Auditoría General de la República dice que obras inconclusas en entes territoriales le han costado al país más de $6,8 billones

La Auditoría General de la República lanzó un boletín técnico en el que hace un análisis de la contratación territorial en término de las obras que quedaron inconclusas. Revisando las obras sin finalización que se registraron en el país entre 1991 y 2023, llegaron a la conclusión de que se han destinado más de 6,8 billones de pesos a estos proyectos.

El estudio, que realizó el Observatorio de Política Pública del Control Fiscal, encontró que durante los 32 años analizados, se suscribieron 982 contratos que terminaron en obras inconclusas, con un valor promedio de 6.927 millones de pesos.

Para esta conclusión, la Auditoría General de la República utilizó el inventario de proyectos sin terminar consolidado por entes territoriales y reportadas a la Contraloría General de la República. Esto reveló que las obras de vivienda, infraestructura vial, instalaciones deportivas y hospitales son las que menor avance presentan en su ejecución. Les siguen, según cuenta el informe, los contratos para llevar a cabo alcantarillados y acueductos.

De acuerdo con la entidad, Bogotá, Magdalena, Antioquia, Valle del Cauca, Tolima y Bolívar son las zonas del país donde más recursos se han destinado para obras inconclusas. Además, es aquí donde se presenta un menor grado de avance de estas.

María Anayme Barón Durán, auditora general de la República, manifestó haber puesto esta información en conocimiento de los organismos de control.

“Este informe es un insumo importante para el desarrollo de las actividades de vigilancia y control que realizan las contralorías territoriales; por eso, desde la Auditoría General de la República lo hemos puesto en conocimiento de estos organismos de control para que realicen las acciones propias de su competencia”, dijo la funcionaria luego de la publicación del informe.

Fiscalía abrió investigación por posible corrupción de dineros públicos entregados a EPS, tras informe de Contraloría

La Fiscalía confirmó que ya abrió una noticia criminal para investigar la posible corrupción que se estaría dando en la destinación de recursos públicos a las EPS por medio de la Unidad de Pagos por Capitación (UPC), el valor que el Estado paga por cada afiliado, y los presupuestos máximos que transfiere la Adres para los servicios y tecnología que no están dentro de la UPC.

En medio de la reunión extraordinaria que se adelantó este lunes 8 de abril en las instalaciones de la Contraloría, en el occidente de Bogotá, y la cual lideró el propio contralor (e) Carlos Mario Zuluaga, la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, hizo parte del encuentro, y confirmó que la entidad ya tiene una noticia criminal sobre ese informe que reveló los fallos de responsabilidad fiscal que se han emitido por cerca de tres billones de pesos contra Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).

Con esa decisión, la Fiscalía investigará penalmente las irregularidades que ha detectado la Contraloría con los recursos públicos que se le está destinando al sistema de salud, pero terminan en malos manejos, como el pago de horarios no laborados y la compra de implementos que no se necesitan en el plan de salud, entre otros, según detalló el propio Zuluaga.

En medio de la sesión técnica que convocó la Corte Constitucional para hacerle seguimiento al pago de la UPC, el contralor (e) Zuluaga advirtió: “Los informes que presentamos hoy dan cuenta de que hemos proferido fallos de responsabilidad fiscal por unos 3 billones de pesos en contra de IPS, hemos tenido malos manejos en relación con los recursos de la salud, específicamente de la UPC (Unidad de Pago por Capitación)”.

Además del contralor y la fiscal, el encuentro también estuvo acompañado del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien también le hará un seguimiento detallado a los actos de corrupción que se vienen denunciando en el funcionamiento del sistema de salud y los graves hallazgos que reveló la Contraloría.

La Fiscalía establecerá unas mesas de trabajo para que se le pueda hacer seguimiento detallado al informe de la Contraloría. De esa forma, se busca determinar responsabilidades penales de quienes estarían cogiendo la plata de la salud de millones de colombianos para beneficio propio.