Política
Defensora del Pueblo señaló retos de la implementación de la condena de la JEP a los ex-FARC
Iris Marín destacó que el tribunal de paz otorgó la máxima condena que permite el sistema transicional.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre la condena de la JEP a los exintegrantes del Secretariado de las FARC, quienes fueron sentenciados a pagar ocho años de sanciones restaurativas en el marco de justicia transicional.
Marín destacó que, en medio de este proceso, los exguerrilleros dejaron las armas, “finalizaron el conflicto que existía con las FARC” y reconocieron su responsabilidad sobre al menos 21.396 secuestros que ocurrieron en el marco del conflicto armado.
La decisión de la JEP ha despertado críticas de quienes fueron víctimas del secuestro, como la excandidata presidencial Ingrid Betancourt o el excongresista Jaime Felipe Lozada, dado que los exintegrantes del secretariado pagarán su pena haciendo labores como la búsqueda de personas desaparecidas, contribución a la memoria histórica, reparación simbólica, recuperación ambiental, desminado, entre otras.
No obstante, la defensora destacó que la sentencia asignó la máxima sanción restaurativa que puede otorgar ese sistema por los hechos de máxima gravedad que protagonizó esa guerrilla.
“Las sanciones, al ser restaurativas, maximizan la contribución a la reparación y la restauración de los daños causados a través de la búsqueda de personas desaparecidas, actos de memoria y reparación simbólica, proyectos ambientales y desminado humanitario, lo que constituye un paso histórico en contra de la impunidad con un enfoque restaurativo”, afirmó Marín.
La defensora señaló que hay desafíos como la falta de información sobre cómo se compatibilizarán las sanciones con el ejercicio político y advirtió que debe detallarse el marco en el que se desarrollarán los proyectos restaurativos que deberán ejecutar los excabecillas de las FARC.
La entidad que encabeza Marín afirmó que acompañará a las víctimas y a la sociedad en el camino de avanzar en el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, buscando que ese objetivo se cumpla sobre la base del respeto a los derechos de las víctimas.
Los ex-FARC podrán seguir desarrollando labores políticas a través del Partido Comunes, con el que en la actualidad tienen representación en el Congreso de la República. La decisión de la JEP es la primera que se conoce dentro del sistema transicional tras un proceso que comenzó en 2016 con la firma del Acuerdo de Paz.
Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo sobre la primera sentencia de la JEP en el Caso 01.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 18, 2025
Por primera vez, los máximos responsables de las FARC-EP responden ante la justicia por su responsabilidad en al menos 21.396 secuestros, cometidos como parte de una política… pic.twitter.com/dvBjSlGc9l
