Daniel Quintero responde por escándalo de lotes en Medellín: “Va a haber sangre”

Daniel Quintero suspendió su viaje en el extranjero y aterrizará en Colombia para hacerle frente a la acusación de la Fiscalía sobre Aguas Vivas, un terreno de 147.000 metros cuadrados ubicado en Medellín que, aparentemente, está rodeado de múltiples irregularidades. En diálogo con SEMANA, el exmandatario respondió por las acusaciones.

Hasta ahora, será imputado por el supuesto delito de prevaricato por acción, dado que emitió un decreto en 2023 que habría cambiado el uso del suelo en esas tierras para beneficiar posiblemente a privados, cercanos al exgobernador de Antioquia Luis Pérez, según los denunciantes.

Uno de los testigos del ente de acusación detalló a SEMANA que esos predios tenían protección y había una restricción para la construcción, pero ese documento que expidió el exmandatario, presuntamente, habría cambiado las reglas del juego y abierto las puertas para la fabricación de inmuebles de hasta dos pisos.

Quintero reconoció que Aguas Vivas era de interés para el Distrito porque allí se edificaría el parque ambiental del Valle del Software, una de sus mayores apuestas, y así quedó plasmado en el plan de desarrollo de 2020-2023. En base a esa disposición, emitió el decreto que lo tiene enredado en la Fiscalía y anticipó que ese documento estaba blindado para que cualquier obra cumpliera con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) establecido en 2014: “En todos los artículos dice: ‘Siempre y cuando se cumpla el POT’. Todas las cosas que decimos se pueden hacer en esa área, ya el POT decía que se podían hacer”.

12 personas más deberán responder por las eventuales irregularidades cometidas en este terreno que llegó al banco de tierras del Distrito en 2019, durante la primera administración de Federico Gutiérrez, como compensación urbanística. Varios meses después, los privados que hicieron esa transacción pidieron modificar la escritura o que les pagaran por el terreno alegando inconsistencias en el acuerdo inicial, cuando el contrato que firmaron estableció que la cesión era “irrevocable”, sin entregar una obra pública a la que se comprometieron seis meses después de la entrega legal.

La polémica que analizan los órganos de control es que el equipo de Quintero, contrario a la recomendación de los expertos, concilió con los dueños y habría estado dispuesto a pagar 40.000 millones de pesos por un terreno que ya estaba legalmente bajo el poder del Distrito, pero el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado se opusieron. Finalmente, la Alcaldía de Medellín anuló ese contrato en común acuerdo, y las tierras, legalmente, volvieron a estar en las manos de sus primeros propietarios, pues se justificó que habría sido un negocio irregular que no tenía sustento, confirmó Quintero.

“Cartel de lotes”

Daniel Quintero cree que este proceso judicial concluirá a su favor y advirtió que habrá un cambio sustancial en él, porque la investigación terminaría evidenciando un supuesto “cartel de lotes” que salpicaría a poderosos constructores de Antioquia y a funcionarios públicos del Distrito.

Su hipótesis es que se habría creado un sistema a través de las compensaciones urbanísticas, una obligación que deben cumplir las personas que construyan edificios y urbanizaciones para resarcir al distrito con espacio público, con cientos de millones de pesos sobre la mesa. Aparentemente, “eran sobrevalorados para luego ser recibidos como obligaciones urbanísticas. La Alcaldía de Medellín tomaba esos predios, los valoraba hasta en cien veces el valor real del predio y luego lo adquiría a través del fondo inmobiliario de Medellín, enriqueciendo en segundos a actores privados”.

Al parecer, él ya identificó dos predios donde se habría materializado esta estrategia: Guacharacas y Volcana. En el caso del primero, “tenía una valoración en el año 2016 cercano a 80.000 pesos (metro cuadrado); para adquirirlo, lo incluyeron en la comuna 90 Santa Elena [y] Las Palmas, con un valor de 257.446 pesos (metro cuadrado), aumentando su valor en más de un 300 % del valor real; y al año siguiente, 2018, lo actualizaron nuevamente a 273.124 pesos (metro cuadrado)”, detalló Quintero.

A su juicio, “aquí va a haber sangre, metafóricamente, porque los constructores que hicieron esa vuelta con esos lotes son grandes, esta gente es más peligrosa”.

La Alcaldía de Medellín rechazó estas acusaciones y las calificó como hechos falsos que buscarían desviar la atención sobre los verdaderos responsables: “En el caso de Aguas Vivas, que hace parte de los más de 650 hallazgos, el único responsable de la gestión fraudulenta y la corrupción es Daniel Quintero y su administración. Desde que las irregularidades fueron denunciadas ante las autoridades, Quintero ha intentado distorsionar las denuncias, manipular la narrativa y ocultar su participación directa en las maniobras que favorecieron intereses privados en detrimento del patrimonio público”.