Colombia clama por una pausa: atentado contra Miguel Uribe recuerda los peores momentos de la violencia política

El senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, lucha por su vida en una UCI de la Fundación Santa Fe de Bogotá mientras el país mira consternado un hecho que no se registraba hace más de tres décadas: un aspirante a la Presidencia fue víctima de un atentado contra su vida.

Colombia no vivía un escenario así desde 1990, cuando la violencia del narcotráfico apagó la vida de candidatos a la Presidencia y al Congreso, exministros, legisladores y militantes de partidos políticos por el solo hecho de disentir contra el narcotráfico.

Para dimensionarlo, un dato: ningún colombiano menor de 35 años había vivido una noticia semejante en la que los medios de comunicación informaran sobre un hecho sicarial contra uno de los aspirantes a la Casa de Nariño, en medio de una carrera para las elecciones de 2026 que apenas comienza y ya se tiñe de sangre.

Uribe Turbay recibió cinco disparos mientras daba un discurso en la localidad de Fontibón, en Bogotá, en medio de un recorrido de la campaña que adelanta como uno de los precandidatos del Centro Democrático para conseguir el aval de ese partido.

El ataque en su contra es un “cobarde atentado”. Así lo describió el representante, Andrés Forero, quien no es solo su compañero de bancada, sino la fórmula del senador Uribe Turbay en la Cámara, y uno de los legisladores más cercanos a su propuesta política.

Otro de sus coequiperos en el Congreso es el representante a la Cámara, Hernán Cadavid, quien dejó claro que la polarización que ha tenido Colombia en los últimos meses, en la que el precandidato fue uno de los blancos de esos ataques, dejó un grave resultado para la historia política del país.

“La exposición y señalamiento infundado contra opositores, el lenguaje que invita a la destrucción de los contrarios, trajo la violencia”, afirmó Cadavid. El precandidato ha sido una de las voces destacadas de esa oposición al Gobierno, convocando al control político desde el Congreso y, recientemente, encabezando un contrapeso a la consulta popular.

En sus últimas declaraciones públicas antes del atentado Uribe Turbay informó que alista demandas contra los ministros del Gobierno de Gustavo Petro que firmen el decreto para convocar a esa consulta, documento que el Ejecutivo ya tiene listo y con el que pretende convocar a las urnas para preguntarle a la ciudadanía sobre dos asuntos que ya está en trámite en el Legislativo: la reforma laboral y la reforma a la salud.

Con el atentado contra el exsenador y precandidato queda un interrogante: ¿los precandidatos a la Presidencia, y futuros candidatos, pueden salir con garantías a hacer campaña? Esa es una pregunta que ronda entre los actores políticos del país.

La periodista y precandidata Vicky Dávila cuestionó que el presidente Petro haya divulgado ataques contra los políticos de oposición a través de su cuenta de X. “¿Quiere, a caso, que nos maten a todos los de la oposición que estamos luchando por una Colombia diferente y mejor?“, escribió Dávila.

Ha sido tal la consternación por el atentado contra Miguel Uribe que el jefe de Estado moderó su discurso durante la alocución que dio pasadas las 11 de la noche del sábado, reclamando evitar que el país se incendie y garantizar la vida de todos los actores políticos.

Petro comparó el crimen contra el precandidato presidencial con el asesinato a Carlos Pizarro, quien fue su compañero de armas en la guerrilla del M-19, y con el homicidio a Luis Carlos Galán, el liberal que se perfilaba como uno de los favoritos para llegar a la Casa de Nariño en 1990.

“Cuando se mata un dirigente político, y esa es nuestra historia desde los tiempos de Bolívar, nos matamos con facilidad. La muerte de un dirigente político, cualquiera que sea su pensamiento, puede generar una vorágine de violencia”, sostuvo Petro.

Las autoridades están investigando el atentado contra el precandidato del Centro Democrático. Por lo pronto, se ha confirmado que uno de los autores del crimen era un adolescente de 15 años, lo que obliga al sistema judicial colombiano a juzgarlo como un menor de edad y no como un adulto señalado de disparar un gatillo.