Conmoción interior: este es el polémico poder que gana el Gobierno Petro con los nuevos decretos

Sigue la polémica en torno a la declaratoria de estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta, y los municipios Río de Oro y González, en el departamento del Cesar.

El gobierno del presidente Gustavo Petro expidió nueve decretos en el marco de la medida, que cuentan con fuerza de ley, dirigidos a solventar la situación de orden público generada por el ELN y las disidencias de las Farc.

Varios puntos de este decreto comienzan a preocupar, entre ellos, uno que da vía libre a la contratación directa de una entidad, sin importar la cuantía.

El Decreto 0107 de 2025, del Ministerio de Agricultura, establece medidas de protección para zonas agrícolas, con el fin de garantizar el derecho humano a la alimentación en el marco de la situación.

En este se menciona, por primera vez, la contratación directa, que no requiere convocatoria ni pluralidad de oferentes en un proceso meritocrático.

De acuerdo con el artículo 2 del decreto, con el fin de garantizar “artículos alimenticios, la continuidad de la producción en zonas agrícolas, las cosechas, el ganado, el acceso y utilización de sistemas de riego y recursos hídricos”, la Agencia de Desarrollo Rural deberá contratar directamente a quien considere apto para esto.

“Facúltese a la Agencia de Desarrollo Rural para contratar de manera directa la adquisición de bienes y servicios, logística y todo lo relacionado con el desarrollo de los apoyos e incentivos que requiera el sector, previa justificación técnica, con sociedades de economía mixta, empresas industriales y comerciales del Estado, asociaciones campesinas y/o agropecuarias de la Ley 2219 de 2022 y organizaciones de la ACFEC”, se lee en el documento.

Este agrega que la contratación se autoriza para “promover la sostenibilidad zonas agrícolas, de las cadenas de suministro, y la continuidad de cadenas productivas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas y agroindustriales”.

Esto, según el Ministerio de Agricultura, tendría el objetivo de “generar condiciones para la estabilización, el retorno y la inclusión, principalmente, de los pequeños productores víctimas de desplazamiento forzado, en proceso de reincorporación a la vida civil, o vinculados al Plan Nacional Integral de Sustitución”.

Esta contratación directa, según lo que faculte el presidente Gustavo Petro, podría no pasar por los requisitos de la Ley 80 de 1993, que es el Estatuto General de la Contratación.

Esto recuerda que, en pocos días, el Gobierno contrató miles de millones de pesos en La Guajira durante el decreto de estado de emergencia, sin necesidad de seleccionar al mejor de los oferentes.

Está por verse cómo será el manejo de los recursos en el Catatumbo y los alrededores, donde la población reclama acciones inmediatas.