Corporación Excelencia en la Justicia calificó como “amañada” la interpretación de la Constitución para decretar la consulta popular de Petro

La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) manifestó su rechazo al anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular mediante decreto, una decisión que, según la organización, desconoce las competencias del Senado y vulnera principios fundamentales del Estado Social de Derecho.

En un comunicado divulgado este martes, la CEJ calificó la propuesta presidencial como una forma de abuso de poder, al considerar que se basa en interpretaciones “amañadas” de la Constitución. Para la corporación, resulta especialmente grave atribuirle al texto constitucional “aquello que no dice ni pretende decir”.

“El presidente de la República, como primer magistrado de la nación, no sólo tiene el deber de acatar la Constitución y la ley, sino también de velar por su observancia y cumplimiento”, señaló la CEJ, que alertó sobre los riesgos institucionales que conllevaría expedir un decreto para convocar a las urnas sin el aval del Legislativo.

La iniciativa de Petro surge en medio de una controversia con el Senado, cuyas recientes decisiones han sido interpretadas por el Gobierno como obstáculos para la implementación de reformas. Sin embargo, la CEJ recordó que el mandatario no es juez del Congreso y carece de competencias para cuestionar formalmente la forma en que este adopta sus decisiones.

“El presidente no puede justificar un decreto ilegal con base en su desacuerdo frente a las decisiones del Legislativo”, subrayó la entidad, que también llamó a preservar la autonomía de los altos tribunales, especialmente del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que serán las instancias encargadas de revisar la legalidad del eventual decreto.

Finalmente, la corporación instó al Ejecutivo y a toda la ciudadanía a confiar en la institucionalidad judicial. “La CEJ, como expresión de la ciudadanía, previene sobre la necesidad de respetar los cánones constitucionales y confía en la institucionalidad judicial, que en esta situación se establece como el pilar sobre el que se sostiene la vida democrática del país”, concluye el documento.