Alcaldes del suroccidente del país piden al Gobierno Petro retomar los bombardeos contra las Farc de Mordisco

Alcaldes del suroccidente del país estuvieron reunidos este lunes 17 de junio en Bogotá en un encuentro de la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) para analizar todo lo que está pasando en esa región por cuenta de los ataques terroristas de las disidencias de Iván Mordisco.

En ese sentido el presidente de Asocapitales y alcalde de Cali, Alejandro Eder, el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, y la directora ejecutiva de Asocapitales, Luz María Zapata, pidieron al Gobierno Nacional intervenir de manera eficaz y rápida en el suroccidente de Colombia.

Lo cierto es que los mandatarios locales de esa región están cansados de que estos grupos criminales sigan atemorizando a la ciudadanía y por eso se hizo otra petición al presidente Gustavo Petro.

“Se tiene que revisar la política de bombardear los campos de estos grupos ilegales. Lo que se está haciendo es darle una ventaja táctica a estos grupos ilegales que, además, están reclutando menores de edad por todos los territorios”, dijo Alejandro Eder.

Agregó: “Esta situación no puede continuar porque se está afectando la economía y el desarrollo social de la región. Los grupos terroristas están poniendo bombas contra los civiles y están progresando en esta región de Colombia”.

Lo que más les preocupa a los alcaldes de esa zona del país es que las disidencias cada día están controlando más el territorio y el Gobierno Petro no está actuando correctamente para combatirlos.

En las últimas semanas las disidencias de Farc han golpeado con atentados terroristas al Valle del Cauca y al Cauca en claros ataques a la población civil y en medio de las negociaciones de paz que adelantan con el Gobierno petro.

Además, se instauró una acción popular para que el Gobierno Petro actúe de inmediato frente a bloqueos en la Vía Panamericana y se hagan uso de los mecanismos de negociación y diálogo que atiendan las pretensiones de los grupos poblacionales que acuden a vías de hecho para reclamar del Estado su atención.

“En lo que va corrido del año se han presentado 29 bloqueos en la Vía Panamericana que afectan directamente a la población del suroccidente del país, según COLFECAR”, dicen en un comunicado.

La petición que se está haciendo al Ejecutivo está respaldada por Asointermedias, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro; el Comité Intergremial de Cauca, liderado por Gerardo Arroyo; el Comité Intergremial de Nariño, liderado por Arturo Ortega; el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, en cabeza de su director ejecutivo, Juan Manuel Sanclemente y COLFECAR y su directora Ejecutiva, Nidia Hernández.

“Nuestras ciudades capitales, cuatro departamentos (Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca), 156 municipios y más de 8.300.000 habitantes de Colombia, -la totalidad de la población del suroccidente del país-, ven directamente afectados sus derechos fundamentales con los repetidos bloqueos de la vía Panamericana”, dijeron en el comunicado.

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, dijo que los bloqueos en el transporte son crueles sobre la economía de la región ya que esta se basa en la producción de bienes perecederos como productos lácteos o agrícolas.

“Ya no son reclamos de asociaciones campesinas o indígenas, se tornó en una conducta constante. Cuando se tapa la carretera se dejan de transportar cerca de 3600 vehículos y 25 millones de kilos de mercancía. Grandes industrias se han retirado de nuestra región, como Alpina y Bavaria”, expresó Muñoz.

Explicaron que con lo que está pasando en la vía Panamericana se está poniendo en riesgo la movilidad, la seguridad alimentaria, el trabajo y el acceso a servicios públicos por el ejercicio de la protesta social que no se puede usar como un mecanismo de presión.

“Solicitamos al Gobierno nacional y a la Fuerza Pública intervenir de manera pronta y eficaz con el fin de prevenir una afectación irremediable de los derechos de estos individuos y comunidades afectadas por los bloqueos. Hacemos un llamado respetuoso pero urgente para que hagan uso de los mecanismos de negociación y diálogo, pero que también se recurra al uso legítimo de la autoridad, si las circunstancias lo ameritan”.