Ad portas de que se conozca el fallo, el expresidente Álvaro Uribe denunció persecución política en su contra e irregularidades dentro del proceso

El expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó en redes sociales un extenso recuento del caso en su contra, en el que denuncia lo que califica como una persecución política articulada por sectores del “Petro-Santismo” y del proceso de paz de La Habana.

En diez puntos, el exmandatario describe lo que, a su juicio, han sido irregularidades graves en las distintas etapas judiciales que ha enfrentado desde 2018.

Uribe asegura que su proceso inició con más de 20.000 interceptaciones ilegales por parte de la Corte Suprema, pese a que la orden estaba dirigida a otro parlamentario. Según él, se trató inicialmente de un error técnico, pero que fue convertido en una decisión deliberada. Entre esas escuchas, afirma, se vulneraron comunicaciones con su abogado defensor.

También señala que el presidente Gustavo Petro ha intervenido de manera indebida en su caso, al hacer al menos una docena de pronunciamientos públicos, pese a negar su intervención. A esto suma lo que califica como decisiones judiciales sesgadas a partir de denuncias contra el senador Iván Cepeda, que terminaron revirtiéndose en su contra en la víspera electoral de 2018.

“Unas denuncias presentadas por mis abogados contra el senador comunista Iván Cepeda, cercano a las Farc, en 2012 y adicionadas en 2014, las resolvió el magistrado Barceló de la Corte Suprema en la víspera electoral de 2018, en favor de Cepeda y acusándome de soborno de testigos y de engaño a la justicia”, se lee en el trino de Uribe.

El expresidente y exsenador relata que fue enterado de un nuevo proceso judicial solo después de asumir nuevamente como senador y denuncia que fue privado de la posibilidad de rendir versión libre y de contradecir a los testigos. También cuestiona que el magistrado José Luis Barceló habría anticipado públicamente decisiones en su contra a través de medios de comunicación.

En el desarrollo del proceso, Uribe menciona que el magistrado César Reyes, quien le dictó medida de aseguramiento diez meses después de recibir su indagatoria, tenía conflicto de intereses por su cercanía con el entorno de Cepeda y su vínculo contractual con el gobierno Santos. A la vez, lo señala de promover la recusación contra la magistrada Cristina Lombana, a quien le había correspondido el caso inicialmente.

En otro punto, cuestiona la decisión de la Corte Constitucional en la que el magistrado Alejandro Linares, designado por Santos y ponente del fallo, habría filtrado información al periodista Daniel Coronell y admitido una llamada del expresidente Santos durante el trámite de la ponencia.

Uribe también indica que dos fiscales pidieron precluir el caso, pero sus solicitudes fueron rechazadas. A pesar de nuevas pruebas que, según él, resultaron favorables, el fiscal Gilberto Villarreal, a quien acusa de no declararse impedido pese a haber sido promovido por Eduardo Montealegre, terminó presentando la acusación. Villarreal fue trasladado después, pero la decisión quedó en firme.

El exmandatario cierra su denuncia mencionando que Montealegre, actual ministro de Justicia, es uno de los declarados como supuestas víctimas en el proceso, pese a haber ordenado en su época de fiscal la detención de su hermano, quien fue absuelto en primera instancia.

También señala que otra supuesta víctima está asilada, con ayuda de Cepeda, y que esta habría sido identificada por inteligencia militar y por su comunidad como integrante de las Farc, además de estar denunciada por lavado de activos.