Política

Críticas a Petro por decretazo contra el Consejo de Estado: “El equilibrio de poderes no se modifica por decreto”

Congresistas ya alistan una demanda contra el documento firmado por el presidente.

15 de julio de 2025, 1:14 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

El decreto firmado por el presidente Gustavo Petro para quitarle dientes al Consejo de Estado en el estudio de las acciones de tutela que se interpongan en contra del jefe de Estado ya genera polémica en el país.

La iniciativa fue promovida por Petro y por su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y desde varios sectores políticos acusan al Gobierno de contradecir el equilibrio de poderes del país después de que esa instancia estuviera a cargo de estudiar varias decisiones que afectaron al mandatario.

“Este gobierno odia el equilibrio de poderes propio del Estado de derecho democrático. En vista de que, el Consejo de Estado ha tenido fallos firmes contra algunas decisiones del gobierno, el ministro de Justicia pretende quitarle la competencia para conocer tutelas contra acciones del presidente. Es ilegal y es antidemocrático”, consideró la senadora Paloma Valencia.

A partir de esa determinación las tutelas relacionadas con temas como la seguridad nacional y las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos no podrán ser analizadas por el Consejo de Estado, sino por jueces del circuito. El nuevo esquema también aplica para las autoridades del orden nacional.

“El equilibrio de poderes no se modifica por decreto. Y mucho menos cuando quien firma ese decreto es, justamente, quien debe ser controlado”, cuestionó la representante a la Cámara, Marelen Castillo.

El ministro de Justicia asegura que el decreto fortalece la imparcialidad judicial, bajo el argumento de que esa instancia ya no tendrá que dirimir sobre tutelas y actos administrativos que vinculen al presidente.

Con esta decisión, el presidente Petro borró de un plumón una competencia que había tenido el Consejo de Estado desde antaño, instancia que es la máxima jurisdicción de lo contencioso-administrativo en Colombia.

La senadora María Fernanda Cabal ya anunció una demanda contra ese una simple medida administrativa. “Es un golpe silencioso a la justicia. Es ilegal, inconstitucional y peligrosamente funcional al poder”, comentó Cabal. La congresista agregó que el presidente no tiene competencia para modificar la estructura judicial por decreto.