Concejal Emel Rojas le pide a Claudia López voluntad política para construir una segunda cárcel distrital

En una carta enviada a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el concejal de Colombia Justa Libres, Emel Rojas, le solicitó a la burgomaestre que se garanticen los recursos necesarios para la construcción de una segunda cárcel distrital en el sector de la Cárcel La Picota.

El cabildante explicó que existe un convenio entre la Nación y el Distrito, para edificar una segunda Cárcel Distrital, en dónde el Gobierno Nacional pondría los terrenos en la Picota y la Alcaldía se encargaría de la construcción.

“Ese es un buen acuerdo que permitiría darle una pronta solución a un hacinamiento que, según cifras de la Personería de Bogotá, ya llega a un 263 % en los Centros de Detención Transitoria, en las Estaciones de Policía y en las Unidades de Reacción Inmediata.”, resaltó el concejal Emel Rojas.

“Pero como lo ha aclarado el ministro de Justicia, Néstor Osuna, esa nueva cárcel sería para personas indiciadas, porque el Gobierno Nacional, por Ley, solo puede construir cárceles para condenados”, agregó el concejal.

Para Rojas, es necesario que de parte de la Alcaldía exista voluntad política y colaboración para apropiar los recursos. “Adicionalmente, radicaré un proyecto de Acuerdo que ordena la creación de nuevos Centros Carcelarios de Detención Preventiva en el Distrito Capital”, puntualizó el concejal de Colombia Justa Libres.

Claudia López recibió fuerte llamado de atención por parte de la Procuraduría por crisis carcelaria en Bogotá

A comienzos de este 2023, debido a la grave crisis carcelaria que se presenta en Bogotá, la Procuraduría General le pidió a la alcaldesa Claudia López su intervención inmediata con el fin de que se resuelva la situación de hacinamiento, la cual afecta los derechos fundamentales y pone en estado de vulnerabilidad a las personas que se encuentran privadas de su libertad en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).

La solicitud se hizo teniendo en cuenta un informe solicitado a la Subcomandancia de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el que se advierte que la capital de la República presenta un 254 por ciento de hacinamiento en los centros de reclusión transitoria, así como un alto número de policías -409 según el reporte- dedicados a la custodia exclusiva de personas privadas de la libertad.

Para la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos la ley determina que la mandataria distrital debe asumir la administración y vigilancia de las cárceles para personas detenidas preventivamente, situación que no se ha cumplido.

En el llamado de atención se señaló que no se han cumplido los compromisos adquiridos en julio de 2022 para atender la crisis. En este sentido se indica que las acciones adelantadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá no han generado el impacto esperado y han sido insuficientes para solucionar esta grave problemática que afecta a las personas que se encuentran en estos lugares esperando que se resuelva su situación jurídica.

“La administración ha hecho caso omiso a las advertencias de esta procuraduría delegada y, como consecuencia, hemos evidenciado situaciones de vulneración de Derechos Humanos, fugas y alegaciones por supuestos tratos crueles, degradantes e inhumanos al interior de estos centros”, advirtió el organismo de control disciplinario en su momento.

Por esta grave situación se le solicitó directamente a la alcaldesa Claudia López que en un tiempo perentorio se adelanten las gestiones necesarias, junto al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Policía Metropolitana de Bogotá, para el traslado de reclusiones del orden nocional de los condenados recluidos en estas estaciones de policía en la capital de la República.

Finalmente, pidió informes completos sobre el nivel de cumplimiento que se ha logrado de cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional, en diferentes sentencias, para solucionar la crisis carcelaria y penitenciaria, señalando que se debe hacer uso de los recursos con los que cuenta el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) “a los que el Distrito tiene acceso”.

Estos recursos tienen como finalidad la construcción de nuevos establecimientos carcelarios y permite la contratación junto con empresas de seguridad acreditadas en materia de custodia y vigilancia.