¿En qué van las peticiones del paro Nacional?

Todo indica que la ola de protestas que vivió el país no tuvo un impacto muy fuerte en la temporada decembrina de 2019. Sin embargo, la continuidad de los paros es una de las grandes amenazas para el desempeño del consumo y el crecimiento económico de este año.

La primera jornada de protesta de 2020, el 21 de enero (21E), no se pareció a las de finales del año pasado, pues mostró que cada vez están menos claras las razones del paro. Pero no se puede desestimar.

Las marchas arrancaron el 21 de noviembre (21N) esencialmente contra un grupo de reformas económicas, la corrupción y la defensa del proceso de paz, en lo que denominaron el “Paquetazo de Duque”. En ese momento se trataba de 13 peticiones ambiciosas. Pero a medida que las marchas se han vuelto recurrentes y de grupos más diversos, cada uno con un objetivo particular, la protesta social parece haber perdido el norte.

El propio Comité Nacional del Paro entregó al gobierno nacional a mediados de diciembre una agenda de más de 104 propuestas agrupadas en 12 capítulos. Son ocho páginas completas, “un paquetazo de peticiones sobre lo divino y lo humano”.

En ellos, por ejemplo, le piden al Gobierno abstenerse de presentar reformas económicas y echar para atrás muchas de las establecidas, la laboral, la pensional, la tributaria y las privatizaciones, entre muchas otras. También, que retome integralmente los acuerdos de paz firmados en La Habana y la negociación con el ELN.

Para algunos, como el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, esto parece más un programa de Gobierno que unas peticiones concretas para negociar. De hecho, en una de sus columnas de El Tiempo afirmó que esta era la agenda de El Caguán.

Otros analistas afirman que para hacer este tipo de reformas de gran calado hay que ganar elecciones y no tratar de imponerlas o negociarlas en una mesa. Pero el Comité Nacional del Paro, donde están básicamente las organizaciones sindicales del país, se negó a participar de la gran Conversación Nacional y pidió negociar de manera independiente.

Un análisis efectuado por el Gobierno sobre la agenda de más de 135 puntos afirma que 6% de las exigencias no son competencia del Ejecutivo, sino de otras ramas del poder, y que 20% de las propuestas son totalmente inviables. Por un lado resultan excesivamente costosas en medio de un escenario de estrechez fiscal, como reestatizar a Ecopetrol, lo que podría valer $15 billones o eliminar el 4x1000, que significaría renunciar a $7 billones. Y, por el otro, porque adoptarlas significaría cambiar de un tajo el modelo económico y político del país.

Acá aparecen puntos que van desde eliminar la intermediación de la salud, prohibir el fracking, no privatizar y revertir al Estado lo ya privatizado, hasta retirar a Colombia de la Ocde y revisar los Tratados de Libre Comercio.

Además, algunas de las peticiones son etéreas o contienen reclamos incuantificables o cuyo costo depende de las decisiones que se tomen. Por ejemplo, hay temas no solucionables por decreto, como eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres o eliminar la tercerización laboral.

También piden derogar el Plan Nacional de Desarrollo, La Ley de Crecimiento Económico, La Ley Naranja, el salvamento para Electricaribe y la Ley Zidres.

Los ministerios encontraron en sus análisis que 65% de los puntos corresponden a acciones que el gobierno nacional ya está atendiendo. Aquí aparecen asuntos como el avance en la transición energética, los proyectos de ley anticorrupción y la prohibición de minería en los páramos. Y que el Gobierno solo podría atender 10% de las exigencias.

Por eso, algunos analistas consideran que el Gobierno no puede negociar el Estado en una mesa con algunos grupos y que ellos no deberían ser los únicos interlocutores para estos temas. Otros ven en las protestas un intento de desestabilizar al gobierno de Iván Duque y aprovechar el descontento social para fines electorales.

Por esto, Duque amplió la Conversación Nacional donde ha avanzado en 32 mesas de diálogo, 6 de estas con el Comité Nacional de Movilizaciones. Hasta la fecha ha recibido por medio de una plataforma electrónica más de 12.000 aportes de ciudadanos sobre temas que van desde la juventud, la educación y el crecimiento con equidad, hasta la lucha contra la corrupción, la paz y el cuidado del medio ambiente. Habrá también alrededor de 14 encuentros en diferentes regiones del país

El próximo 15 de marzo –antes del arranque de la agenda legislativa– el Gobierno se comprometió a entregar los resultados de este proceso y las iniciativas que saldrán del mismo. También afirmó que ya hay algunos resultados como el plan de alivios y un proyecto de reestructuración del Icetex, así como algunas medidas para incentivar el empleo para los jóvenes.

Los gremios empresariales les han pedido al Gobierno y al país no dejarse intimidar, pero también no abstenerse de dar esas discusiones y hacer las reformas que se requieran, afirma Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien agrega que “el statu quo no puede ser una opción”.

Ante esto, reformas como la pensional y la laboral vienen tomando fuerza, pues esos temas que preocupan a toda la población y requieren un amplio debate público.

Pero en esta discusión el Gobierno no ha logrado ponerse de acuerdo. Desde el año pasado viene avanzando la discusión en el comité tripartito sobre una reforma pensional, que el Gobierno ha denominado de protección a la vejez.

Pero no hay consenso para presentarla. En el Gobierno hay dos bandos: unos que plantean que se presente en marzo próximo y otros que se vaya para el segundo semestre.

Uno de los temas más sensibles sería el régimen de transición y su cobertura. Los líderes de las marchas no apoyan esta reforma, pero tampoco hay representantes de los ancianos que hoy están sin pensión y sin recursos para vivir dignamente.

El Ministerio de Trabajo ha venido impulsando una reforma laboral, que permita contratar por horas, avanzar hacia la formalidad y regular las plataformas colaborativas, tipo Rappi.

Sin embargo, en el mismo Gobierno algunos sectores no ven viable en el corto plazo la reforma laboral ni ven margen de maniobra para la pensional.

Falta ver si el Gobierno logra un mayor respaldo de los partidos que le den más gobernabilidad. Pero también si los partidos que llegan están dispuestos a tramitar reformas controversiales.

Sin duda, el origen de la protesta y muchos de los reclamos sociales son reales, y la clase media teme perder sus avances. Por ello el país debe crecer en forma mucho más inclusiva y equitativa, pero sin perder el foco. El debate continúa.