“¿Cómo es posible que no exista cadena perpetua?”: rechazo por presunto abuso en jardín infantil de Bogotá

Avanzan las investigaciones de las autoridades para esclarecer qué ocurrió en un hogar infantil de Bogotá, donde un funcionario fue denunciado por presunto abuso sexual en contra de menores de edad.

Varias voces han rechazado lo acontecido y han desempolvado el debate sobre las condenas de violadores en Colombia, como la cadena perpetua.

La información revelada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es que varias familias acusaron a un empleado de la Asociación Parque Canadá por supuestos delitos en contra de la “libertad, integridad y formación sexual”. Él fue detenido y será presentado ante un juez de la República en las próximas horas para que defina su situación legal.

Las críticas no han parado y abundan los mensajes para que los hechos no queden en la impunidad. Uno de ellos fue el de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien informó en sus redes sociales que se ha identificado a ocho víctimas, que tendrían tres años; a su juicio, esta persona debe seguir privada de la libertad y no puede volver a las calles.

“Qué indignación, qué frustración, qué cosa tan horrible que uno siente de pensar que ocho niños de tres añitos fueron violados por un degenerado. ¿Por qué la Corte nos quitó la cadena perpetua para los violadores de niños?, ¿qué vamos a hacer con una bestia como esa? (…) Por lo menos, debiéramos aplicarle una castración química. ¿Cómo es posible que en Colombia no exista cadena perpetua?”, manifestó la senadora.

Frente a este cuestionamiento, respondió el exministro de Justicia, Wilson Ruíz: “Como exministro de Justicia, impulsé con determinación la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, convencido de que la protección de nuestra niñez debe ser una prioridad nacional, más allá de cualquier ideología o tecnicismo jurídico. Esta no es una postura de venganza, sino de justicia ejemplar. Quienes cometen delitos sexuales contra menores destruyen vidas de forma irreversible y no pueden seguir beneficiándose de penas mínimas.Lamentablemente, la Corte Constitucional decidió declarar inconstitucional esta medida, sirviéndose argumentos que respeto, pero con los que no concuerdo. Hablar de resocialización en estos casos refleja, a mi juicio, una desconexión profunda con el dolor de las víctimas y con el clamor legítimo de un país que exige justicia real para nuestros niños”.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se unió al rechazo en un mensaje en cuenta de X y le pidió al Gobierno nacional trabajar en estrategias para proteger a los menores de edad de este tipo de episodios, más allá de las diferencias políticas que los distancia.

Unos hogares infantiles son manejados por el Distrito y otros por el ICBF. “Toda mi solidaridad con las víctimas y sus familias. Como alcalde de Bogotá, le pido nuevamente al Gobierno nacional que trabaje de manera coordinada con el Distrito para evitar que hechos como estos se repitan, ni en jardines administrados por el Gobierno nacional, como este caso, ni en los jardines distritales”, manifestó el mandatario este martes.

Mientras tanto, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, le solicitó a la Fiscalía General de Nación que le dé celeridad a la investigación en contra del funcionario acusado de atentar en contra de los menores de ese hogar infantil y anunció que el establecimiento fue cerrado de manera preventiva hasta nueva orden.

“Las familias nos han denunciado hechos que ameritan toda la fuerza y el rigor de la investigación, por eso hemos trabajado con la Fiscalía para que tome decisiones rápidas sobre este trabajador y hemos empezado todos los procesos de investigación también sobre la asociación que operaba el hogar infantil”, comentó la directora en un video difundido por la entidad.