Atención: presidente Petro sancionó la ley que ratifica el Acuerdo de Escazú

El presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó desde el Centro Aéreo de Transporte Militar (Catam), la ley que ratifica el Acuerdo de Escazú, el cual fue aprobado en el Congreso de la República, en el cual se encuentran más de 30 países de América Latina y el Caribe para fortalecer aspectos ambientales de la región.

Medidas que están enfocadas en proteger a los defensores del medioambiente; garantizar los mecanismos para evitar vulneraciones de derechos en materia medioambiental o para exigir justicia si suceden; participación de las comunidades en asuntos ambientales que generan afectaciones en los territorios: acceso gratuito y público a la información medioambiental, para que las personas conozcan sobre la calidad del aire, el agua, etc.

En otras palabras, pretende que la sociedad civil sea más fuerte en la política ambiental, haciéndola más participativa.

El Gobierno nacional ha señalado que para Colombia, el Acuerdo de Escazú es un instrumento clave que le permitirá superar las ambigüedades actuales que tiene la legislación ambiental y contar con un marco jurídico unificado y estandarizado que proporcione reglas claras a todos los actores nacionales.

En abril de 2021, entró en vigor este tratado internacional, durante el Día Internacional de la Tierra, celebrado el 22 de abril. Sin embargo, Colombia seguía en deuda con ese tema, a pesar de la firma que hizo el presidente Iván Duque del documento, pues se requería la aprobación de la ley para hacerse real en cada país.

Según le explicó en su momento a SEMANA Lina Muñoz, profesora de la Universidad del Rosario y experta en temas medioambientales, esta es la primera vez que la región se une en un instrumento con fuerza de ley internacional en temas de derechos humanos y medioambiente.

Los opositores del acuerdo, en su mayoría miembros del Centro Democrático, aseguran que este les da agencia a organizaciones internacionales para entrometerse en asuntos ambientales internos del país, que según ellos son del orden nacional.

De otro lado, congresistas de la derecha consideran que se pueden generar algunos riesgos de la soberanía del país sobre sus territorios. La senadora Paloma Valencia comentó que está de acuerdo con algunos puntos que se deberían implementar, pero recalcó el riesgo que habría al firmar el tratado completamente.

El Centro Democrático en pleno se pronunció en contra de este acuerdo.

La principal crítica es que se podría afectar al sector productivo en todos los niveles y la confianza inversionista. “Luego de un minucioso estudio jurídico y político sobre el acuerdo, nuestra bancada encuentra que Escazú significa la pérdida de la soberanía de Colombia, por tratarse de un acuerdo que supone la prevalencia del derecho internacional sobre el orden interno”, dijo la colectividad.

Finalmente, durante el debate, que se registró hace varias semanas, en la Plenaria de la Cámara, se retiraron las bancadas del Centro Democrático y de Cambio Radical.