Consulta popular: el riesgoso camino que propone Petro para saltarse la discusión en el Congreso, ¿comenzó la campaña presidencial?

El presidente Gustavo Petro le dio un giro a lo que hasta ahora había sido su tesis frente a la posibilidad de que las reformas bandera de su gobierno no pasaran en el Congreso. El primer mandatario, en una alocución televisada este martes en la noche, ya no llamó a la “movilización permanente”, sino que le dio otra forma a la idea de sacar a la gente a las calles: la consulta popular.

Petro salió a hablarles a los colombianos ante el inminente hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. “Hay que hacer una convocatoria al pueblo para movilizarse y a decidir directamente. Eso se llama consulta popular, y eso haremos para decidir sobre la reforma laboral y la reforma a la salud. Que sea el pueblo el que decida”, dijo.

“Es al pueblo al que le toca decidir. El acuerdo nacional fracasó porque pensaron que era que nos arrodilláramos, y eso no es así. El bloqueo institucional es una dictadura contra el voto popular, pero al bloqueo se le responde con democracia real”, enfatizó el presidente.

Con este camino, Petro le apuesta a saltarse el Congreso en el debate del contenido de las reformas y dejarlas a la decisión de las mayorías en las urnas. Según el mandatario, la reforma pasará por la plenaria del Congreso (como está planteado en la normatividad para las consultas populares), pero solo para evaluar la conveniencia de que esta llegue al pueblo. “No querían que este proyecto pasara a la plenaria, pues ahora pasa, pero no para definir el contenido del articulado, sino para decidir si se convoca al pueblo o no”, señaló Petro.

Petro argumenta que esta decisión fue la respuesta a un “bloqueo institucional” que, según él, fue orquestado por la oposición y el gran empresariado. Sin embargo, como aseguran analistas y constitucionalistas, la figura de consulta popular no es muy usada en Colombia y tampoco está diseñada para decidir sobre reformas de esta naturaleza, que tienen extensos articulados y tratan de temas técnicos.

El abogado constitucionalista Álvaro Forero aseguró que la idea de Petro es inviable porque el instrumento al que apela el presidente no está diseñado para la aprobación de leyes. “Para eso hay otros mecanismos constitucionales como el referendo, que sí permite la aprobación de una ley. La consulta popular tiene que preguntar temas específicos, prácticamente de sí o no, y una ley es un texto muy complejo para que se pueda aprobar con un sí o un no (...). Constitucionalmente, la consulta popular no es la vía”.

Un trámite contrarreloj

Muchos analistas coinciden en que al presidente no le darán los tiempos. El trámite para que se pueda usar el instrumento de votación es el siguiente: el presidente deberá contar con la firma de todo su gabinete y con la aprobación de la plenaria del Senado para poder llamar a consulta, situación que no se ve muy probable debido a la falta de consensos que hay en la plenaria y a la convulsionada relación que el presidente ha mantenido con la corporación.

No obstante, también hay que decir que el llamado a dar la pelea por el trámite de la consulta, por competencia, debe ser Armando Benedetti, quien ostenta el título de ministro del Interior y quien a su vez está buscando la consolidación del frente amplio de cara a las elecciones de 2026, lo que podría darle un margen de juego más amplio a la idea del presidente dentro del Senado.

Así las cosas, una vez la corporación reciba la pregunta que el Ejecutivo quiere hacer, con su respectiva justificación, tendrá un mes para pronunciarse sobre la conveniencia del mecanismo de participación popular elegido por el presidente. No obstante, según el artículo 50 de la Ley 134 de 1994, este mecanismo no podrá ser usado en ningún caso para consultar sobre temas que vayan a modificar la Constitución Política del país.

Luego de obtener el espaldarazo del Senado, habrá un plazo de tres meses para que se lleve a cabo el acto de consulta. Para que esta sea aprobada y cuente con fuerza vinculante, requiere de la participación de al menos la tercera parte del censo electoral de todo el país y debe obtener voto afirmativo de la mitad más uno de todos los sufragios válidos; es decir, unos 13,5 millones de votos en promedio.

El fracaso de las consultas en Colombia

Hay que recordar que, según los datos de la Registraduría Nacional, en Colombia hay 40.963.370 personas mayores de 18 años habilitadas para votar. Sin embargo, el último precedente que se tiene sobre una consulta popular fue la anticorrupción, impulsada por Claudia López cuando era senadora de la República.

En ese entonces, la consulta se quedó en el tintero por falta de algo más de 400.000 votos que eran necesarios para poder superar el umbral electoral.

En 2018, cuando se celebró dicha consulta, solo participó el 32 % de los votantes, que correspondía a 11.670.183 personas, una cifra que mantuvo los estándares de baja participación electoral que ha marcado cualquier tipo de elección en Colombia y que tuvo un costo aproximado de 300.000 millones de pesos.

Pero la discusión no es tan sencilla como aprobar o no el llamado a consulta popular. Los costos políticos de la idea del presidente van más allá y, como lo han señalado desde varias orillas políticas, tiene dos objetivos claros: por un lado, la declaratoria frontal del presidente de entrar en los terrenos electorales desde ya, haciendo una suerte de “tanteo” de masas y, por otro lado, reducir la discusión sobre la forma y el fondo de las dos reformas que no pasaron en el Congreso para dejarlas en el plano del querer ciudadano.

Si el Gobierno Petro apuesta por una pregunta sencilla, sondeando entre los colombianos si quieren una reforma laboral, lo más seguro es que nadie se oponga. Pero ese no es el asunto. El diablo está en los detalles, y es que la reforma en la que está pensando el presidente, a juicio de expertos, sería lesiva. Lo mismo con una eventual pregunta sobre la reforma a la salud. Querer mejorar el sistema no quiere decir barrer con lo logrado en décadas.

Ambas reformas tienen críticas muy profundas y son muy extensas como para incluir los cambios tan profundos que entrañan en un tarjetón. La reforma a la salud, por ejemplo, plantea cambiar el modelo en el que opera hoy el sistema y eliminar el papel de intermediación que tienen hoy las EPS. Un modelo similar al que se implantó ya en el sistema que tienen los maestros y los resultados no han sido buenos. En una carta al ministro de Salud, decenas de expertos han alertado que, de aprobarse, muchos pacientes podrían quedar en el limbo, pues por ejemplo, en la transición no está contemplado cómo será la continuidad del tratamiento entre un sistema y otro. También aseguran que se fragmentarán las responsabilidades, pues varias entidades cumplirían el rol que hoy hacen las EPS.

También existen dudas sobre la financiación del sistema. Un análisis técnico realizado por la Andi concluyó que la reforma no es sostenible desde el punto de vista fiscal. Según sus estimaciones, en los próximos diez años el sistema de salud presentaría un déficit de $ 141,4 billones, mientras que el Ministerio de Salud proyecta un superávit de $ 21,8 billones, lo que representa una diferencia de $163 billones entre ambas proyecciones.

Para la reforma laboral, un grupo amplio de congresistas firmaron la ponencia negativa. Allí, aseguran que “el proyecto de reforma, la estructuración de sus ejes temáticos, el desarrollo de sus artículos y el espíritu de su exposición de motivos, desconocen abiertamente las necesidades reales de Colombia en relación al mercado laboral”.

Los gremios, por su parte, han advertido que los cambios que esta propone frente a la jornada laboral, los recargos, y los nuevos requisitos para poder desvincular un empleado al final lo que hará es encarecer la contratación para los empleadores y producir desempleo.

Un costo demasiado alto

Jairo Libreros, abogado y analista político, asegura que el trámite que requiere la consulta popular no es fácil y que se atraviesa con el calendario electoral del país, teniendo en cuenta que se está de cara a las elecciones legislativas y a la primera vuelta a la Presidencia. Pero, además de esto, también explica que el mecanismo elegido por el presidente no le va a garantizar la gobernabilidad que ha perdido.

“A Petro esto le beneficiaría en términos electorales antes de marzo del 2026, pero difícilmente lo va a lograr (…). Ahora, en caso de que esto salga bien y se gane la consulta popular, aunque ese mandato es de obligatorio cumplimiento, no condiciona de ninguna manera el voto de los congresistas para aprobar las reformas”, aseguró Libreros.

Y es que, como ya lo han advertido varios constitucionalistas, así gane la consulta, el trámite que se debe dar para poder cumplir con ese mandato es el de un proyecto de ley que requiere que se surtan los trámites establecidos en la Constitución, como lo son la discusión y aprobación tanto en Cámara como en Senado, y eso vuelve y deja la discusión de las reformas en manos de los congresistas porque su voto no queda constreñido con el acto de votación popular.

Bajo la óptica de este analista, el efecto político inminente del anuncio del presidente es la “radicalización de la discusión pública y cerrar el actual mandato del presidente porque va a trasladar la gobernabilidad que perdió en el Congreso a las calles”.

Finalmente, otro punto para la discusión que se ha puesto sobre la mesa es el costo de la consulta popular en medio de una temporada de recorte fiscal y de los constantes discursos del Gobierno nacional sobre la falta de dinero para la financiación de los proyectos elementales del país, como la política social, que ya sufrió sendos recortes, o los subsidios a las tasas de energía y gas que han tenido marchando y protestando a varios departamentos durante los últimos días.

De hecho, la semana pasada el ministro de Hacienda, Diego Guevara, confirmó que habrá un nuevo aplazamiento del presupuesto general que será diferente a los 12 billones que ya se habían congelado desde el inicio del año. Teniendo claro el difícil panorama fiscal del país y la pelea de la Nación por la supuesta falta de plata, la pregunta que queda en el aire es: ¿de dónde sacará el presidente los más de 300.000 millones de pesos que puede costar una consulta popular?