No siempre el cliente tiene la razón

Las cargas para mantener la integridad del sistema financiero no pueden recaer exclusivamente en los bancos, es hora de examinar la responsabilidad de los clientes que intencionalmente mienten para abusar del sistema en su beneficio propio. Mentir al sistema financiero debería ser un delito.

Históricamente ante una tragedia natural, emergencia económica o de salud pública, es común que los gobiernos destinen grandes cantidades de dinero que tienden a ser transferidos a velocidades que, de no mediar la emergencia, no lo harían así de rápido.

Para suplir los problemas generados por la pandemia del coronavirus los gobiernos del mundo destinaron millones de dólares en programas de ayuda que se debieron canalizar de dicha forma. Ante la generosa oferta de liquidez, éstos también terminaron atrayendo a personas que cometieron fraudes y abusaron de las asistencias. 

Por ejemplo, uno de los programas para atender la crisis del coronavirus por parte del Gobierno de los Estados Unidos incluyó prestamos condonables a empresas para que pagaran sus nominas y otros gastos (Paycheck Protection Program). Para obtener dicha ayuda las empresas debían enviar la solicitud de crédito a través de un banco incluyendo información sobre su número de empleados, costo de la nómina y documentación que soportara la necesidad del dinero.   

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Durante los últimos meses se han conocido varios casos de abusos de esta ayuda los cuales han sido rápidamente judicializados por parte del Departamento de Justicia de ese país. En Texas un denominado emprendedor falsificó los documentos enviados al banco, mintió sobre el número de empleados que tenía y gastó las ayudas en un Lamborghini, un Rolex y en un club de striptease. En Florida un empresario utilizó el dinero en, óigalo bien, otro Lamborghini, ropa, joyas y sitios de citas en internet. La historia se repite con otras personas igualmente arrestadas en Nueva York, Nevada, y otros estados donde los dineros también han terminado en relojes Rolex, tiendas de diseñador y autos Mercedes Benz.

La herramienta común que ha permitido tomar rápidas y ejemplarizantes actuaciones está en el simple hecho que mentir a una institución financiera en los Estados Unidos es un delito federal, con el agravante que en este caso se hizo para el aprovechamiento de un programa del Gobierno. Estados Unidos defiende y castiga con dureza el abuso y la utilización incorrecta de su sistema financiero, a través de varios delitos y su régimen de sanciones.

Al analizar las responsabilidades de los clientes y las consecuencias de abusar del sistema financiero en Colombia, las cargas se encuentran muy desbalanceadas. Ante un eventual abuso de programas de asistencia, son los bancos o los funcionarios públicos los que terminan siendo la presa fácil de las investigaciones, sin que se analice el papel de los clientes o de quienes han cometido fraudes en los programas. Esta circunstancia genera desincentivos para que las entidades denuncien pues luego terminan siendo investigadas.

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En nuestra propia coyuntura, llama la atención el caso del Ministro de Agricultura y el Presidente de Finagro quienes están siendo investigados por haber expedido políticas para el otorgamiento de ayudas en el marco de la crisis. Todo ello, por cuenta de algunas empresas que al parecer no cumplían los requisitos para acceder a las mismas, trasladando entonces la culpa a quienes pusieron en marcha la política. Como si los funcionarios, en medio de la emergencia, pudieran anticipar quien va a abusar de ella.

Tradicionalmente ha sido entendido que las responsabilidades respecto al manejo de los riesgos y cargas derivadas de las relaciones entre clientes y entidad, recaen mayoritariamente sobre las entidades financieras. Esta regla no puede ser absoluta.

También en los últimos años se han expedido más normas encaminadas a proteger al consumidor financiero, tema que con el tiempo se ha convertido en nicho de mercado de algunos políticos para atacar al sistema financiero y obtener votos cada vez que hay elecciones. Con el coronavirus no ha sido la excepción.

Más allá de las verificaciones y controles que puedan tener las entidades, el cierre del producto o el envío de un reporte de operación sospechosa, las consecuencias deberían ser más serías e inmediatas.

Nada de esto debería detenernos para que, en el caso de fraudes y suministro de información o documentos falsos, se planteen los cambios necesarios para que haya consecuencias ejemplarizantes. Es decir, mentir al sistema financiero en Colombia debería ser un delito. El ejemplo de Estados Unidos muestra que la herramienta es eficiente y logra la colaboración del sistema financiero para castigar a los verdaderos responsables en este tipo de casos.