POLÍTICA
Caso Petro en CNE: ¿se mueven magistrados cercanos al gobierno para caducar investigación por presunta financiación irregular de su campaña?
SEMANA conoció que una magistrada que pidió el expediente del presidente solicitó un aplazamiento porque saldrá del país. El tiempo corre en el CNE para tomar una decisión sobre la campaña del jefe de Estado.
La investigación por presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro está a punto de caducar. SEMANA confirmó que esa sería la suerte del proceso después de junio de 2025 y la Casa de Nariño, al parecer, le estaría apostando a ganar tiempo.
Aunque las pocas semanas preocupan, algunos magistrados cercanos al presidente, al parecer, buscan ayudarlo para que su investigación administrativa caduque sin ninguna decisión de fondo.
Los togados y ponentes de la investigación, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, rechazaron desde hace tres semanas las nulidades que presentaron en su contra los abogados de Gustavo Petro y el gerente de su campaña, Ricardo Roa, al responder el pliego de cargos del CNE.
La respuesta de la nulidad llegó a la sala plena y las magistradas Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, cercanas a Gustavo Petro, pidieron la rotación de esos documentos para evaluarlos con calma y votarlos.
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Aunque es de ley que los magistrados duren hasta una semana con los expedientes en sus escritorios, estudiándolos detenidamente, en el caso de la magistrada Velásquez parece más un intento por ganar tiempo y de paso, favorecer a Petro y a los directivos de su campaña.
SEMANA conoció que este viernes 31 de enero de 2025, la togada le pidió, a través de una carta al presidente del CNE, Álvaro Hernán Prada, una “prórroga y suspensión del término del expediente”.
Es decir, ella tenía que rendir ponencia en ocho días hábiles, la primera semana de febrero, pero solicitó que le den un nuevo plazo porque viajará al exterior.
“Es necesario señalar que, mediante la Resolución 00024 del 3 de enero de 2025, se me concedió una comisión de servicios en la ciudad de Quito, Ecuador, del 5 al 10 de febrero del año en curso. En consecuencia, toda vez que, conforme a lo previsto en el reglamento, la participación en sala plena resulta improcedente cuando un magistrado se encuentra en comisión de servicios en el exterior, y considerando que la próxima Sala Plena está citada para el 6 de febrero, solicito que el cómputo del término de revisión del expediente se suspenda mientras dure mi comisión y se reanude inmediatamente después de su finalización”, se lee en la misiva.
Según Velásquez, “si el expediente se somete a discusión y votación en mi ausencia, el propósito mismo de la rotación y la vocación con la que se previó por nuestro reglamento la entrega del informe, se verían desvirtuados, afectando el derecho al estudio riguroso y la deliberación informada que deben regir el análisis de expedientes de esta magnitud”.
Por lo anterior, solicitó que “el término de revisión sea contabilizado conforme a las salvedades expuestas y que el expediente sea incluido en la agenda de la Sala Plena inmediatamente siguiente a la finalización de mi comisión. Esta medida no solo es acorde con las disposiciones reglamentarias, sino que responde a un criterio de equidad y garantía de participación efectiva en las decisiones del órgano colegiado”.
SEMANA conoció que al interior de la sala plena no quieren que la investigación contra Gustavo Petro caduque porque se enviaría un pésimo mensaje al país y estiman que se debería tomar una decisión. Por eso, lo más probable es que esa petición de Velásquez no prospere.
La magistrada Alba Lucía Velásquez fue la misma togada que denunció SEMANA porque ocultó a sus compañeros del Consejo Nacional Electoral que fue testigo electoral del Pacto Histórico en las elecciones a Congreso de 2022, recibió pago y votó a favor de Petro en ese tribunal.
