Política
Cámara aprueba en segundo debate la Ley Jineth Bedoya Lima: obligará a capacitar a funcionarios públicos en violencia de género
Jineth Bedoya intervino y relató experiencias de revictimización en instituciones.
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Este lunes, 15 de diciembre, fue aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley bautizado como Jineth Bedoya Lima, que obliga a la administración pública a capacitar de manera obligatoria a servidores, contratistas y particulares que desempeñan funciones públicas en materia de violencia basada en género y enfoque de género.
La iniciativa fue presentada por la representante Catherine Juvinao y contó con una votación unánime en la plenaria.
El texto aprobado plantea que la capacitación abarque a quienes participan en la prevención, atención, protección y sanción de violencias contra las mujeres. Es decir, no solo servidores públicos de atención directa, sino también funcionarios judiciales, de seguridad y contratistas de entidades públicas que intervengan en estos procesos. El proyecto formaliza mecanismos de seguimiento, evaluación y actualización de esas capacitaciones.
En la sesión, la periodista Jineth Bedoya, autora del movimiento ‘No es hora de callar’, intervino y relató experiencias de revictimización en instituciones como la Policía y Medicina Legal, y recordó su propio proceso judicial para argumentar la necesidad de medidas que eviten que las víctimas tengan que repetir su relato en múltiples instancias.
La representante Catherine Juvinao, ponente del proyecto, vinculó la iniciativa con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bedoya Lima, que ordenó medidas de capacitación y protección para mujeres periodistas.
El proyecto, tras su aprobación en segundo debate en la Cámara, debe surtir los debates en el Senado (faltan dos) y, si es aprobado por la corporación, pasar a la sanción presidencial para convertirse en ley.
La iniciativa forma parte de medidas vinculadas a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Bedoya. En septiembre del año pasado, el Gobierno presentó el fondo ‘No es hora de callar’ (Ley 2358 de 2024), destinado a financiar programas de prevención, protección y asistencia para mujeres periodistas víctimas de violencia; esa norma y las medidas ordenadas por la Corte han sido citadas como antecedentes del proyecto que asoma ahora como norma de capacitación obligatoria.
La ley también contempla la creación de mecanismos de evaluación y actualización de las capacitaciones, para asegurar que los contenidos se mantengan vigentes y efectivos, y que se reduzcan prácticas institucionales que puedan revictimizar a las mujeres.
Esto implica que las entidades deberán rendir cuentas sobre la implementación de los programas de formación, garantizando seguimiento y ajustes periódicos cuando sea necesario.
