Corte Constitucional pone contra las cuerdas al Ministerio de Salud: UPC y presupuestos máximos, en manos de los magistrados

El futuro del sistema de salud está en manos de la Corte Constitucional, cuyos magistrados llevan semanas estudiando los procesos presentados por los actores del sistema de salud que buscan conseguir que el alto tribunal tenga que poner orden en el sector.

Son dos las decisiones que ya tomó esa instancia durante esta semana y que dejan mal parado al Ministerio de Salud, que dirige Guillermo Alfonso Jaramillo: una sobre el cálculo técnico del incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 y otra acerca del incumplimiento de esa cartera con el giro de los presupuestos máximos de 2022.

Un auto ordenó continuar el incidente de desacato sobre la UPC hasta que el Gobierno entregue a la accionante los documentos, estudios, anexos y demás soportes que el Grupo Técnico de Apoyo presenta a la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, en el marco de la discusión del aumento de ese valor para el año 2025.

Esa decisión llegó después de un proceso interpuesto por la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, en el que la congresista reclamó a la cartera publicar los documentos con cálculos técnicos que sustentaran el incremento en ese valor para este año en solo 5,36 %, ajuste que una parte del sector salud consideró como insuficiente para financiar el sistema a mediano y largo plazo.

“Al revés que sufrió en la Corte Constitucional, que decidió declarar como improcedentes los autos que había presentado el Ministerio sobre los presupuestos máximos y la UPC, se suma el desastre de las sesiones extraordinarias”, afirmó el representante a la Cámara, Andrés Forero.

Sin embargo, la cartera que dirige Jaramillo defiende que no se encuentra en situación de desacato ni de incumplimiento de esas dos decisiones de la Corte Constitucional, los Autos 2049 de 2024 (sobre presupuestos máximos) y el 007 de 2025 (proferido en relación con la UPC). El argumento del ministerio es que estos “no están en firme”.

“La cartera solicitó una oportuna aclaración ante estas dudas para garantizar el debido proceso y evitar interpretaciones erróneas en la ejecución de las órdenes”, afirmó el despacho de Jaramillo en un comunicado emitido el jueves.

La cuestión de los presupuestos máximos de 2022 tiene que ver con la decisión en la que la Corte Constitucional rechazó la solicitud de aclaración presentada por el Ministerio de Salud y le dio 48 horas a ese despacho para pagar 819.000 millones de pesos pendientes de los ajustes a ese indicador desde 2022. Si ese dinero llega a los actores del sistema, significaría un alivio para las EPS e IPS.

“Al ministro se le acabaron las excusas, va a tener que darles la cara a los pacientes y cumplir las órdenes de la Corte Constitucional”, aseveró el representante Forero.

Con ese panorama, parte de la estabilidad financiera del sistema de salud para los próximos meses depende de que el ministerio del ramo acate las decisiones de la Corte Constitucional. Por lo pronto, el ministro Jaramillo defiende que no ha sido notificado y que no está en desacato.