Colombianos desaparecidos en Venezuela: la incansable búsqueda de las madres que tienen a sus hijos detenidos en cárceles de ese país

Al abogado colombiano Iván Colmenares lo ha buscado su mamá en cada cárcel de Caracas, Venezuela, sin conseguir una sola certeza sobre dónde está. El primero de noviembre de 2024 salió desde su casa en Arauca hacia Cúcuta, tomando un atajo por el sector de El Amparo, territorio venezolano, y a partir de entonces no se ha comunicado con su familia.

Lo único que saben es que, en el último mensaje que salió de su celular, él les informó a sus amigos que había sido detenido en un puesto migratorio a fin de verificar que no fuera un riesgo para la seguridad nacional. La llegada a Cúcuta para visitar a su madre, Dolly García, era una sorpresa que se salió del libreto y los amigos de Colmenares terminaron llamándola para contarle que su hijo estaba retenido por el Saime, la autoridad migratoria venezolana.

Esa fue la última ocasión en la que Iván usó su teléfono. Dolly jamás tuvo en sus planes viajar a Caracas, pero el desespero la llevó hasta la capital para buscarlo en todos los centros de reclusión. En los días de una Navidad adelantada por Nicolás Maduro, cuando las fiestas eran solo una celebración del régimen, ella se la pasó tocando la puerta de las prisiones, rastreando noticias de él en un esfuerzo fallido, pues, como lo dice, “allá en Venezuela no reciben denuncias”.

Dolly dejó Caracas con los pies cansados y sin información de Iván. Se necesitaron dos meses y 25 días desde esa tarde de noviembre para obtener un indicio de su paradero, con un mensaje que le llegó de un exrecluso en el que el desconocido le confirmaba que habían estado juntos en la cárcel. “Ya es mucho desespero y el Gobierno no hace nada”.

En Venezuela están detenidos 1.908 colombianos, 1.660 hombres y 248 mujeres, la mayoría por procesos de narcotráfico. El registro de connacionales privados de la libertad se ha incrementado año tras año desde 2019 y, luego del deshielo de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, la Embajada de Colombia en Caracas le ha pedido información al régimen sobre estos casos sin tener respuestas claras.

El régimen le ha respondido 21 notas diplomáticas a la Cancillería acerca de esta cuestión desde el primero de octubre de 2024, en las que le dicen que los colombianos por los que pregunta no están en sus cárceles. Pero, si la última vez que ellos se comunicaron con sus familiares informaron que estaban siendo retenidos por el Saime, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), entonces, ¿dónde están? La última vez que se supo de su paradero se encontraban bajo la custodia de un actor estatal venezolano.

“Ellos lo tienen”

Esa es la pregunta que se hace Manuelita Cáceres desde el municipio de Pueblo Bello, Cesar, donde espera noticias de Brayan Navarro, quien desapareció el 6 de enero en la frontera cuando un control de la Dgcim lo interceptó mientras iba camino a Valencia, donde reside y trabaja como conductor. “Lo detuvieron por ser extranjero y la orden era detener a todo colombiano que intentara cruzar”.

Su último mensaje a la familia llegó a las 11:20 de la noche de ese día. “Mami, me tienen aquí detenido. Estoy desesperado, tengo hambre y no me dicen nada”. Desde entonces han pasado dos meses y Manuelita da a su hijo por desaparecido, pues ninguna autoridad del régimen se ha comunicado con ellos y en Colombia tampoco han encontrado respuestas.

La familia Cáceres no sabe qué delitos le imputan y solo les han contado que por esos días estaban arrestando a los extranjeros por ser supuestos mercenarios. En ese entonces, Maduro adelantaba su juramentación para un nuevo periodo en el Palacio de Miraflores tras las elecciones presidenciales en las que su dictadura no mostró las actas de votación que dieran cuenta del presunto triunfo. Los colombianos eran los principales sospechosos de querer atacar su investidura.

La familia lo buscó en la frontera, y en Valencia sus jefes acudieron a la Policía, pero les contestaron que había sido trasladado a Caracas; allá tampoco les respondieron sobre su paradero. Manuelita viajó a Bogotá para denunciar su caso ante el Gobierno nacional y sigue sin respuestas, aunque su corazón de madre le dice que él está vivo. “Aquí falta que el presidente Petro se ponga la mano en el corazón. Hemos hecho demasiado. Él alcanzó a tomar una foto y tenemos la evidencia de que sí son ellos los que lo tienen”.

En enero, Petro publicó un mensaje en el que se refirió a las detenciones de 12 colombianos en Venezuela. Luego, el 8 de febrero, la Cancillería divulgó un comunicado reclamando la liberación de estas personas, pero fue borrado horas después.

Presos políticos

Un relato de dolor cuenta Liliana Luque desde el 7 de noviembre, cuando su hijo Danner Barajas viajó de Facatativá a Arauca para cruzar por tierra hacia Venezuela con el deseo de abrazarla, después de pasar seis años sin verse. Como era su primer viaje internacional, Danner sacó el pasaporte y en la zona limítrofe contrató un mototaxi de confianza para que lo guiara por un camino que no pudo recorrer. A las 3:18 de la tarde de ese jueves, los guardias lo obligaron a bajarse para un chequeo migratorio del que nunca regresó.

La familia lo intentó todo. Su papá fue hasta ese mismo puesto de control a fin de preguntar qué había ocurrido con él y los agentes le recomendaron buscarlo en Caracas. Reunieron sus ahorros para viajar a la capital y preguntarlo en las cárceles. Llegaron, incluso, hasta uno de los centros de tortura del régimen con la esperanza de encontrarlo, pero con miedo de que ese fuera su paradero. A Liliana le temblaban las piernas mientras caminaba la pendiente que conduce a la cárcel El Helicoide; allí le contaron que de ese lugar los detenidos no salían ilesos.

Tocó la puerta, habló con los policías y tampoco le dieron noticias sobre su hijo. “Nos han dicho que mi hijo es un preso político, pero no entiendo por qué le dicen así. Nosotros solo somos campesinos”.

La Cancillería respondió que Colombia ha expuesto el fenómeno de las “presuntas detenciones arbitrarias y la negativa a permitir la asistencia consular a sus connacionales en Venezuela en diferentes espacios multilaterales”. Las madres que hablaron con SEMANA sostuvieron una reunión con el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, de la que salieron molestas por la incertidumbre de no conseguir información.

Lo cierto es que esa lucha no es infundada, pues la relatora de Naciones Unidas sobre la tortura, Alice Jill Edwards, publicó un informe en el que confirma que Venezuela es uno de los países que practica la toma de rehenes por motivos políticos como herramienta de presión diplomática.

Dolly García, Manuelita Cáceres y Liliana Luque crearon un grupo de madres de colombianos que desaparecieron en la frontera a manos de los organismos de seguridad del Estado venezolano con el deseo de que, juntas, sus voces se escuchen hasta alguna prisión en Caracas en la que están sus hijos esperando que la diplomacia de Colombia funcione para recuperar la libertad.