LABORAL
¿Por qué Colombia no genera más empleo?
La concentración de la inversión extranjera en el sector minero-energético es un problema. Las Mipymes son las mayores generadoras de puestos, pero son las firmas que menos sobreviven. A todo esto hay que sumar la elevada informalidad. Estas son las principales trabas del mercado laboral.
Pese a tener acuerdos comerciales vigentes con 58 países y ser el tercero en América Latina en este aspecto (solo es superado por México y Chile), en Colombia esta situación no se ha traducido en la generación de más y mejores empleos. Esta afirmación es de la Escuela Nacional Sindical (ENS), según la cual una de las explicaciones para esta situación es que la inversión extranjera directa derivada de los TLC se concentró mayoritariamente en el sector petróleo y de minería del carbón, que no es intensivo en mano de obra.
En 2018 el sector minero-energético participó con 0,9% del total de empleo nacional (211.000 puestos), frente a 12% que aportó la industria manufacturera (2,7 millones de puestos), 16,7% del sector agrícola (3,8 millones de puestos), y 26,8% del sector comercio, hoteles y restaurantes (unos 6 millones).
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Además, la gran mayoría de empleos en la actividad minera está en empresas pequeñas, donde prima la informalidad y las condiciones de trabajo precarias, inestables y riesgosas para la salud ocupacional y el bienestar de los trabajadores.
Según la ENS, que es una organización dedicada a la defensa de los derechos laborales, otro factor que afecta la generación de empleo en el país es que está muy concentrado en las micro y pequeñas empresas (Mipymes), que son las que tienen menores tasas de supervivencia.
Hasta 2016, las Mipymes generaron 67% del empleo del país y 28% del PIB, lo que según las cuentas de la ENS es casi el mismo PIB que genera el Grupo Aval, uno de los más grande del país, presente en varios sectores económicos y responsables del 25% del PIB.
Cifras de Confecámaras indican que, en 2016, el país tenía 2,5 millones de Mipymes (94,7% micro y 4,9% pequeñas y medianas), lo que implica que solo 0,4% del total de compañías nacionales son grandes, con más de 500 empleados.
El problema está en que de 1´075.908 empresas que se crearon entre 2013 y 2017, se quebraron 1´011.613 (94%) y la mayoría de ellas Mipymes.
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El drama del ‘cuentapropismo’
Otra de los lastres del mercado laboral colombiano radica en que hay un elevado número de empleos por cuenta propia, los cuales el año pasado eran 44% de los más de 22 millones de ocupados, lo que equivale a 9´791.000 personas, que en su mayoría están en empleos básicos que no requieren mayor preparación.
De acuerdo con los expertos de la ENS, si se analiza el mercado laboral por nivel de habilidad, los ocupados en Colombia se dividen en tres grupos: los de altas habilidades (gerentes, profesionales, técnicos y profesionales asociados); de habilidades medias (oficinistas, trabajadores de servicios y ventas, agricultura calificada, artesano certificado, operarios, etc.); y de bajo nivel de habilidad (ocupaciones básicas y manuales).
El 60% de los empleos generados entre 2002 y 2016 (6,2 millones) fue para ocupaciones del nivel medio de habilidad, sobre todo en los sectores de transporte y comunicaciones, intermediación financiera, servicios comunales y personales, construcción e industria manufacturera. “Que es precisamente la categoría de trabajo más amenazada por los avances tecnológicos. Muchas de estas tareas requieren combinación de trabajo técnico con sistemas de información y maquinaria, campo que ha tenido numerosos avances tecnológicos en años recientes”, advierten.
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Esto hace necesario brindar capacitación continua y de calidad a la población trabajadora para que no se vea perjudicada en los nuevos entornos laborales y no tanto por la robotización, que tendrá más impactos en economías más insertadas en cadenas de suministro global, sino por la precaria presencia del Estado en asuntos regulatorios asociados con el mundo del trabajo, y más ante la elevada informalidad y cuentapropismo.
Se estima que en el país 65,7% de los trabajadores carecen de protección social (salud, pensión y riesgos laborales), dato que sube a 87% en el sector rural. Además, hasta 2017, 70% de la fuerza laboral del país ganó menos de 1,5 salarios mínimos mensuales, inferior al costo de la canasta básica familiar.
“No debe sorprender entonces que los sectores que más empleo generan sean aquellos donde más trabajo informal y cuentapropismo existe. Es el caso del comercio, hoteles y restaurantes, servicios comunales, sociales y personales y agricultura”, reiteran en la ENS.
Inspección rezagada
Los cambios tecnológicos también han traído nuevos modelos de negocios, que generan empleos bajo otras condiciones, como es el caso de lo que ofrecen firmas tipo Uber o Rappi.
En la ENS les preocupa “la ineficacia y pasividad regulatoria del Estado frente a riesgos laborales asociados a nuevas actividades económicas y la reorganización del proceso productivo relacionado con cambios tecnológicos, los cuales implican ritmos laborales más intensos, horarios flexibles, estrés mental, desgaste ergonómico, menos estabilidad en el empleo e incremento del acoso laboral”
En el primer semestre de 2018 se reportaron 1.406 casos de este tipo, frente a los 803 en todo 2017. Pero más agobiante es el subregistro, tanto porque los trabajadores desconocen sus derechos en esa materia, contenidos en la Ley 1010 de 2006, como por el temor de denunciar acoso en un entorno donde conseguir y conservar un empleo es tan difícil.
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Ni los empleados de Uber ni los de Rappi tienen vinculación laboral alguna y trabajan como contratistas independientes, en el sentido de que deciden cómo prestan el servicio y tienen flexibilidad horaria, pero padecen de altos niveles de ansiedad e incertidumbre por la inestabilidad laboral.
“Los Rappitenderos y conductores de Uber no solo ponen el capital y el esfuerzo, sino que además asumen todos los riesgos, mientras la empresa que controla la conexión entre mensajero y cliente devenga la mayor parte de las utilidades. La innovación digital por ahora no robotiza el trabajo en Colombia, solo construye un nuevo modelo de precarización laboral tecnológica”, concluyen en la ENS.