Tras la operación que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó haber concretado el 19 de diciembre —la venta directa de Títulos de Tesorería (TES) por aproximadamente $23 billones, anunciada como realizada con un inversionista extranjero— la Contraloría General de la República le hizo un requerimiento formal a la cartera para que entregue toda la información relacionada con la transacción, incluyendo cómo se estructuró la operación, quién fue el comprador y cuál fue el motivo que llevó a realizarla.
La petición, que se originó en una denuncia ciudadana, fue radicada en el Sistema de Información de Participación Ciudadana (SIPAR) y posteriormente trasladada a la Contraloría Delegada para la Gestión pública e Instituciones Financieras.
El caso fue asignado a la Dirección de Vigilancia Fiscal para su revisión técnica. En el oficio enviado al Ministerio, el órgano de control solicitó respuestas puntuales, con un plazo perentorio de dos días hábiles para su entrega.
La Contraloría exigió al Ministerio que remita información precisa sobre la operación. Entre los puntos solicitados figuran:
• Informar si se trató de una nueva emisión de deuda o de la venta de títulos del portafolio de la Tesorería.
• Indicar el monto vendido (valor nominal y valor de mercado) por cada referencia de TES B involucrada y la tasa de interés de la operación.
• Informar si se trató de una venta de títulos de portafolio, consignando el valor de compra de estos títulos.
• Cómo se estructuró la venta.
• Quién fue el comprador
• Cuál fue el motivo que indujo a esta operación
La Contraloría pidió además que la respuesta sea remitida a sus correos institucionales dentro de los dos días hábiles siguientes al recibo de la comunicación.
Desde la cartera se ha dicho que la operación busca reducir las necesidades de financiamiento de la Nación para el próximo año y que se trata de la mayor colocación directa de TES realizada hasta la fecha.
Los títulos colocados vencen entre 2029 y 2040 y la tasa promedio de la operación quedó cercana al 13,15% —con rendimientos reportados en el mercado en rangos que van desde alrededor de 12,99% hasta 13,32%—. Esos niveles de rendimiento han sido el foco del debate por el costo que implican para las finanzas del país.
La actuación de la Contraloría responde a una denuncia en la que se advierten presuntos hechos irregulares relacionados con la colocación de títulos de deuda pública, entre ellos operaciones que se habrían realizado a tasas por fuera del mercado y sin una justificación clara.
