“Crónica de una muerte anunciada”: el país reacciona a la suspensión del ‘decretazo’ de Petro para convocar la consulta popular

Un ‘terremoto político’ causó la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado de suspender temporalmente el ‘decretazo’ del presidente Gustavo Petro, con el que pretende convocar a los colombianos a votar la consulta popular el próximo 7 de agosto.

El senador Carlos Fernando Motoa celebró la determinación y sugirió que el Gobierno nacional debería cambiar rápidamente de asesores jurídicos, ya que —según él— se advirtió que el decreto no cumpliría con la norma y sería inconstitucional.

El jefe de Estado le respondió: “Ni lo uno ni lo otro. Ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucional ni necesito cambiar de asesores, porque tampoco ha dicho ilegalidad, solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto”.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, manifestó que la suspensión del decreto se da en respuesta a una demanda que presentó junto a otros congresistas: “La decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto de la consulta popular busca proteger el Estado de derecho y evitar un daño irreparable. Este auto resalta la importancia de la separación de poderes”.

La presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, celebró la aplicación de medidas cautelares del Consejo de Estado: “Esto es una voz de esperanza para todos los colombianos, pero especialmente para la democracia. Esta es una noticia que nos alegra a los defensores de la legalidad y el orden constitucional”.

El senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, opinó: “Era crónica de una muerte anunciada. Se sabía que esto lo iban a decidir los jueces, que seguramente el Consejo de Estado tomará una decisión y eso podría llegar a la Corte Constitucional”.

El senador del Pacto Histórico y aliado del Gobierno Petro, Wilson Arias, afirmó: “Le hace falta comprensión lectora a la derecha. La suspensión del decreto de la consulta popular es provisional. No hay decisión de fondo y es mentira que el decreto sea ilegal”.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, celebró la determinación del Consejo: “Extraordinaria noticia. Es deber de las altas cortes, Consejo de Estado y Corte Constitucional, defender el Estado de derecho frente a la amenaza golpista de Gustavo Petro”.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, aseguró: “Pasó lo obvio en un Estado social de derecho. Suspendido el ‘decretazo’. El presidente Gustavo Petro le hizo caso a Montealegre y usurparon funciones exclusivas de la justicia. Más advertido, imposible”.

El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, agregó que el Ejecutivo se quedaría sin “herramienta de extorsión” ante la decisión de los magistrados: “El Consejo de Estado suspende el ‘decretazo’ de Petro para convocar su consulta popular. El Gobierno se acaba de quedar sin su herramienta de extorsión”.

La representante Catherine Juvinao subrayó que el jefe de Estado debe ser el primero en respetar las instituciones: “Importante que el presidente Gustavo Petro comprenda que amenazar, literalmente amenazar al registrador Penagos con mandarle la Fiscalía por no acatar un decreto ilegal, es propio de tiranías”.

Por ahora, la consulta popular podría ser descartada por el Gobierno nacional si el Senado y la Cámara de Representantes suscriben la conciliación de la reforma laboral.