Defensoría hace llamado al Congreso para aprobar jurisdicción agraria: miles de campesinos aún sin justicia especializada

La Defensoría del Pueblo instó este 22 de noviembre al Congreso de la República a adelantar de manera urgente los dos debates que restan para la aprobación del proyecto de ley que establece los procedimientos y competencias de la jurisdicción agraria y rural.

Según la entidad, la medida es clave para garantizar el acceso a una justicia especializada, cercana y eficaz para miles de campesinos, comunidades étnicas, víctimas y mujeres rurales en el país.

La jurisdicción agraria fue incluida en el Punto 1 del Acuerdo Final de Paz y elevada a rango constitucional mediante el Acto Legislativo 03 de 2023. La Corte Constitucional declaró que esta norma es ajustada a la Constitución en la Sentencia C-340 de 2025.

A pesar de esto, su funcionamiento efectivo depende de que el Congreso apruebe el Proyecto de Ley 183 de 2024 en el Senado y el 398 de 2024 en la Cámara, que definen los procedimientos y competencias de la jurisdicción agraria y rural.

La Defensoría señaló que hoy las poblaciones rurales enfrentan dificultades para acceder a la justicia. Entre los problemas están los largos desplazamientos hasta los juzgados, los costos elevados, la ausencia de acompañamiento jurídico suficiente y las barreras para acreditar pruebas.

La entidad también alertó sobre la brecha de género en el campo. Las mujeres rurales poseen solo el 30 % de la propiedad de la tierra y tienen acceso al 4 % del crédito agrario. “Esta situación limita la posibilidad de que puedan resolver conflictos sobre tierras, cultivos o decisiones administrativas agrarias”, indicó el pronunciamiento.

El país ya cuenta con la estructura inicial para poner en marcha la jurisdicción. El Consejo Superior de la Judicatura creó el Tribunal Agrario y Rural de Tunja y designó juzgados en Cartagena, Quibdó, Popayán, Villavicencio y Tunja. Algunas de estas ciudades están en territorios PDET y presentan alta conflictividad agraria.

La Defensoría señaló que la aprobación del proyecto de ley permitirá que estos tribunales comiencen a operar y que la justicia agraria sea efectiva en los territorios. “La creación de esta jurisdicción en un acto de justicia con el campo y una condición indispensable para el #BuenFuturoHoy en las zonas rurales de Colombia”, señaló el pronunciamiento.

En el texto también se destaca que la jurisdicción agraria facilitará la resolución de conflictos sobre tierras, propiedad, linderos, ocupación, cultivos, pesca y decisiones administrativas agrarias. Según la Defensoría, hoy estos procesos enfrentan retrasos y barreras que afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables.

Con esta medida, el Gobierno busca cerrar brechas históricas y garantizar derechos a las comunidades rurales, aunque todavía depende de la aprobación legislativa para que los tribunales empiecen a funcionar. La entidad insistió en que los dos debates pendientes son urgentes para dar cumplimiento al marco constitucional y legal.