Defensoría del Pueblo presenta sus preocupaciones al Congreso por la reforma a la salud. Advierte que no es clara la sostenibilidad fiscal

A la Comisión Séptima del Senado llegó un concepto de la defensora del pueblo, Iris Marín, relacionado con la crisis de salud que se vive en Colombia y allí fijó su postura frente a la reforma que se está planteando y los problemas que tiene el sector.

En el documento quedaron plasmadas las preocupaciones que se tienen frente a la reforma a la salud que está a punto de iniciar su tercer debate y advierte que no es claro cómo se logrará la sostenibilidad fiscal de la iniciativa.

En el texto de 22 páginas y dirigido a la presidenta de la comisión, Nadia Blel, la defensora asegura que la propuesta hecha en la reforma debe tener claridad sobre el impacto fiscal.

“Sobre la sostenibilidad fiscal de la reforma. Como se dijo, no están claros los mecanismos que garantizan la sostenibilidad fiscal de la reforma y, por consiguiente, del derecho a la salud”, se indica.

En el documento se agrega: “En el proyecto de ley se prevea que el Departamento Nacional de Planeación deberá realizar un informe que cuente con un diagnóstico acerca del costo de la reforma propuesta y de la capacidad del Estado para asumirlo y con la identificación de los mecanismos, fuentes y esquemas de financiación para el funcionamiento del nuevo sistema”.

Para la Defensoría del Pueblo no es suficiente que el Ministerio de Hacienda haya dado un concepto diciendo que la reforma es compatible con el marco fiscal de mediano plazo. “La sostenibilidad del sistema de salud no depende únicamente de la existencia de recursos en términos generales. Los recursos del sistema deben ser oportunos, adecuados y suficientes”.

Además, quedó planteado que otro problema que podría tener la reforma a la salud está relacionado con el periodo de transición porque se podrían muchos más problemas en el sector. “Sobre el plan de transición. Existen dudas sobre si los dos años establecidos para la transición son suficientes para que el cambio se dé sin traumatismos. El plan de transición debe establecer los mecanismos para garantizar la eficacia de las reclamaciones, de las acciones de tutela y otros recursos para garantizar el derecho a la salud”, se lee en el documento.

Así mismo, alerta sobre el papel que tendrá la Adres con el manejo de recursos de la salud. “El presupuesto de salud en 2025 es de cerca de 100 billones de pesos y en los escenarios de la reforma, la Adres podría pasar a manejar más de 150 billones en 2034. En materia operativa, la reforma puede terminar siendo nociva para la garantía del derecho”.

Sobre las EPS se asegura que el papel que tendrán, si se aprueba la reforma, no está claro y que por eso se debe profundizarse este asunto a fin de que haya claridad absoluta. También se afirma que el tema de los medicamentos debe solucionarse por todo lo que está pasando actualmente en Colombia.

“Este mecanismo debe hacer seguimiento al asunto, reconociendo que, para abordar la compleja problemática del acceso a medicamentos y tecnologías médicas, es necesario alinear la oferta de medicamentos y el gasto con las necesidades, los resultados en salud y el cuidado del planeta”.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre el grave deterioro del sistema de salud en el país, tras un notable aumento en las quejas relacionadas con la calidad de la atención médica.

En los últimos dos años, las quejas por fallas en la prestación de servicios de salud han aumentado en un alarmante 75,7 %, lo que refleja un grave retroceso en el acceso y calidad de los servicios médicos esenciales para los colombianos.

1. Falta de oportunidad en la atención en medicina especializada. Las quejas en este ámbito pasaron de 4.262 en 2022 a 9.349 en 2024, lo que refleja un aumento significativo en la dificultad que enfrentan los colombianos para acceder a atención especializada en tiempos razonables.
2. Deficiencias en el acceso a otros servicios médicos esenciales. Este tipo de quejas también experimentó un incremento considerable, pasando de 4.607 en 2022 a 7.714 en 2024, lo que pone en evidencia los problemas de acceso a servicios médicos básicos y urgentes.
3. Retrasos en la entrega de medicamentos. Las quejas relacionadas con el suministro de medicamentos se duplicaron en los últimos dos años, al pasar de 2.123 quejas en 2022 a 5.284 en 2024. Este retraso en la entrega de medicinas cruciales afecta gravemente la salud de los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas.
4. Incumplimiento de tutelas y desacatos judiciales. Uno de los problemas más graves es el incumplimiento de las órdenes judiciales emitidas por tutelas, que han quedado sin efecto en múltiples ocasiones, dejando a los pacientes sin la atención que han solicitado a través de la vía legal.

“La crisis del sistema de salud ha alcanzado niveles críticos. No podemos permitir que los problemas de accesibilidad ahora se conviertan en problemas de disponibilidad. Con o sin reforma, se deben tomar medidas inmediatas para garantizar el derecho fundamental a la salud”, advirtió la defensora del Pueblo, Iris Marín.

En cuanto a las acciones urgentes, la Defensoría del Pueblo propone una serie de medidas para mitigar los problemas más graves que actualmente enfrenta el sistema de salud:

• Establecer Puestos de Mando Unificado en Salud, con capacidad resolutiva en las regiones priorizadas, para atender las situaciones más críticas.
• Garantizar la implementación del Auto 007-2025 de la Corte Constitucional, que declaró el incumplimiento general respecto de la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación. La Defensoría realizará seguimiento riguroso a su cumplimiento, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos del sector.
• Asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, lo que implica fortalecer la red de prestadores y agilizar la entrega de medicamentos.

“El Gobierno tiene el deber de fortalecer la red de prestadores y agilizar la entrega de medicamentos. Las entidades privadas, como EPS, IPS y farmacéuticas, deben resolver con urgencia los problemas de disponibilidad de servicios y medicamentos. La insuficiencia de recursos en dinero debe ser resuelta por un canal paralelo que no condicione la entrega de bienes y servicios de salud a la solución de las diferencias sobre la financiación de los mismos. Cualquier argumento basado en la falta de recursos es inadmisible. No se puede condicionar la salud de la gente a disputas sobre financiación”, afirmó la defensora.