Comisión de Acusación pidió a la fiscal Luz Adriana Camargo el reporte de sus actuaciones ante el escándalo de corrupción en la UNGRD

Una semana después de que SEMANA revelara que la fiscal general Luz Adriana Camargo tiene más de 20 denuncias penales en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que casi no se mueven judicialmente, la congresista del Partido Liberal, María Eugenia Lopera, tomó una decisión en torno a una de las investigaciones que ella adelanta.

Pidió en calidad de investigadora a la fiscal Camargo un informe detallado sobre cada una de sus actuaciones en el escándalo más grande de corrupción ocurrido en el Gobierno del presidente Petro: el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

La orden de la congresista apunta a que la fiscal entregue esa información en los próximos 15 días hábiles. “La idea es que obren como prueba”, manifestó la parlamentaria, cercana al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Lopera se refiere al expediente 7049, cuyo denunciante es Pablo Bustos, quien hace parte de la Red de Veedurías de Colombia Veedores sin Fronteras.

De acuerdo con lo investigado por SEMANA, Bustos denunció a la fiscal por presunto abuso de la función pública, favorecimiento, entre otros delitos.

Según él, la cabeza principal de la Fiscalía —ternada por el presidente Petro— permitió que el organismo judicial realizara omisiones y se demorara en proferir la orden de captura contra el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, el cerebro principal detrás del escándalo de la UNGRD.

A su juicio, eso permitió que González planeara su fuga y se quedara en Nicaragua, protegido bajo el régimen de Daniel Ortega y burlándose de las autoridades en Colombia.

En la denuncia, Bustos argumentó que la fiscal Camargo, al parecer, no fue diligente y su entidad facilitó que César Manrique, el exdirector de Función Pública, también involucrado en el escándalo de corrupción, se fugara.

Tanto González como Manrique tienen circular roja de Interpol.

SEMANA confirmó que el 10 de junio de 2025, el exdirector del Dapre, mayor de edad, casado y con pasaporte colombiano, se presentó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua a solicitar su asilo político.

Y el 20 de agosto del mismo año, Daniel Ortega le concedió la protección política al exdirector del Dapre, pese al escándalo en su contra.

“Según el solicitante del asilo, lo hizo por su trayectoria política como líder de izquierda y revolucionaria; su papel en la conformación del actual gobierno; su cercanía con el actual presidente Gustavo Petro, quien fue su compañero en la guerrilla del M-19, ha sido objeto de una persecución política, judicial y mediática, impulsada por la extrema derecha colombiana”, se lee.

En dos semanas se conocerá la respuesta de la fiscal Camargo a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.