien se criticó la eficacia institucional, también se comentó la deficitaria eficiencia del Estado. Puntos como la fragmentación del gasto, una ausencia de evaluaciones de impacto y una falta de un registro único aumenta la ineficiencia, por ejemplo, del gasto en subsidios y profundiza la inestabilidad fiscal.

Para ello, el CPC recomienda ampliar el umbral para la declaración de renta, lograr una simplificación del IVA y eliminar los tratamientos preferenciales que no rinden en productividad. Todo esto, por supuesto, debe estar bajo un marco de responsabilidad fiscal y social que no perjudique más el bienestar poblacional, que se ha visto tan afectado en épocas de crisis.

Por otro lado, con la crítica situación que pasaron miles de empresas, la recuperación del empleo se vuelve trascendental. Y, la idea, es sobre el empleo formal. Para lograr ser más competitivos, no cabe duda de que se deben estimular las oportunidades de empleo de calidad que reduzcan los índices de pobreza y contribuyan a una movilidad social.

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Para ello, el CPC recomendó actualizar la legislación laboral, reducir los costos laborales no salariales y formular un seguro al desempleo que puede permitirse a través de una reforma al régimen de cesantías, para que este pueda encargarse.

De igual manera, definió como conveniente la evaluación de las pérdidas de aprendizaje derivadas del cierre de centros educativos y de la ampliación de brechas en el acceso a la educación. Con todo lo que está pasando, es importante fomentar el diseño de programas educativos duales y fortalecer los mecanismos de evaluación docente.

En materia de protección a la vejez, se destacó, en concordancia, la importancia de una reforma pensional para avanzar en temas de cobertura, equidad y sostenibilidad. Asimismo, es fundamental que esta guarde una consistencia entre el sistema y las condiciones demográficas actuales.

Por supuesto, la rama de la sostenibilidad ambiental no pasó desapercibida en el informe. Allí postulan que la clave es la transición hacia una economía baja en carbono, avanzar en la implementación de una política de crecimiento verde y reformas a las CAR en la búsqueda de las reformas institucionales.

Como era de esperarse, en cuanto a sofisticación e innovación, las cadenas globales de valor se destacaron como una alternativa para sofisticar el aparato productivo del país. En ello, se debe revisar la protección comercial (arancelaria y no arancelaria) y modernizar toda la política pública de libre competencia. Esta integración, de las empresas en estas cadenas, contribuirá a mejorar las capacidades productivas y de capital humano que se vieron deterioradas por las caídas en nuestros índices de productividad.

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La pandemia ha afectado profundamente la actividad productiva del país y del mundo. Y una vez más, el CPC reúne positiva y acertadamente esfuerzos para visibilizar los problemas estructurales que se mantienen en Colombia en materia de competitividad, así como formula propuestas sólidas que deberían servir de base en la política pública para avanzar en el proceso de recuperación, algo esencial para formalizar oportunidades en medio de la crisis.