Política
Alertan por posible alianza “institucional” entre la fuerza pública y las disidencias de las Farc
En entrevista con SEMANA, la defensora del pueblo mostró inquietud por el alcance de la nueva medida del Gobierno Petro en el marco de la paz total.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, encendió las alarmas en SEMANA por una supuesta alianza “institucional” que se forjaría entre la fuerza pública y el frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo.
Se trataría de la zona de ubicación temporal donde llegarían armados los integrantes de este grupo armado ilegal en Norte de Santander y las autoridades tendrían la misión de protegerlos en el marco de una eventual transición a la legalidad.
La inquietud de la defensora es que, de acuerdo con la información pública, los miembros de esta estructura seguirían portando su armamento en una zona con presencia de la población civil, con el agravante de que allí persisten las confrontaciones entre estas personas y el ELN.
“Ahí realmente no hay condiciones de seguridad, y la fuerza pública va a tener que entrar a proteger esta zona de ubicación. Prácticamente, va a implicar una alianza institucional, va a tener que entrar a proteger a un grupo armado que no se ha desarmado y que está en guerra con otro grupo”, manifestó la funcionaria en SEMANA.
El otro problema que ella ve es la falta de un marco jurídico que establezca cómo se van a garantizar los derechos de las víctimas.
Por ahora, no es claro lo que ocurrirá con la posible zona de ubicación temporal del frente 33 de las disidencias de las Farc y cuáles serán las tareas de la fuerza pública, que sigue en el sector tratando de contener la guerra que encendió el ELN el pasado 16 de enero y que cobra múltiples víctimas.
En el más reciente informe publicado por la Gobernación de Norte de Santander se detalló que, entre ese día y el 8 de mayo, cerca de 127 personas han perdido la vida de manera violenta, entre ellos cinco menores de edad y 12 miembros de la fuerza pública —cinco policías y siete soldados—.
Las confrontaciones no han parado entre los dos grupos armados ilegales y eso lo prueban los números. En el mismo documento de la administración departamental se detalló que hay 66.150 desplazados y 11.490 confinados, siendo Teorama el municipio con más personas encerradas por miedo de caer en medio de la guerra que mantienen los ilegales.
El ELN no da su brazo a torcer y su objetivo es desterrar a los miembros del frente 33. En medio del macabro objetivo ha atacado a líderes sociales, firmantes de paz y víctimas del conflicto. En respuesta, las disidencias de las Farc han caído en el mismo ciclo de violencia, pasándose por encima los derechos humanos, según denuncias de organismos internacionales y el Ministerio Público.
