Seguridad
La apuesta de Petro que hace aguas: este es el caos que viven los erradicadores de coca. Dicen que no les pagan y trabajan de manera indigna
Erradicadores denuncian que no les pagan a tiempo y condiciones laborales denigrantes. Afirman que a veces no arrancan la planta, sino que la doblan, lo cual pone en jaque el proyecto del Gobierno Petro contra la droga.
Los erradicadores de coca son civiles trabajando en condiciones de soldados. Se internan en la selva por dos meses para vivir en campamentos militares, duermen en cambuches, su comida depende de las remesas que les envía la fuerza pública y la jornada laboral va ligada a la luz del sol: desde las cinco de la mañana salen a caminar para buscar las fincas donde arrancarán las plantas de la hoja base de coca y solo terminan a las seis de la tarde cuando tienen que resguardarse con la puesta del sol.
La situación se ha vuelto insostenible. Un grupo de cuatro erradicadores que trabaja en la serranía del sur de Bolívar, en los programas de erradicación manual de cultivos, denunció que están laborando sin que les paguen su salario a tiempo, con raciones de comida insuficientes. Un extrabajador habló de una posible irregularidad en el proceso, pues afirma que algunas plantas no son arrancadas, sino dobladas, por lo que no se estarían erradicando por completo los cultivos.
Todos ellos son hombres cercanos a los 40 años que no tenían trabajo, que habían laborado antes en obras civiles o en cultivos y aceptaron la oferta para poder enviarles dinero a sus familias. Contaron su relato con la condición de preservar sus nombres, pues temen perder la única fuente de ingresos por revelar las condiciones en las que se efectúa la erradicación manual de cultivos.
“Desde hace tres contratos para acá siempre ha sido lo mismo: uno le pregunta a los coordinadores y no dan respuesta concreta, a veces le contestan a uno con groserías”, relató uno de los hombres denunciando la demora en los pagos.
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La erradicación manual de cultivos es la apuesta del Gobierno de Gustavo Petro para esquivar otros métodos más nocivos para el ambiente, como la aspersión aérea con glifosato.
Pero realizarla requiere una logística nacional: grupos de 21 civiles que se internan por dos meses en la selva en compañía de un ingeniero, un oficial antinarcóticos de la fuerza pública y un enfermero para recorrer las fincas y arrancar una a una las plantas. Que haya un enfermero en el equipo móvil da cuenta de los riesgos de esa tarea porque los empleados pueden sufrir descompensaciones en el terreno.
Ellos van acompañados de personal militar que, desde el aire, en helicópteros, detecta con imágenes satelitales dónde debe realizarse la erradicación para que quienes están en tierra midan el hectareaje con un Trimble (una especie de sensor) y empiecen a arrancar mata por mata.
A los erradicadores no los contrata directamente el Estado, sino la empresa Global Services, que tiene el contrato de erradicación en Colombia desde hace más de tres años. La firma está afincada en Bogotá, pero despliega sus grupos móviles en todas las regiones del país en las que hay programas de erradicación, como Aguachica, Villagarzón, San José del Guaviare y Carepa.
Se trata de un intermediario que pone a los trabajadores en la zona y del que depende que el Gobierno cumpla sus metas sobre los cultivos. Una vez en territorio, las labores dependen de las Fuerzas Militares y la Policía, y quienes arrancan las plantas son los erradicadores contratados por Global.
A los trabajadores los vinculan bajo el formato de obra labor por lapsos de dos o tres meses y los pagos se liquidan al final de los contratos. Por eso, los empleados denuncian que se están quedando semanas enteras sin recibir dinero pese a que están sometidos a las condiciones de la selva. Y si bien el presidente Petro ha sido un crítico de ese tipo de dinámicas laborales, ellos dependen de que les renueven sus convenios cuatro veces al año para asegurar un sustento.
Rogando por los pagos
“Tengo tres niños pequeños que necesitan comer y ya no me los quieren recibir en el colegio. ¿Cómo es posible que tengamos que rogarle a la empresa para que paguen? Nosotros somos como 2.000 trabajadores y algunos tenemos miedo de hacer la denuncia”.
Ese es el testimonio de otro de los erradicadores del sur de Bolívar que decidió contactar a SEMANA después de que uno de sus compañeros renunció porque no soportó trabajar en medio de la selva. El mensaje lo acompaña de un audio de una mujer en el que ella comenta cómo tiene las manos tan magulladas de tanto arrancar las plantas.
¿Pero hay demoras en los pagos? Esta es la respuesta de la compañía: “Global Services SAS al momento no ha recibido ningún requerimiento formal de ningún erradicador que participó en nuestras fases donde se pueda evidenciar que haya retraso en los pagos de liquidaciones o de algún tipo laboral”. Por el contrario, sostienen que han contratado y liquidado 21.138 trabajadores, que no han sido objeto de requerimientos o demandas laborales por el no pago de los emolumentos y prestaciones a que tiene derecho el personal.
La cuestión del pago es apenas uno de los puntos que aquejan a los jornaleros. Los cuatro erradicadores con los que habló SEMANA, y una quinta fuente que salió de la compañía en agosto, aseguraron que la comida que les llega es insuficiente y de mala calidad: el desayuno puede ser un plato de arroz; el almuerzo, arroz con lentejas; y la cena, una jamoneta o salchicha con más arroz.
La alimentación no depende de Global Services, sino de que los helicópteros de la fuerza pública puedan acceder al terreno con los alimentos. Esos aparatos llevan el cargamento de remesas que se reparten entre los policías y los civiles localizados en el territorio, con paquetes de granos y cereales, azúcar, chocolate en polvo y proteínas enlatadas. Si la aeronave no puede acceder a la zona por motivos climáticos, les toca tasar el alimento hasta que de alguna base aérea de las Fuerzas Armadas les vuelvan a enviar el mercado.
Por esas condiciones laborales de civiles viviendo la vida de soldados, las renuncias son una constante en los trabajos de erradicación, poniendo a tambalear las metas en ese proyecto. Pero en el catálogo de posibles irregularidades llegó una grave denuncia de un extrabajador que dejó su cargo en agosto: en ocasiones no estarían arrancando las plantas, sino doblándolas.
“Las jornadas eran que uno salía a las cinco de la mañana hasta las seis de la tarde, todo ese tiempo arrancando mata. Cuando uno está acá, le dicen que no puede doblar la mata y allá le toca doblarla. Eso es lo que le dicen a uno, que eso es prohibido y allá aun así los ingenieros lo obligan a uno a doblar la mata. O sea, no arrancarla, sino doblarla”, contó el extrabajador, que reside en Valledupar.
Según ese testimonio, antes de que los erradicadores entren a una finca es un ingeniero el encargado de organizar el proceso y el mismo que en algunas ocasiones ha dado la orden de doblar las plantas. Sin embargo, lo que pasa en terreno es responsabilidad de cada uno de los equipos móviles de erradicación.
Las renuncias en las misiones de erradicación son una constante. Los trabajadores pasan dos meses alejados de sus hogares, laborando todos los días, hasta que se les termina el contrato para tener ocho días de descanso y esperar que les llegue uno nuevo.
SEMANA contactó al Ministerio de Defensa para conocer su versión sobre las irregularidades que salpican los procesos de erradicación manual, pero para al momento del cierre de esta edición no había recibido respuesta de dicha cartera.