El Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió en la noche de este lunes, 22 de diciembre, el decreto oficial con el que anunció la emergencia económica al país. Por su parte, los ministros están trabajando en los decretos adicionales que le permitirán tomar medidas especiales para recaudar 16.3 billones de pesos. Se espera que en las próximas horas sean publicados.
No se conoce aún el alcance de la emergencia y la oposición, como era de esperarse, se adelantó con demandas ante la Corte Constitucional con las que pretenden tumbar la medida del jefe de Estado.
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, confirmó en la mañana de este martes que radicó ante la Corte una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 1390 de 2025, “mediante el cual el Gobierno Petro declaró un estado de emergencia económica y social sin cumplir los requisitos del artículo 215 de la Constitución”.
La emergencia —a juicio de Cabal— “no puede usarse para corregir errores de planeación ni para imponer por decreto lo que el Congreso negó democráticamente. El déficit fiscal y el hundimiento de una Ley de Financiamiento en el Congreso no son hechos sobrevinientes ni imprevisibles. Es el turno para que la Corte proteja la separación de poderes y el bolsillo de los colombianos saqueado por el gobierno socialista de Petro”.
El primero en acudir a la demanda del decreto fue el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el abogado Germán Calderón España.
Los demandantes, además de solicitar que se declare inexequible, pidieron una suspensión provisional de sus efectos mientras avanza la revisión.
El argumento central es que la declaratoria no cumpliría los requisitos materiales exigidos para estados de excepción: que la emergencia responda a hechos “sobrevinientes y extraordinarios”.
En su tesis, la razón de fondo sería el hueco dejado por la no aprobación de la Ley de Financiamiento en el Congreso, un escenario que, afirman, tiene vías ordinarias de trámite, como volver a radicar el proyecto en el siguiente periodo legislativo, desde el 20 de marzo de 2026.
Con la expedición del decreto, el presidente Petro quedó autorizado para dictar decretos con fuerza de ley que se traducirán en nuevos impuestos para los colombianos.
El Gobierno señaló que los decretos que se vienen serán “impuestos directos e indirectos para las personas naturales y jurídicas con mayor poder contributivo, así como tributos que buscan corregir externalidades negativas en asuntos ambientales y de salud pública”.
Entre los argumentos del Gobierno está el que apunta a que “la nación enfrenta una coyuntura fiscal excepcional, agudizada por hechos concurrentes y sensibles socialmente, que están asociados al menoscabo de los derechos de la población más vulnerable del país”.
Esto —según se lee en el decreto— agrava “la actual crisis fiscal” y pone en riesgo “la garantía de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales”.
Y le lanzó la responsabilidad de lo ocurrido al Congreso con la “no aprobación de dos proyectos sucesivos de ley de financiamiento para las vigencias fiscales 2025 (12 billones) y 2026 (16.3 billones)”.
