POLÍTICA
A Humberto de la Calle no le gustó la decisión de la Corte de otorgar fuero especial a Petro: “¿No se le puede cobrar una multa de tránsito?”
El exsenador coincidió con el exfiscal Alfonso Gómez Méndez en la necesidad de un tribunal de aforados.
La decisión de la Corte Constitucional de blindar al presidente Gustavo Petro y a todos sus homólogos en adelante y evitar que el Consejo Nacional Electoral los investigue administrativamente, no le gustó a más de un dirigente político en el país.
Este miércoles 2 de julio, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez escribió una columna de opinión donde se despachó contra la decisión de la Corte Constitucional porque fijó la competencia exclusivamente para la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso, donde las investigaciones no avanzan y no hay resultados contundentes.
Habló de la necesidad de revivir el tribunal de aforados y planteó la posibilidad de que el Congreso le levante el fuero presidencial contra Petro para que se investigue y se determine si, realmente, violó los topes electorales en las elecciones del 2022.
“Dos ideas para cambiarlo: que el Congreso se limite a “desaforar” al presidente y, que un tribunal de verdad, el de aforados que en equivocada decisión tumbó la Corte Constitucional, realice el juicio independiente. Así se harían compatibles estabilidad política y justicia. Lo de ahora es impunidad pura y simple", propuso textualmente.
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El exsenador y exconstituyente Humberto de la Calle aplaudió la posición de Gómez Méndez y fue más allá porque habló del riesgo que supone la decisión de la Corte Constitucional en favor del jefe de Estado.
“El Pacto Histórico no debería exagerar. No debe confundir la oposición, que es legítima con el golpe de estado. Pero la sentencia de la Corte sobre fuero integral tiene un mal sabor. ¿De modo que el Consejo Nacional Electoral sólo investiga a los perdedores? Porque es claro que no puede tumbar al presidente ni apresarlo. Pero un fuero ilimitado recuerda la irresponsabilidad de los reyes", argumentó.
Y siguió preguntando: "Tras la decisión de la Corte Constitucional, ¿no le pueden cobrar una multa de tránsito al presidente? ¿No le pueden cortar la luz por falta de pago? El tema de fondo es el mar de complicidades legalizadas, cuya apoteosis es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Lástima que no hubiera salido adelante un verdadero tribunal de aforados".
Y es que en Colombia pocos creen en el papel que adelanta la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.
A Petro, por ejemplo, lo investigan por presunta financiación irregular de su campaña presidencial en 2022 dos congresistas de su partido político (Alirio Uribe y Gloriza Arizabaleta), además del parlamentario Wilmer Carrillo, del Partido de la U, cercano a la Casa de Nariño.
Y, aunque Uribe le anunció a SEMANA en febrero de 2025 que el país conocería una decisión durante el primer semestre de este año, no ocurrió. Recientemente este medio le preguntó y él dijo que aún lo tenían recusado varios de sus compañeros y, por eso, no podía avanzar con el tema.
Esa postura es poco creíble porque la intención de los parlamentarios es acercarse al 7 de agosto de 2026, cuando al presidente se le acaba su período. No obstante, la investigación no precluye y el escenario del hoy mandatario en un futuro es incierto.
