Centro Democrático rechaza posibles interceptaciones telefónicas a la línea de Andrés Julián Rendón

El Centro Democrático rechazó la “persecución” contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, después de que se conociera que su línea de teléfono habría sido interceptada durante al menos 71 días.

“El Centro Democrático rechaza con firmeza la persecución emprendida por el Estado contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y contra congresistas de nuestra colectividad”, aseguró el partido en un comunicado. Y es que no solo se trata del caso de Rendón.

El representante a la Cámara por ese mismo departamento, Hernán Cadavid, fue denunciado por el director de la UNP, Augusto Rodríguez, ante la Corte Suprema de Justicia; además, el representante por Bogotá, Andrés Forero, también fue denunciado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Ambos congresistas han expuesto posibles irregularidades protagonizadas por los funcionarios del Gobierno nacional en los despachos que dirigen Rodríguez y Jaramillo, quienes además son cercanos al presidente Petro.

“La denuncia revelada por El Colombiano sobre la interceptación ilegal de la Fiscalía al gobernador Rendón reviste una gravedad extrema: demuestra que las instituciones están siendo utilizadas como herramientas de intimidación contra la oposición. Resulta arbitrario que se ordenara interceptarlo durante 71 días, desde el 14 de mayo, y que incluso en documentos judiciales se le señale como ‘imputado’ y hasta ‘condenado’, sin serlo“, escribió el Centro Democrático.

El informe publicado por el rotativo antioqueño indica que el ente acusador tuvo acceso a las conversaciones de Rendón con al menos diez personas, entre las que se cuentan integrantes de su gabinete en la Gobernación, exfuncionarios que trabajaron junto a él en la Alcaldía del municipio de Rionegro y excontratistas.

“El Centro Democrático expresa su respaldo absoluto al gobernador Andrés Julián Rendón, hombre íntegro, trabajador y comprometido con Antioquia, y denuncia ante el país que este es un nuevo intento por amordazar jurídicamente a la oposición y a quienes ejercen control político en defensa de la democracia“, advirtió la colectividad.

El caso por el que se investiga al gobernador tiene que ver con las posibles irregularidades que denunció una veeduría ciudadana en la construcción de dos CAI durante el periodo en el que ejerció como mandatario local de ese municipio del oriente antioqueño.

El proceso en su contra corresponde a una investigación de hace seis años que no había prosperado en los estrados judiciales hasta la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía General de la Nación.