Defensoría advierte que comunidades afectadas por violencia en Guaviare no han accedido a atención humanitaria

La defensora del pueblo, Iris Marín, aseguró que los hechos de violencia que se han presentando en el Guaviare ya habían sido advertidos por su despacho en la primera alerta que emitió la Defensoría este año.

“Los hechos que se han presentado durante este año en el Guaviare son consumaciones de la alerta temprana 01 de 2025 que advirtió sobre la creciente disputa territorial entre las disidencias de la línea de Mordisco y las de Calarcá”, afirmó Marín.

Las autoridades confirmaron el hallazgo de una fosa común con los restos sin vida de ocho integrantes de dos concilios evangélicos quienes estaban desaparecidos desde abril, cuando fueron citados por las disidencias de las Farc.

La defensora recordó que la Fiscalía General de la Nación pidió reforzar las actividades en la zona para facilitar la recuperación de los cuerpos y enfatizó el llamado de la Defensoría del Pueblo a los grupos armados que delinquen en la zona, pidiéndoles garantizar el ingreso de ayuda humanitaria.

“Sigue pendiente el ingreso de atención humanitaria para las comunidades afectadas por los confinamientos, restricciones a la movilidad y el paro armado de hace unos días”, reclamó la defensora. Esa zona también se ha visto afectada por inundaciones, lo que agrava la emergencia en el departamento.

Marín también llamó la atención sobre la situación de los pueblos indígenas Nukak y Jiw que según esa entidad están siendo víctimas de un proceso de “extinción física y cultural” por causas como el desplazamiento, un escenario que afecta, principalmente, a las mujeres y niñas.

El caso de la fosa común hallada en el municipio de Calamar volvió a dejar en evidencia la influencia de las disidencias de las Farc. Según la Fiscalía General de la Nación, personas cercanas al círculo de alias Iván Mordisco fueron los que ordenaron la masacre, supuestamente para evitar la conformación de una célula del ELN.

“La indagación ha permitido establecer que el 4 de abril de 2025, dos de las víctimas fueron citadas por integrantes del mencionado grupo armado y, tres días después, también fueron llamadas las seis personas restantes, con el fin de ser ‘interrogadas’ sobre la posible presencia o creación de otro grupo delincuencial. Días después, las ocho personas habrían sido trasladadas a un predio abandonado”, se lee en el comunicado del ente acusador.