Congreso estudia proyecto para reconocer los derechos menstruales: buscan eliminar el IVA para productos de higiene

Una nueva discusión feminista se abre paso en el Congreso de la República. La Cámara de Representantes empezará a estudiar el proyecto de ley que busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos menstruales en Colombia, un articulado que inicia su trámite en primer debate esta semana con el objetivo de que las personas menstruantes puedan acceder a productos de aseo personal durante su periodo.

El documento, autoría de la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, consta de solo ocho artículos y busca que los productos de salud menstrual estén exentos del impuesto del IVA, creando el artículo 477 del estatuto tributario.

Y es que ese artículo en la actualidad solo menciona que las toallas higiénicas y compresas tienen la aplicabilidad de esa exención. La propuesta es que este detalle que: “Toallas higiénicas desechables, ecológicas, de tela y/o artesanales, almohadillas reutilizables, tampones, protectores diarios, copas menstruales, ropa interior absorbente, compresas reutilizables, discos menstruales y esponjas marinas quedarían con el beneficio”.

Es decir, se ampliaría esa exención tributaria a todos los tipos de productos que se han ido desarrollando para resolver las necesidades de higiene menstrual y que para un sector de la población colombiana son un lujo difícil de pagar.

Los objetivos del articulado van más allá de facilitar el acceso a esos elementos de aseo personal, pues le da la responsabilidad al Gobierno nacional de actualizar todos los registros del Invima de este tipo de productos en un lapso máximo de seis meses.

Además, tiene un componente de especial atención a las poblaciones vulnerables, pues crea una política de derechos menstruales para que haya gratuidad en esos productos en zonas rurales, estudiantiles, para la población carcelaria y para quienes ejercen actividades sexuales pagas. Precisamente, es en las zonas apartadas de las ciudades donde está el mayor desconocimiento sobre el ciclo.

En el articulado se deja claro que habrá “la inclusión mediante reglamentación de la entrega gratuita de insumos de salud menstruante a beneficiarias en zonas rurales, en situaciones de emergencia declarada, en situación de escolaridad, estado posparto, pertenecientes al grupo A del Sisbén. También a habitantes de calle, población carcelaria, mujeres y personas trans en actividades sexuales pagas”.

Ese texto define el concepto de los derechos menstruales como aquellos que garantizan que las mujeres y personas menstruantes puedan tener una vivencia menstrual informada, saludable y libre de toda violencia, estigmatización o discriminación.

Que se hable de “personas menstruantes” es un paso en la inclusión de las diferentes perspectivas de género, teniendo en cuenta que hay personas no binarias, transexuales o quienes no se identifican dentro de la categoría de “mujer” que pueden tener un periodo menstrual por sus condiciones biológicas.

Política pública para personas menstruantes

La legislación para personas menstruantes es un asunto nuevo en la política pública que los gobiernos apenas están empezando a estudiar. Hasta ahora unos 15 países han aprobado ese tipo de medidas, entre los que están Argentina, Australia, Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, México, Nueva Zelanda y Reino Unido, entre otros.

Un ejemplo es el caso de Escocia, que fue el primer país en brindar productos de gestión menstrual gratis a usuarios de escuelas, centros comunitarios, asociaciones de la juventud y farmacias. En otros como Kenya y Canadá esos productos están libres de todo tipo de impuestos, e incluso en ese país africano estos se distribuyen de manera gratuita en los colegios para asegurarse de que todas las niñas y adolescentes puedan atender los requerimientos de su periodo desde los primeros ciclos.

Se estima que en Colombia 435.257 ciudadanos no pudieron acceder a elementos de higiene menstrual que necesitaban, de los que el 92 % estaba entre los 25 y los 54 años. No todos los ciudadanos o ciudadanas que menstrúan tienen la capacidad económica de comprar implementos de higiene, por lo que 60.000 de esos tuvieron que usar telas, trapos, ropa vieja, calcetines o algún tipo de papel (como papel higiénico o servilletas) durante su ciclo porque no tenían cómo comprar toallas.

El problema no es solo de acceso, sino de formación: el 45 % de las niñas y adolescentes que residen en zonas rurales desconocen cuál es el origen de la menstruación, por lo que el proyecto de ley plantea un formato de educación menstrual para desmitificar tabúes sobre ese ciclo.

El debate para garantizar que todas las personas menstruantes tengan acceso a productos de higiene menstrual apenas comienza en el Congreso. En años anteriores, cajas de compensación como Comfama empezaron a aplicar subsidios menstruales para empezar a recortar la brecha en el acceso a esos productos.