Así reaccionaron diferentes sectores ante la decisión de la Registraduría de no convocar a consulta popular hasta que las altas cortes se pronuncien

El registrador Nacional, Hernán Penagos, señaló que el futuro de la controvertida consulta popular del gobierno Petro quedará en este momento en las altas cortes. Se le pedirá a la Sala de Consulta del Consejo de Estado un concepto sobre la controversia jurídica que podría suscitar el llamado a la consulta popular.

El primero en pronunciarse fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien señaló que, “yo creería que él no está acatando el decreto, él es un operador logístico por así decirlo, él no tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el gobierno. Creo que se está equivocando gravemente en eso”.

Por su lado, el representante a la Cámara, Julio César Triana, señaló que “respaldamos la decisión del Registrador Nacional, Hernán Penagos, de suspender la convocatoria a la llamada ‘Consulta Popular’ y solicitar al Consejo de Estado un pronunciamiento sobre la legalidad del denominado ‘decretazo’“.

Según él, esa decisión representa un acto de respeto por la Constitución, la democracia y el principio de la separación de poderes “el mensaje es claro: no se puede acudir a una consulta popular para pasar por encima del Congreso”.

Del Centro Democrático, el representante Hernán Cadavid, aseguró que el registrador no tenía las condiciones para proceder a aplicar la consulta solicitada por el presidente Gustavo Petro. “El registrador efectivamente va a esperar las decisiones de la justicia sobre la legalidad del concepto negativo que emitió el Senado de la República”.

Y siguió: “Todos tenemos la certeza que el Senado negó la consulta popular y lo que está haciendo Petro, pidiéndole al registrador que, en su consulta por decreto, pueda actuar es una vulneración de la constitución”.

Por su lado, la representante Juana Carolina Londoño, del partido Conservador, señaló que la determinación del registrador estaba plenamente enmarcada en la “cautela institucional”.

“Cautela institucional es que una entidad autónoma eleve solicitud a las altas cortes de concepto jurídico sobre una ‘consulta popular’ que está siendo cuestionada mediante más de diez acciones de nulidad, cerca de cien tutelas, y once demandas por inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional", escribió la congresista en su cuenta de X.

Su homóloga, Jennifer Pedraza, graduó de prudente al registrador y también celebró su decisión: “El registrador es prudente: pudiendo aplicar la cuestionable tesis de Petro-Montealegre para negar la Consulta Popular, prefiere actuar en coherencia con lo que le digan las Altas Cortes. En momentos de burlas a la construcción el blindaje institucional es mejor que tomar una decisión con apuros".