Aprobado en primer debate proyecto que da tratamiento penal diferencial a pequeños cultivadores de uso ilícito; hay preocupación

Este miércoles, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que establece un tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de plantaciones de uso ilícito en el país, a pesar del cuestionamiento de varios congresistas.

Se trata de un proyecto de ley que nació del acuerdo final de paz firmado en La Habana, y que busca la adopción de una política criminal en materia de drogas dirigida no a la judicialización de pequeños cultivadores.

El objetivo es establecer un tratamiento penal diferenciado que consistirá en la renuncia, por parte de la autoridad competente, al ejercicio de la acción penal o su extinción, según sea el caso, así como la extinción de la pena o de la acción de extinción de dominio, a todos aquellos campesinos que tengan pequeños cultivos ilícitos, siempre y cuando estén registrados en un programa de sustitución de cultivos.

Una de las principales preocupaciones de algunos congresistas, es que este proyecto avanza en su trámite en el Congreso sin que cuente con un concepto favorable ni de la Fiscalía General de la Nación, ni del Consejo Superior de Política Criminal.

“No hay un concepto, al menos compartido, o un diálogo con la Fiscalía General de la Nación, ni tampoco un concepto del Consejo Superior de Política Criminal, a pesar de haberlo solicitado el ponente”, había alertado la representante Piedad Correal, a SEMANA.

Con este proyecto, “se está despenalizando o quitándole la acción penal a la Fiscalía General de la Nación en contra de pequeños cultivadores de coca, de marihuana”, dijo Correal, quien advirtió que al aprobarse este proyecto “nos podríamos llenar de cultivos ilícitos como se está dando actualmente en el país, y son esos cultivos ilícitos los que precisamente generan inseguridad y violencia en muchos territorios del país”.

Hoy en el marco del primer debate, Correal volvió a lanzar advertencias sobre el proyecto de ley: “Radiqué dos oficios requiriendo el concepto del Consejo de Política Criminal y de la fiscal general de la Nación. Hablé con la fiscal y le comenté que yo tenía algunas consideraciones con este proyecto de ley y me informó de su total desconocimiento de este proyecto de ley”, dijo.

“Yo estoy totalmente de acuerdo con los cumplimientos del acuerdo de paz de La Habana, y de proteger a nuestros pequeños campesinos, pero no estoy en disponibilidad de aprobar un proyecto que no escuche la jurisdicción, ni el poder judicial, ni al órgano investigativo, ni al Consejo de Política Criminal”, agregó Correal.

De acuerdo con las representantes, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, le manifestó algunas preocupaciones: “Estaré atenta al pronunciamiento de la Fiscalía. Lo primero que me preguntó (la fiscal) es “¿cómo se va a regular la cantidad de tierra que esté en esa producción?, ¿cómo se va a blindar que esos campesinos no sean instrumentalizados por los grupos al margen de la ley y por los narcotraficantes de este país?”

“Por eso para mí este es un proyecto de suma responsabilidad”, puntualizó Correal.

Por su parte, el representante Andrés Cadavid, quien presentó ponencia de archivo, la cual fue negada en la Comisión, afirmó: “No puede ser que nosotros vayamos a hacer la aprobación de un elemento tan importante, de una consecuencia tan importante, sin que tengamos la noción, porque ni siquiera es un concepto exacto, de lo que pueda estar pensando la Fiscalía”.

A pesar de ello, el proyecto fue aprobado en la Comisión Primera con 24 votos a favor y 4 en contra, y ahora la iniciativa pasa a segundo debate.

El representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, destacó la aprobación del proyecto de ley en primer debate.

“Son por lo menos 200 mil familias, más de un millón de compatriotas, el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico sobre el cual la mayor persecución y judicialización. La persistencia del problema de las drogas ilícitas está ligada a la existencia de condiciones de pobreza y marginalidad, debilidades de la política estatal y la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico”, afirmó.

Y agregó: “Como respuesta, en el Acuerdo de Paz se pactó un tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores en aras de contribuir a la transformación económica y social de los territorios afectados por la problemática de las drogas ilícitas e intensificar la lucha contra los actores u organizaciones dedicadas al narcotráfico. El tratamiento penal diferenciado implica la renuncia o extinción de acciones penales y penas, previa verificación del cumplimiento de programas como el PNIS u otras iniciativas estatales de sustitución de cultivos”.

Para Becerra, “este avance refleja nuestro compromiso con la paz y el desarrollo sostenible, dando un paso significativo hacia un futuro más justo y digno para todos los colombianos”.