Consulta popular de Petro: el prestigioso jurista español Jaime Rodríguez-Arana examina su propuesta en SEMANA y esto concluye

SEMANA: Usted es un jurista español muy cercano a Colombia. ¿Cómo ha registrado, desde la distancia, esta propuesta de consulta popular en la que nos embarcamos?

Jaime Rodríguez-Arana (J. R. A.): Sí. He seguido con particular interés lo que pasa en Colombia. Es un país al que voy con frecuencia y justo la semana que viene, el jueves y viernes, estaré en el Congreso del Colegio de Abogados Administrativistas. En los tiempos que vivimos, el pluralismo, la democracia, la limitación del poder y la participación ciudadana son elementos que están en el debate en todos los países. Las consultas populares tienen un régimen jurídico. Yo soy profesor de Derecho, y es desde este marco que entiendo el sentido de esas consultas. Por lo que he podido seguir del caso colombiano, y de la efervescencia de esta semana, creo que las cosas hay que situarlas en el contexto y en el marco constitucional y jurídico, porque si no, pierde su sentido.

SEMANA: ¿A qué se refiere con el contexto?

J. R. A.: A que entiendo que todo nace por cuenta de una reforma que está introducida en la sede de la soberanía popular que es el Congreso. Es ahí que tiene que fraguarse y debatirse. Yo fui diputado en España. Es allí donde se deben exponer los puntos de vista sobre si se debe o no aprobar. Cuando un proyecto así se rechaza, pues habrá que pensar qué es lo que está mal, para eventualmente replantearlo y volverlo a presentar. Pero no intentar que una consulta popular tenga una naturaleza distinta de la que tiene, porque hay que aclarar que una consulta popular en el derecho comparado no genera una opinión vinculante, ni trae consigo la reforma ipso facto de las leyes. Lo que sí que en todo momento es fundamental es someternos a las reglas del juego.

SEMANA: El presidente Petro argumenta que hay un bloqueo institucional. ¿Eso existe conceptualmente o se trata simplemente de las reglas del juego?

J. R. A.: Una de las bases de la separación de los poderes es que hay pesos, contrapesos y que no hay ningún poder ilimitado. En el caso colombiano, escucho hablar de expresiones que tienen que ver con la ilimitación, irresistibilidad, irresponsabilidad e inimputabilidad del poder que son las que nos retrotraen al estado absoluto, al estado autoritario. Creo que quienes comulgamos la fe democrática hemos peleado para que vivamos en un mundo en el que el poder esté limitado. Entonces sí, hay unas reglas del juego, en el marco constitucional, que estipulan que hay veces que las propuestas salen adelante y otras que no. No es acorde con las reglas del juego intentar forzar la naturaleza de las cosas y de las instituciones para hacer aprobar iniciativas que la sede parlamentaria considera que no son las más apropiadas. Estamos en tiempos de visiones unilaterales, de imposiciones, pero creo que es conveniente que los juristas hagamos un poco de sentido común y de sosiego.

SEMANA: Las preguntas de la reforma laboral son casi de obligatorio ‘sí’ en la respuesta, por ejemplo, si se debe trabajar menos.

J. R. A.: Lo primero es que las preguntas deben afectar a la médula, a la esencia de la vida democrática. ¿Por qué? Se puede hacer preguntas a las que razonablemente nadie le va a decir que no. Quizás yo diría lo contrario, pero la mayoría va a decir que sí a que hay que trabajar menos y cobrar más. También es cierto que jornadas laborales de más de 50 horas a la semana son inhumanas y degradantes. Entonces, sobre eso es bueno escuchar a la gente. Pero luego será el Congreso el que analice nuevamente su conveniencia y sus matices. La democracia, como decía Abraham Lincoln, es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Pero tiene unos canales y unas formalidades.

SEMANA: La consulta ha sido criticada por quienes la ven como una plataforma del gobierno para la campaña presidencial. ¿Esa motivación importa en el análisis jurídico?

J. R. A.: Yo creo que si cumple con los requisitos que están en las leyes, pues debe hacerse. Pero también creo que en la democracia la gente es muy inteligente y sabrá interpretar por qué se hace una consulta en un momento determinado y qué finalidad política tiene. No es lo mismo una consulta pedida por una mayoría del 10 o el 30 % de ciudadanos a una consulta hecha por un presidente que va perdiendo apoyo.

SEMANA: En su discurso, el presidente Petro mostró que la línea de defensa de la consulta será, en parte, la satanización del Congreso. Los llamó “bandidos”, “vendidos”, “serviles a la oligarquía”, y aseguró que había que sacarlos. ¿Qué tan legítimo ve eso?

J. R. A.: La verdad es que no lo sabía. Pero me recuerda un libro, una obra colectiva que escribimos varios profesores: Populismo y Estado de derecho. Soy consciente de que vivimos tiempos en los que hay líderes que intentan una identificación completa y total con el pueblo, hasta el punto de pensar que son ellos mismos. Esos gobernantes apelan a una interlocución directa con el pueblo, sobre todo porque no son capaces de dirigir y gobernar con el sistema de la democracia representativa. Entonces, a mí —personalmente— que se descalifique al Parlamento o al Poder Judicial o al Poder Ejecutivo no me gusta.

Descalificaciones de esa envergadura son impropias en un sistema democrático serio. Puede ser que no guste una decisión, pero empezar a decir que unos son los plebeyos y los otros son los patricios, que unos son los ricos, otros son los tiranos, ese tipo de terminología, está muy estudiada con la psicología populista. No es algo, digamos, improvisado.

SEMANA: ¿Y cómo conecta eso con la consulta?

J. R. A.: Muchas veces, cuando no se consiguen los objetivos porque chocan contra la realidad de las instituciones, esos gobernantes buscan una vía paralela: acudir directamente al pueblo. Evidentemente, es un ejercicio autoritario que desmerece del calibre, del talante y del compromiso democrático que cabe esperar de cualquier dirigente, en cualquier parte del mundo. Entonces, creo que es conveniente que se baje el diapasón, que se baje el tono y que no se vaya escalando la violencia verbal, porque eso no lleva a ninguna parte.

También entiendo que hay determinados planteamientos que buscan eso, la provocación, que levantan el listón de la violencia verbal, a ver si provocan. Pero yo creo que las personas cuerdas, equilibradas, moderadas son la mayoría y no quieren opciones autoritarias, totalitarias, totalizantes.

SEMANA: No solo en Colombia, el planeta ha visto emerger muchos líderes radicales y totalitarios. ¿Qué papel le queda ahí al Derecho?

J. R. A.: El Derecho tiene un gran papel, pero ahora es más importante porque si hacemos una ojeada al tablero mundial, los regímenes que tenemos en Estados Unidos, Rusia y tantos otros países, vemos que la situación es preocupante. Pero los jueces esta semana frenaron unas medidas de Trump sobre Usaid. Entonces, en Estados Unidos funcionan esos contrapoderes. Creo que el Derecho es muy importante y para que el Derecho se pueda realizar, necesitamos sobre todo poderes judiciales independientes. Y mire, le voy a decir una cosa que pienso desde hace mucho tiempo. Conozco muchos magistrados en la Corte Constitucional, en el Consejo de Estado de Colombia. Y veo que hay personas comprometidas con el Derecho y la Justicia. No pasa eso en otros países, donde se ha conseguido neutralizar al poder judicial y se ha conseguido amordazarlo, y se ha convertido en un elemento obsecuente, obediente, de rodillas al poder político. ¿Y qué es el Derecho? Es una ciencia social que aspira a la instalación de la Justicia. ¿Y qué es la Justicia? La Justicia, en la concepción clásica, es la permanente y constante voluntad de dar a cada quien lo suyo. Y si el pueblo sigue creyendo en la Justicia es porque hay jueces independientes.

SEMANA: ¿A eso se dedica con el Foro Iberoamericano de Justicia?

J. R. A.: Se trata de una institución académica que va a cumplir 25 años. Nosotros, los administrativistas, pensamos que el poder público fundamentalmente tiene que realizarse a través de normas jurídicas, principios de Derecho y procedimientos, y que es muy importante el control de la ilegalidad, el control de la arbitrariedad, el control del abuso del poder. Hoy hay un ataque frontal al Estado de derecho en muchas partes del mundo, un ataque frontal a la democracia. Sin el respeto de los derechos de los seres humanos, el poder corre el peligro de convertirse en un fin en sí mismo. De Colombia, me llama la atención la vitalidad y la pujanza de este colectivo de administrativistas. Siento que tienen ganas de trabajar y un compromiso muy importante.

*Jaime Rodríguez-Arana es un prestigioso jurista y autor español. Doctor en Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela y doctor honoris causa de varias universidades. Es el presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, de la Asociación Española de Ciencias Administrativas y del Ius Publicum Innovatio. Es miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya, de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación, de la Academia Iberoamericana de Derecho Electoral y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Ha participado como observador de la Unión Europea en las elecciones venezolanas y trabajado como consultor en materias de reforma del Estado y modernización administrativa para diferentes gobiernos del mundo. Es autor de más de 40 libros entre ellos: Principios de ética pública, El espacio de centro, Comunitarismo, ética y solidaridad, Nuevas claves del estado del bienestar, La dimensión ética, Estudios sobre la Constitución, Ética, poder y Estado , Autonomías y nacionalismo. Fue diputado del PP por La Coruña.