Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, fue reconocido por la JEP como víctima del conflicto colombiano

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció como víctima al exgobernador del Magdalena y exrector de la Universidad del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo, en el marco del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, en asociación con paramilitares o terceros civiles, relacionados con el conflicto armado colombiano.

La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, mediante el Auto OPV-677 del 18 de junio de 2025, en el cual se resolvió un recurso de reposición interpuesto por Caicedo tras la negativa inicial de la JEP, que había considerado que los hechos por él denunciados no cumplían con los criterios del caso.

“Durante más de dos décadas he sufrido una persecución sistemática que ha dejado cicatrices imborrables en mi vida pública y personal. Calumnias, procesos judiciales sin fundamentos y privación injusta de la libertad por años y amenazas constantes por haberme enfrentado a las mafias políticas que se lucraron del conflicto”, dijo Caicedo.

Caicedo denunció haber sido objeto de amenazas, estigmatización, injuria y calumnia entre 1996 y 2016 en Santa Marta, principalmente por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bandas criminales como Los Urabeños y el exgobernador Trino Luna Correa, actualmente compareciente ante la JEP.

Según el documento judicial, la Sala valoró que si bien varias de las conductas denunciadas, como las campañas de desprestigio y acusaciones judiciales, no constituyen en sí mismas graves violaciones a los derechos humanos, sí podrían tener esa connotación al formar parte de una estrategia de persecución política ligada al control institucional y al conflicto armado, patrón ya documentado por la JEP en el Caribe colombiano.

“La JEP reconoce que he sido víctima del conflicto armado colombiano. Es una decisión histórica que reconoce en esas falsas acusaciones en la campaña de desprestigio en mi contra como parte de una estrategia de eliminación política sistemática. Este fallo no solo reivindica mi nombre sino que sienta un precedente porque la calumnia y la estigmatización también son formas de violencia”, añadió el exgobernador.

La defensa de Caicedo aportó pruebas que incluyen denuncias ante la Fiscalía, notas de prensa y, especialmente, una sentencia de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla (2018) que alertó sobre intentos de manipular el proceso transicional mediante declaraciones falsas contra él.

Según esta sentencia, existió una campaña para vincularlo con organizaciones criminales y responsabilizarlo por asesinatos dentro de la Universidad del Magdalena, todo ello en un contexto de disputa por el control político y administrativo del departamento.

La Sala consideró que los actos de hostigamiento, falsos señalamientos y judicializaciones en su contra fueron funcionales a una estrategia para excluirlo del escenario público, deslegitimar su liderazgo y obstruir su participación política. En ese sentido, estos hechos podrían tener conexión directa o indirecta con el conflicto armado colombiano.

Además de revocar la negativa previa, el auto le otorga a Caicedo el estatus de interviniente especial ante todas las salas de la JEP, permitiéndole participar activamente en las actuaciones judiciales del Caso 08. También se reconoció la personería jurídica de su abogada, Mónica Cristina Puentes Celis, para representarlo dentro del proceso.

Este reconocimiento marca un precedente dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, al ampliar el análisis de las conductas victimizantes más allá de la violencia armada directa, considerando el impacto de mecanismos como la estigmatización, la persecución judicial y la destrucción reputacional en el marco del conflicto armado.